El Congreso de Chile se prepara para aprobar una reforma constitucional histórica que permitirá el retiro anticipado del 10% de los montos acumulados en las cuentas individuales de jubilación privada, manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La crisis económica generada por la pandemia obliga a tomar una medida drástica e impensada hasta hace pocos años, que le provoca un serio problema político al presidente Sebastián Piñera. El modelo argentino, que supuso la estatización de las AFJP en 2008, representa un antecedente, pero, por ahora, resulta lejano y complejo para la realidad chilena.
Al principio de la pandemia, Chile priorizó la economía y solo impuso confinamientos focalizados. Sin embargo, el modelo no funcionó y, cuando el gobierno debió retroceder ordenando una cuarentena general en varias ciudades, incluida la zona metropolitana de Santiago, ya era demasiado tarde. El impacto sanitario, con más de 330.000 casos confirmados de covid-19 –es el octavo país con más contagios del mundo– y más de 8.600 muertos, y el revés económico, con una contracción anual del 7,9% proyectada por la CEPAL y un desempleo del 11,2% –el más alto en una década– obligan a pensar planes de contingencia. La oposición le ganó la pulseada al debilitado gobierno al promover una modificación del sistema jubilatorio.
La explosión de los casos de covid-19 deterioró la situación económica y miles de chilenos salieron a protestar en mayo, lo que incluyó hechos de violencia.
En Argentina perdura el recuerdo de la privatización del sistema previsional a manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). También se recuerda su reestatización en 2008 bajo el plan de quien era en aquel momento titular del ANSES, Amado Boudou. En Chile solo se recuerda la privatización de 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet, por iniciativa de su entonces ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera, hermano del actual presidente. Desde aquel entonces el sistema ha estado en manos de seis administradoras privadas.
El modelo chileno es similar al que existió en la Argentina. Se basa en la capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras que, durante su vida laboral, están obligados a cotizar en alguna de las administradoras para recibir, cuando se jubilan, su paga correspondiente a través de esas empresas, que cobran una comisión por el trabajo financiero realizado. De esta manera, aquellos quedan expuestos a las idas y vueltas del mercado porque las pensiones dependen del ahorro invertido a través de los años.
Una de las autoras del proyecto de reforma constitucional, la diputada por la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, explicó en diálogo con Letra P que se intenta modificar el sistema privado para mitigar la crisis. Según ella, “las pensiones son la deuda más importante que tiene el Estado con la sociedad” y el país, en lugar de tener un sistema de seguridad social, tiene “un sistema de ahorro obligatorio que depende de los vaivenes del mercado”.
La privatización del sistema jubilatorio es uno de los pilares del modelo liberal chileno. La dictadura también privatizó el agua, la educación y la salud, pero las jubilaciones son el núcleo porque en base a ello se generó el mercado de capitales local y se reguló el de trabajo y la seguridad social. Es un modelo que representa más beneficios para las administradoras privadas y los grandes grupos económicos que para los jubilados y jubiladas. Según el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) en 2016 el sistema recaudó más del doble de lo que pagó y, de acuerdo con la Fundación Sol, cerca del 80% de las actuales pensiones son menores al salario mínimo.
“Este sistema no sirve porque no da garantías de una pensión digna. Solo ayuda a financiar el sistema de las grandes empresas y los bancos”, denunció Sepúlveda. La diputada afirmó que la batalla de fondo es por terminar con el sistema privado, pero reconoció que la estatización hecha por la Argentina, por ahora, es un camino muy lejano: “Eso es inimaginable en Chile. Si lo hacemos nos cuelgan en la plaza pública”, declaró.
La reforma del sistema le provocó una crisis política a Piñera. En la Cámara de Diputados fue aprobada de modo abrumador, con 95 votos a favor, 13 de ellos de la coalición gobernante Chile Vamos. Mientras, en las calles volvieron a escucharse los cacerolazos de las protestas del año pasado.
La misma es sometida ahora al pleno del Senado, donde se espera que también sea aprobada con el apoyo de cinco legisladores oficialistas.
La diputada Sepúlveda reconoció en una charla realizada por videoconferencia con este medio que el apoyo a la reforma fue “muchísimo mayor” que el esperado y reconoció que en un primer momento la reforma fue pensada para “incorporar recursos económicos y liquidez a las familias” y no como el inicio de la estatización. Esta necesidad la refleja una encuesta de Cadem, que afirma que el 82% de los trabajadores retiraría su 10%, de los cuales el 51% lo haría para comprar “alimentos e insumos básicos” y el 30% para pagar las “cuentas de servicios básicos”. El estudio también refleja la crisis que atraviesa Piñera: el 86% está de acuerdo con el proyecto y el 74% desaprueba su gestión en general.
Las grandes protestas que estallaron en Chile a fines del año pasado comenzaron por el aumento de casi 30 pesos en el pasaje del subte, pero otra consigna recorrió las calles de Santiago: “No son 30 pesos, son 30 años”. Ya desde hace tiempo en el país se observan manifestaciones callejeras contra distintas herencias de la dictadura pinochetista: en 2011 fueron los estudiantes, en 2017 la Coordinadora no más AFP y más recientemente el importante movimiento feminista. Lo que hace unos años cruje en las calles, llega ahora al Congreso y al interior del sistema político.
Como consecuencia de las protestas de 2019, el próximo 25 de octubre Chile realizará un plebiscito para determinar si cambia la constitución pinochetista, que en agosto cumplirá 30 años. Será el momento indicado para modificar definitivamente el modelo económico manejado por unas pocas empresas y para jubilar la Carta Magna de la dictadura que, todavía hoy, regula el día a día nacional.
