Con todos los plazos vencidos, la empresa Correo Argentino, perteneciente a la familia Macri, ya recibió el primero de los pedidos de quiebra de un concurso judicial que estuvo abierto durante 18 años y podría finalizar con la empresa insignia del servicio postal argentino. Tras 20 años de espera en un litigio judicial con sentencia firme, una familia de La Plata pidió la quiebra de la empresa. Se da en el marco de un juicio laboral con sentencia firme que hizo solidariamente responsable a dos empresas del expresidente Mauricio Macri, controlantes del servicio postal nacional, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
La presentación fue realizada este viernes 21 de agosto en el expediente “Correo Argentino S.A. S/Concurso Preventivo” -Expte.94360/2001- de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 6 a cargo de Marta Cirulli, sito en Avenida Roque Saenz Peña 1211, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El último plazo para intentar salvar a la empresa (técnicamente cram down) venció este viernes a las 9:30.
El planteo es impulsado por el abogado Faustino López, en representación de una familia con domicilio en la localidad platense de Villa Elisa. En 1998, un trabajador de Correo Argentino murió camino al trabajo. Se trata de un accidente laboral in itinere (en camino, en trayecto a tomar su puesto laboral), una figura legal que protege a los trabajadores en el marco de accidentes en el marco de su desempeño laboral.
El accidente se produjo el 7 de febrero de 1998. Desde entonces, la familia del trabajador fallecido (esposa e hijos) espera la indemnización. Es un juicio laboral habitual que fue rechazado por el grupo de empresarios aliados al macrismo en tiempos de Juntos por el Cambio al mando del Estado nacional. En una de sus conferencias de prensa, el exmandatario habló de “mafia judicial laboral” y apuntó contra los abogados y abogadas laboralistas que defienden trabajadores y trabajadoras. También apuntaron a magistrados que hacían valer esos derechos y los consagraban en sentencias.
“Se trata de un rédito laboral originado en un accidente de trabajo in itinere que le causara la muerte a un trabajador, luego de más de veintitrés años del fallecimiento, de sus derechos habientes al vencerse el plazo de cinco días establecido en la ley de Concursos y Quiebras sin que se presentara ninguna propuesta de compra de la empresa concursada, la esposa e hijos como acreedores del crédito laboral de acuerdo con el artículo 80 de la ley de Concursos y Quiebras solicitan se declare la quiebra del Correo Argentino”, detalló el letrado a Letra P.
El plazo de cinco días establecido para el denominado “cram down” o “salvataje de la empresa” venció formalmente este jueves 20 de agosto -aunque por usos y costumbre se extiende hasta las primeras dos horas de la jornada siguiente-, al no haber presentado ninguna propuesta para darle continuidad a la empresa o al no haberse presentado ninguna persona física o jurídica a adquirir la sociedad concursada, la familia solicita que se decrete la quiebra de la empresa que está en litigio entre el expresidente Macri y el Estado argentino.
“De esta manera, poniendo fin a un interminable concurso, mediante el pedido de quiebra de estos acreedores laborales y decretada la quiebra se podrán liquidar todos los bienes y podrán cobrar todos los acreedores, entre los que obviamente están los derecho-habientes del mencionado trabajador que a más de 23 años del fallecimiento aún no cobraron la indemnización”, explicó el letrado, quien resaltó que si los bienes de la empresa Correo no alcanzan para cubrir el pasivo y abonar a todos los acreedores, “sin perjuicio de la responsabilidad de los representantes y/o administradores y/o terceros que realizaron actos para disminuir los activos (entre los que se encuentran grandes estudios jurídicos que facturaban considerables sumas de honorarios cuando la empresa estaba inactiva), luego de decretada la quiebra de Correo se puede solicitar la extensión de la quiebra de las empresas Sideco Amerciana S.A. y Socma Americana S.A., accionistas y controlantes del Correo Argentino S.A., como también de las controlantes de las mencionadas empresas”, es decir, que el pago de las indemnizaciones y acreedores deberá ser enfrentado por el grupo económico que encabeza el expresidente Macri.
CRÓNICA DE UN NAUFRAGIO. El Correo de los Macri inició el concurso en septiembre de 2001 ante el Juzgado Comercial N°9. Tenía la concesión del servicio postal oficial y había acumulado una deuda derivada principalmente de la financiación de sus inversiones y por cánones atrasados adeudados al Estado. Le reprochaba al Estado incumplimientos en las obligaciones, lo que había anulado la renta del negocio. En 2003, el Estado le quitó su concesión y no aceptó el acuerdo en el marco del concurso. Allí se decretó su primera quiebra, sin habilitar la instancia de “cram down”. En una escandalosa audiencia, el 28 de junio de 2016, la fiscal Gabriela Boquín denunció un acuerdo “abusivo” y perjudicial para el Estado que se transformó en una investigación penal contra Macri, sus funcionarios y los representantes de la empresa de su familia, según se detalla en un amplio informe publicado este viernes por Ámbito Financiero.
El acuerdo prorrateaba a bajo interés el pago de la deuda durante los siguientes 17 años (a los que debían calcularse los 16 años pasados, a esa fecha) y considerando los $ 293 millones a valores de 2001, implicaban una quita del 98,82%. Solo iban a pagar menos del 2% de lo que debían.
Ahora, se abre paso a que se demande a las empresas controlantes a las que se les podrían iniciar acciones de responsabilidad y extensión de la quiebra, según la Ley de Concursos y Quiebras. El reclamo sería superior al del acuerdo de 2016. Una particularidad: los Macri alegan poseer bienes que fueron incautados cuando se les quitó la concesión. El “foja cero” al que se aludió cuando el tema causó un escándalo político para Cambiemos nunca reveló que la jurisprudencia comercial prevé que no es posible aceptar un acuerdo que no esté en torno al 40% de la deuda, “a valores actuales”.
Como si todo este complejo entramado no alcanzara, subsiste otra duda: también hubo irregularidades en los votos de los dos tercios de acreedores del Correo que son privados. Toda esta trama puede quedar expuesta. La causa penal radicada en Comodoro Py tiene el ritmo del concurso: hace más de un año el juez Ariel Lijo quedó en condiciones de definir si procesa al exministro Oscar Aguad. Justamente este viernes, se cumple un año desde que la Cámara Federal rechazó los últimos recursos de las defensas.
