Los datos oficiales son alarmantes: entre febrero y julio se perdieron unos 224 mil puestos de trabajo formales, principalmente a causa de la pandemia de coronavirus. En ese escenario, quienes logran acceder al puñado de empleos registrados que se crearon en el mismo período se encuentran con una situación insólita que los deja sin cobertura de salud, en un momento de crisis sanitaria.
El problema surge porque la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), a cargo de Eugenio Zanarini, un hombre del ministro de Salud, Ginés González García, se encuentra virtualmente paralizada. A diferencia de otros organismo públicos, la "súper" -así la conocen en el sector- permaneció cerrada hasta fines de junio, cuando debió abrir sus puertas, principalmente por la presión gremial que veía como sus obras sociales se encaminaban indefectiblemente a la bancarrota por la parálisis del organismo que las regula.
La peor parte se la llevan los trabajadores que consiguieron trabajo formal o fueron efectivizados durante los meses de pandemia, que no consiguen activar sus seguros de salud a causa del parate. Según el proceso administrativo, una vez dados de alta, los empleados quedan encuadrados en la obra social del gremio en el que se desempeñan, pero tienen la posibilidad de elegir otra prestadora que ofrezca mejores servicios mediante la "opción de cambios", que no estuvo disponible durante casi cuatro meses. Una vez notificada, la obra social debe girar los pedidos a la Superintendencia para la habilitación final, algo que no sucede hace meses y promete seguir demorado.
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Recién en agosto, la SSS retomó parcialmente la atención, empezando a tramitar los expedientes abiertos antes de la pandemia de forma escalonada, lo que hace prever que quedan, por lo menos, varias semanas por delante hasta que se empiece a normalizar su funcionamiento.
El organismo, codiciado por las principales organizaciones gremiales del país, fue motivo de la primera controversia entre el Gobierno y la CGT, apenas asumido el gobierno del Frente de Todos. Los sindicalistas aspiraban a colocar al frente de la SSS a David Arauchan, especialista sanitario y titular de la prestadora de salud de UPCN, como forma de garantizar su presencia en una oficina central para el destino de las obras sociales.
Cuando todo parecía resuelto, González García dio un giro y colocó al frente a Zanarini, un especialista de su extrema confianza.
Ese movimiento y la falta de devolución de los recursos que desembolsan las obras sociales sindicales para tratamientos de alta complejidad, son un motivo de tensión recurrente entre la CGT y el Ejecutivo.