30|11|2021

La Justicia le dio la razón a Enrico contra el "zar del juego clandestino"

19 de octubre de 2021

19 de octubre de 2021

El legislador santafesino había sido acusado por Peiti de estar involucrado en el pago de sobornos. Desmentida de los fiscales.

La Justicia santafesina le dio la razón al senador provincial Lisandro Enrico y aclaró que el legislador radical del departamento General López no se encuentra bajo investigación en ninguna causa, tal como lo había acusado el abogado de Leonardo Peiti, a quien se lo conoce como el "zar del juego clandestino" en Santa Fe.

 

Peiti, preso acusado de liderar una red de juego clandestino en Santa Fe, habría involucrado a Enrico y otros senadores provinciales como supuestos beneficiarios del pago de sobornos para beneficiarlo en un negocio ilegal de juego on line. Tal declaración se enmarca dentro de la Ley 27.304 del imputado arrepentido, que prevé beneficios como el descuento de pena por aprotar información valiosa para la investigación.

 

Ante tal acusación, Enrico recurrió a la Justicia  para que se aclarara su situación. Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Luis Schiappapietra y Matías Edery afirmaron en un escrito que el legislador no se encuentra bajo investigación en ninguna de las causas mencionadas.

 

“Atento la preocupación razonable puesta de manifiesto por usted le hacemos saber que conforme la evidencia expuesta y la que ha tomado carácter público, usted no se encuentra sujeto a investigación por los suscriptos”, dice el texto.

 

En la nota presentada por Enrico ante el MPA, el senador expresó que de ser necesario él renunciaría a los fueros que le otorga la Constitución de Santa Fe.“Finalmente, sobre la puesta a disposición de su desafuero le hacemos saber que a la fecha no contamos con evidencia ni cursos investigativos que así lo requieran”, manifestaron los fiscales y agregaron: “Asimismo no queremos dejar de destacar que valoramos su ejemplar conducta, la cual evidentemente reviste un alto contenido cívico y se evidencia respetuosa de quienes ejercemos funciones públicas en el marco de las investigaciones penales contribuyendo de gran forma a una cordial relación entre los poderes del estado de derecho”.