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Sarmiento y Messi en el día del Maestro

Crecer económicamente y educar a las generaciones futuras son dos dimensiones que van de la mano. Por eso, es necesario definir nuevos consensos.

Sarmiento y Messi en el día del Maestro

11/09/2020 8:54

 

Entre 2005 y 2010, se impuso en Argentina el plexo normativo más significativo en materia educativa de su historia reciente, solo comparable con la sanción de la ley 1420 en el siglo XIX. La mayoría de estas iniciativas tuvieron un fuerte consenso político y se sancionaron por unanimidad en el Congreso Nacional. Estas leyes fueron la de Financiamiento Educativo (27.075), por la que se estableció la inversión del 6% del PBI como meta a alcanzar en 2010, desde un promedio histórico de 4 %; la Ley Nacional de Educación (26.206), por la cual se estableció la obligatoriedad de la secundaria, y la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), por la cual se creo el INET, con presupuesto propio, asignado para el reequipamiento y la renovación tecnológica  de la modalidad en todo el pais.

Acompañaron a estas normas la creación del INFD, que impulsó la transformación de la formación docente, que pasó de tres a cuatro años el curriculum docente; el fuerte impulso a la televisión educativa a través del Canal Encuentro, y, desde 2011, el desarrollo del Programa Conectar Igualdad, inspirado en las recomendaciones de la UNESCO y las cumbres internacionales de Ginebra y Túnez, que tuvieron a Nicholas Negroponte, del MIT, como su promotor global. Similar al plan Ceibal uruguayo, el Estado argentino distribuyó más de tres millones de notebooks a estudiantes secundarios y de formación docente, más un amplio sistema de capacitación a través del portal Educ.ar, que había sido creado durante la gestión De La Rua. 

En el marco de desarrollo del programa AUH, rapidamente se vio incrementada la matrícula escolar. Evaluaciones realizadas por el sistema universitario en 2013 consignaron este aumento en un 20%. Del mismo modo, creció la matrícula secundaria, que, por la obligatoriedad, presentó de inmediato el problema de la infraestructura escolar. Muchos establecimientos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tuvieron que desdoblar sus espacios para poder contener la nueva demanda. En ese aspecto, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó el programa de infraestructura escolar, el Plan 700, por el cual se construyeron establecimientos escolares en todo el país. Las primeras escuelas se inaguraron en 2007. 

 

 

EVALUACIÓN, CIENCIA Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA. En este proceso, Argentina ingresó a las evaluaciones internacionales (PISA, TERCE) que otorgaron por primera vez datos fidedignos sobre los aprendizajes. Así se generaron debates importantes sobre el funcionamiento del sistema y la agenda educativa ingresó a la arena política. Paralelamente, las políticas educativas incluyeron en esa agenda al sistema universitario y la producción científica. Entre 2005 y 2015 se crearon 18 universidades nacionales, muchas de ellas en el territorio bonaerense, y la matrícula universitaria creció de un modo significativo: más del 38% en menos de cinco años.  

Entre 2005 y 2010 se advirtió un marcado esfuerzo por diseñar una política educativa nacional que había estado vacante durante décadas en el país.

En ese contexto nace la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, que en octubre de 2015 se convirtió en universidad nacional, siendo la única en su tipo en el territorio argentino. Por supuesto que mencionar todas estas acciones no agota el diagnóstico sobre la educación argentina durante  ese período, pero refleja, claramente, un marcado esfuerzo por diseñar una política educativa nacional que había estado vacante durante décadas en el país. La repatriación de científicos, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el impulso al programa de cooperación científico-tecnológica entre el sector público y el privado, marcaron positivamente la etapa. 

Entre los déficits que se pueden mencionar, está, por un lado, una significativa conflictividad producida por la puja salarial, en particular en la provincia de Buenos Aires; las problemáticas específicas que generó la obligatoriedad del nivel secundario sin reformas curriculares que modificaran el concepto mesocrático de la enseñanza media; la falta de vacantes en el nivel inicial (en algunos distritos, la mitad la matrícula de ese nivel se incorporó al sistema privado) y un déficit de infraestructura escolar en dos dimensiones: el mantenimiento de los edificios existentes, muchos de ellos con una falta crónica de inversión, y, por otro lado, la ausencia de ofertas educativas en los nuevos asentamimentos urbanos, producto de la migración de las poblaciones en las ciudades medianas y grandes hacia las periferias. 

