Argentina es el único país de América Latina cuya constitución no encomienda a un órgano particular la organización de las elecciones. Fue la Ley General de Elecciones Nº 8871 – la Ley Sáenz Peña - la que encomendó a la Justicia Federal la confección de los padrones y la realización de la elección, al Correo Oficial la logística y al Ministerio del Interior la provisión de los medios para realizarlas. Todas las leyes posteriores fueron, en este sentido y hasta la fecha variaciones sobre los mismos temas.
Sin embargo, en los 105 años transcurridos desde la primera elección nacional con esta legislación al presente, y mas aún en los últimos 20 años, se han operado grandes transformaciones en lo que hace a la operación electoral que han apuntado a modernizar su gestión, brindar garantías y satisfacer necesidades crecientes de una sociedad que requiere transparencia como reaseguro de la legitimidad. Y ello es correcto, la elección es el patrimonio común de los argentinos y en su integridad reposa que lo siga siendo.
Reiteradamente desde la Justicia Nacional Electoral se ha señalado que no se han registrado en elecciones a cargos federales (Presidente, senadores y diputados) casos de fraude electoral. El fraude, debemos señalar, es resultado de las maniobras destinadas a alterar los resultados en una escala capaz de producir efectos electorales.
Toda la organización electoral, la ley, la Justicia y las capacidades de control de los partidos políticos están encaminadas a dificultar, detectar y exponer cualquier conducta en este sentido, y eso es lo correcto.
Hay muchas mejoras para realizar a nuestra forma de hacer elecciones, como la incorporación de algún tipo de boleta única de votación que garantiza la totalidad de la oferta electoral, sin embargo tenemos niveles de seguridad electoral que impiden la manipulación de resultados.
Sin embargo existe una creciente preocupación por lo que expertos de renombre como el mexicano Gerardo de Icaza denominan “la narrativa del fraude” o lo que denuncia nuestro compatriota Daniel Zovatto cuando dice “fraude es denunciar un fraude inexistente”. Es que en los últimos años, candidatos que avizoran una performance insuficiente respecto de sus expectativas han recurrido a sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones en las que participan. Donald Trump es el epítome de esta conducta pero hay ejemplos en todas las latitudes y también, en otra escala, en nuestro país.
"Hacer fraude no es simple. Pocos países occidentales tienen problemas de esta naturaleza"
Hacer fraude no es simple. Pocos países occidentales tienen problemas de esta naturaleza. Fuera de la reciente farsa de Nicaragua o los resultados cuestionados por la propia empresa que organizó las elecciones de 2017 en Venezuela, el último caso en el que la Justicia anuló una elección por casos de fraude fue el de Austria en las elecciones del 22 de mayo de 2016.
Pero no alcanzan las afirmaciones, considero que, con los datos recientes es conveniente repasar la magnitud de la organización electoral para conocer sus fortalezas.
Las elecciones se llevan a cabo en nuestro territorio, el octavo en magnitud a nivel mundial, cuya extensión de Norte a Sur es de 3694 kilómetros -231 mas que la que separa Madrid de Moscú - y entre los extremos occidental y oriental de 1408 km - 65 menos que la que separa Roma de Londres-.
En estos 2.780.000 kilómetros cuadrados funcionaron este domingo 101.457 mesas electorales Nacionales en 17.092 lugares de votación (y 1954 mesas adicionales en 463 locales para extranjeros residentes con derecho a votar en elecciones locales), donde estaban habilitados para votar 34.322.992 electores.
Si las dimensiones hablan por sí mismas, ello requiere de cantidad de personas comprometidas en el operativo. 203.000 autoridades de mesa, mas de 400.000 fiscales partidarios, 17.100 delegados judiciales, 80.000 efectivos de seguridad, 60.000 agentes permanentes o contratados del Correo, mas de 1100 operadores informáticos.
Párrafo aparte merecen las medidas adoptadas por la Justicia Electoral para controlar el despliegue y, especialmente, el repliegue de urnas y documentos que contienen los votos y los resultados. Los desplazamientos de los aproximadamente 8000 vehículos del Correo afectados a la logística electoral, son monitoreados y la distribución de los documentos y elementos sensibles tienen trazabilidad. O sea, se incorporaron medios tecnológicos para detectar desvíos de las rutas, demoras en el transporte o cualquier discrepancia entre los planes de despliegue y las rutas efectivamente transitadas.
Respecto de los telegramas con los resultados preliminares, los cambios fueron mas revolucionarios. En los inicios de la democracia se transmitían los resultados por teléfono y se iban consolidando regionalmente; posteriormente se incorporó el fax y luego, lo reemplazamos por escáneres que transmitían telegramas desde sucursales del Correo hacia los lugares donde se cargaban en los sistemas informáticos.
Pero el cambio mas radical consiste en la digitalización de telegramas en los establecimientos de votación, reglamentada en 2017 por la Cámara Nacional Electoral, implementada a partir de 2019 y sostenida por la actual administración.
El pasado domingo 86.605 telegramas provenientes de 11.318 locales fueron escaneados, encriptados y transmitidos digitalmente hacia el Correo para su computo y difusión. Los restantes 17.806 telegramas fueron recogidos en las mesas instaladas en 6233 locales sin conexión electrónica y trasladados hasta sucursales electorales digitales desde donde se escanearon y transmitieron al Correo.
La transmisión que se hace tanto desde los locales de comicios como de las sucursales digitales se hace en forma electrónica y es trazable de inicio a fin. Ya no se imprimen telegramas y, consecuentemente, su contenido no es físicamente alterable.
Las imágenes con los resultados se distribuyen entre mas de 1100 operadores de data entry en la sede central de Correo en Barracas y en Monte Grande (Pcia. de Buenos Aires), de forma que cada telegrama que llega sea distribuido en forma aleatoria para ser cargado por dos operadores diferentes. Ambas cargas se comparan y en caso de coincidencia se procesan para su difusión. Si hubiera una disparidad entre ellas, se pasan a una revisión. El último domingo se digitaron dos veces 104.345 telegramas y fueron revisados en tercera digitación 20.186 de ellos.
Todas estas operaciones son supervisadas por fiscales informáticos partidarios que tienen acceso al seguimiento de cada etapa del proceso descripto.
La performance del sistema de transmisión y procesamiento del último domingo ha sido muy exitosa. Las mesas electorales cerraron a las 18:00hs. El primer telegrama se recibió a las 18:23. El 10% de los telegramas están procesados a las 19:13 hs. A las 20:00 hs. se superó el 50% y a las 21:00 hs. en que el Ministro del Interior habilitó la difusión, estaban publicados 86.095 telegramas, o sea el 82,45%. A las 21:40 se alcanzo el 90% y el 95% se alcanzó a las 22:22.
Atrás quedaron las largas noches electorales donde la espera daba lugar a sospechas de manipulación. Al fraude se lo evita con un diseño conceptual adecuado, instancias de control y tecnologías de procesamiento y seguridad de la información.
Hasta hace poco mas de una década, había cierta contradicción entre celeridad y seguridad. Las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al proceso electoral han modificado este criterio. En la actualidad celeridad informativa es transparencia.
Si se cuenta con la participación de empresas de clase mundial como las contratadas por el Estado Nacional, las tecnologías son un recurso irremplazable para asegurar condiciones de seguridad, integridad y confiabilidad electoral, imposibilitando cualquier intento de alteración de resultados o también, desarticulando los discursos que apuntan a manipular la información sobre la legitimidad electoral.
