22|1|2021

El próximo desafío del gobierno de Fernández en el frente externo radica en la negociación de los US$ 44.000 millones con el FMI.

 

El 10 de diciembre el gobierno argentino inició un proceso de negociación con el fin de restaurar la sostenibilidad de la deuda con acreedores privados bajo ley extranjera. Durante los meses sucesivos se encararon intensas negociaciones orientadas a dejar atrás el default virtual provocado durante la gestión de Cambiemos y de esa manera descomprimir el frente externo, de manera tal de poder derivar recursos necesarios para recuperar la senda de crecimiento en el corto plazo. 

 

Sobre la base de los criterios de restaurar la sostenibilidad, esto es redefinir los compromisos de manera tal que éstos puedan ser cumplidos, y dar tratamiento equitativo a las deudas emitidas en moneda extranjera bajo ley extranjera y aquellas emitidas en moneda extranjera bajo la ley argentina, aspecto fundamental para poder desarrollar instrumentos de financiamiento bajo propia ley y moneda, se llevó a cabo la oferta de reestructuración que el día 31 de agosto fue oficializada como aceptada por los acreedores y cuyo nivel de aceptación ascendió a 93,5% de los mismos (lo que implicaría que el 99% de la deuda publica en moneda extranjera y bajo ley extranjera ya ha quedado restructurada).

 

Dada la importancia histórica del acuerdo, en una economía con persistentes crisis en el sector externo y en un contexto adverso producido por la pandemia COVID-19, conviene señalar los principales aspectos del mismo.  

 

La deuda reestructurada asciende a aproximadamente US$ 68.800 millones de stock de capital en lo referido a deuda de ley extranjera, según el decreto 250/2020. Asimismo, Argentina tendrá un alivio de la deuda durante la próxima década de US$ 37.700 millones y una considerable baja en la tasa de interés promedio del 7% al 3,07% permitiendo un alivio mayor en los primeros 5 a 10 años. Situación que habilitaría a tener un horizonte financiero favorable para implementar políticas públicas orientadas a la recuperación de la economía y a establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido. 

 

 

 

Esta situación favorable está relacionada al ahorro de dólares y también de pesos durante los primeros años. Por un lado, el acuerdo permite despejar vencimientos, si entre 2020 y 2024 vencían nada más y nada menos que US$ 63.664 millones por todo concepto, se pagarán sólo US$ 6.116 millones aproximadamente. Por otro lado, se descomprime la demanda de dólares (importantísimo en una economía atravesada por la recurrente restricción externa), y por último, permite liberar ingentes recursos fiscales para atender los efectos de la pandemia y para recuperar el consumo y la producción, y con ello el crecimiento económico. 

 

Si atendemos a los intereses  de las partes involucradas en la negociación podemos afirmar que el gobierno argentino a ha encarado una negociación sumamente exitosa. Al respecto, los acreedores redujeron su oferta 70%, mientras que argentina la mejoró 35%. Los bonistas arrancaron ofreciendo un acuerdo por US$ 92 de valor Presente Neto por cada US$ 100 de valor original de cada título. En febrero los acreedores ya ofrecían U$S 75. En la primera oferta del Gobierno argentino, en abril de 2020, se propuso pagar U$S 40 y los bonistas allí contraofertaron US$ 65. En la propuesta argentina del 5 de julio Martín Guzmán ofreció US$ 53 por título. Finalmente, el acuerdo se cerró entre US$ 54 y US$ 55, a US$ 54,8. Asimismo, Argentina logró imponer su “curva aplanada” de vencimientos y comprar tiempo en los próximos 5 años.

 

¿Qué cambia el acuerdo en la vida de las y los argentinos? En primer lugar, se podría esperar un relajamiento de las tensiones cambiarias por un tiempo. A la vez que se gana margen fiscal para financiar transferencias a sectores populares (ATP, IFE, Jubilaciones, etc.), y por último, permitiría un eventual acceso al crédito internacional en el mediano plazo podría abaratar la financiación de las empresas en un contexto de pandemia.

 

Sin embargo, el acuerdo no finaliza la discusión de la deuda, debido a que el mismo está fuertemente atado al crecimiento económico en los próximos años. Si la economía argentina logra recuperarse hasta 2024, entonces ese mismo proceso habrá generado una buena porción de los recursos fiscales y de los dólares necesarios para afrontar las acreencias que vendrán por delante. En cambio, si la economía presenta un derrotero similar al del período 2015/19, con una retracción de casi 5%, entonces nos encaminaremos hacia un nuevo canje en peores condiciones que las actuales.

 

El próximo desafío en el frente externo radica en la negociación de los US$ 44.000 millones con el FMI que desde el Gobierno se prevé enviar al Congreso Nacional para su aprobación por el Poder Legislativo. Las claves de la futura negociación giran en torno al rol asumido por el FMI en el préstamo  bajo el gobierno de Cambiemos, otorgando el crédito más grande de su historia a un país que no tenía las condiciones para repagarlo e imponiendo un plan económico que no solo no cumplió con sus metas (crecer y volver a los mercados) sino que empeoró la crítica situación previa. Y que posteriormente fue el mismo organismo  que declaró a esta deuda como  insostenible.

 

Conviene señalar que los organismos multilaterales (prestamistas de última instancia) no hacen reestructuración, sino que ofrecen el ingreso a nuevos programas de financiamiento con supervisión macroeconómica incluida. Los mismos vienen acompañados de una serie de condicionalidades y planes de austeridad. ¿SERÁ LA PANDEMIA UNA EXCEPCIÓN A ESTA MÁXIMA? Podría dejarse la puerta abierta para que esta situación inédita permita revisar tradicionales recetas fallidas.