Por supuesto, el pasaje de una cultura analógica a una digital se produce significativamente en este período (la primera conexión a Internet se realiza en 1990). Uno de los últimos informes de la Unesco, elaborado por Juan Carlos Tedesco, establecía que sólo la  mitad de los hogares tenía acceso a Internet.

Durante el gobierno del presidente Mauricio Macri no se sancionó ni se trató ninguna ley educativa ni se impulsaron debates específicos sobre la materia.

En el marco del cambio de gobierno en 2015, la nueva administración asume con dos definiciones. Los ingresos docentes son responsabiliad de las provincias (eliminación de la mesa de concertación nacional que establecía la LNE como marco general de los acuerdos jurisdiccionales) y el renovado esfuerzo por las evaluaciomes nacionales del sistema. 

Durante el gobierno del presidente Mauricio Macri no se sancionó ni se trató ninguna ley educativa ni se impulsaron debates específicos sobre la materia. Solo por la negativa, se puede considerar la baja del Programa Conectar Igualdad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se destacan dos iniciativas. El Censo de Infraestrucura Escolar, realizado en 2017, según el cual el 75% de las escuelas presentaban algún déficit (techos con goteras, problemas de instalaciones eléctricas o de gas, falta de aulas o espacios, etc.) y la modificación del sistema de licencias médicas, con el cual se logró reducir las ausencias injustificadas y se denunciaron escuelas fantasmas y docentes que cobraban sin trabajar.  

No se puede pasar por alto que durante esta última etapa la educación fue foco de conflictos en los que se puso en evidencia la reducción presupuestaria. Según el último informe del CIPPEC (2020), Argentina invertía en 2005 cuatro puntos de su PBI en educación. En 2009, alcanzó  seis puntos, como establecía la LFN y la LNE. Entre 2010 y 2014, promedió los 5,7; recuperó los seis puntos en 2015 y volvió a descender hasta el 4,8% en 2019. También durante esta última etapa, la participación del gobierno nacional en la inversión educativa baja, transfiriéndose a las provincias el faltante de la inversión. 

 

 

¿QUÉ HACEMOS AHORA? Cuando en el Siglo XIX se sanciona la ley 1420, Sarmiento pensó la escuela como un engranaje dentro de un modelo de país. Concomitante con esta política pública, se desarrolló un fuerte proceso migratorio y la expansión de los ferrocarriles. Así se consolidaba un modelo agroexportador para todo el territorio argentino. El problema es que aquel modelo de desarrollo, más allá del debate historiográfico, ya no tiene vigencia. Los paises hoy crecen produciendo, invirtiendo en tecnología, exportando valor agregado y no sólo materias primas. 

Crecer económicamente y educar a las generaciones futuras son dos dimensiones que van de la mano. Para eso, no hay duda de que tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas, las de la educación como las de la economía. Y tenemos que definir algunos consensos. 

¿Sobre qué bases diseñar un sistema educativo del siglo XXI que se corresponda con estas demandas? Primero debemos definir claramente, si en realidad, aquella responsabilidad que le achacamos a la escuela, en verdad no le corresponde a la sociedad. Todas las evaluaciones internacionales (TERCE, PISA, etc.) en las que Argentina participa indican que la variable determinante en los aprendizajes es la socioeconómica. Con más del 50% de los niños pobres, la escuela hace todo lo que puede y más. ¿Debemos resignarnos? No. Crecer económicamente y educar a las generaciones futuras son dos dimensiones que van de la mano. Para eso, no hay duda de que tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas, las de la educación como las de la economía. Y tenemos que definir algunos consensos. 

En primer término, empoderar al sistema a partir de nuestro capital más preciado: las universidades nacionales, que deberán definir la formación docente. El segundo eje es la tecnología: inversión de punta que vaya desde la conectividad hasta los equipamientos. Los niños que hoy ingresan a la sala de cuatro en el jardín egresarán en 2035. No hay nada más que decir. El tercer factor es darles presupuesto a las ciudades, descentralizando los recursos para la planificación educativa por distrito. 

Cuando Sarmiento pensó el sistema, le dio mucha importancia a los niveles locales de participación. Infraestructura, vacantes y modalidades deberían ser instancias de competencia local, en la que los ciudadanos premien y castiguen con su voto. Por último, necesitamos un sistema nacional de evaluación de la educación básica que acredite y haga el seguimiento de las escuelas. Masividad y calidad van de la mano. Argentina ha sacado algunos genios del fútbol porque, en cada casa, lo primero que ven los niños es una pelota. De ese inmenso caudal de niños y niñas jugando, cada 10 o 15 años nace un Messi. Si hacemos estas reformas, también podría nacer un Sarmiento.