LEGISLATURA PORTEÑA

Aborto: Larreta se diferencia de Macri y no vetará el protocolo ILE

En 2012, el expresidente alineó a su tropa para que vote negativo en la Legislatura. En 2020, hubo libertad de acción y posturas encontradas en Cambiemos.

La Legislatura porteña adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación a fines de 2019. La iniciativa se aprobó con 50 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones. Ahora, resta el OK del Poder Ejecutivo. Según pudo saber Letra P, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, promulgará la adhesión y se diferenciará de su antecesor Mauricio Macri, que vetó esta misma normativa en 2012.

 

Rodríguez Larreta recibió el proyecto en su oficina a fines de febrero, tiempo después de la presentación del protocolo ILE en la Legislatura por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La oficialización del texto no fue la típica presentación de un proyecto que se limita a entregarse en la Mesa de Entradas: hubo un acto que unió a diputados y diputadas de distintos bloques políticos, una marea verde a escala legislativa y una declaración de posturas. Esto último evidenció una división en el bloque oficialista Vamos Juntos y una mayoría verde. Con esa foto, el jefe de Gobierno habilitó la iniciativa y no bajó línea a su bancada para evitar cortocircuitos.

 

Este jueves, el protocolo ILE en la Ciudad cosechó 50 votos afirmativos y distintas posturas en la bancada que responde a Rodríguez Larreta. De los siete votos en rechazo, cinco corresponden a legisladores del PRO y dos a la Coalición Cívica. El bloque Vamos Juntos tiene 26 miembros y 16 de ellos se expresaron a favor. El dato es significativo porque, al tiempo que revela una convivencia pacífica sobre un tema clave y divisor de aguas de la agenda pública, exhibe una diferencia con la experiencia de 2012. Ese año, a pedido de Macri, el PRO en bloque votó de manera negativa. El texto prosperó con el apoyo de los diputados del kirchnerismo, Proyecto Sur, la izquierda y la Coalición Cívica, pero el entonces jefe de Gobierno firmó el veto.

 

Rodríguez Larreta, aunque evita hablar públicamente del tema, realiza un desmarque en torno a esa postura de Macri. Sin embargo, mucha agua pasó bajo el puente en estos ocho años y el debate se acrecentó, debido al crecimiento del colectivo de mujeres y al respaldo social que fue ganando la interrupción legal del embarazo. 

 

 

 

Si bien frenó la ILE, Macri como presidente habilitó el debate en el Congreso de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo admitiendo que optaba por “la vida” pero durante la discusión parlamentaria se llamó a silencio. Rompió esa quietud en la recta final de la campaña por su reelección, cuando se proclamó “a favor de las dos vidas” y donde se evidenció una radicalización de su discurso. Sin embargo, el tratamiento del aborto legal cayó como una bomba en el interbloque de Juntos por el Cambio, cristalizando diferencias agudas entre verdes y celestes. Un tsunami de internas que se gestó en el Congreso, extremó posturas e, incluso, derivó en un criterio de selección de candidatos para la confección de las listas legislativas de 2019.

 

Incluso, en su paso por la Jefatura de Gobierno, Macri intervino personalmente para evitar que una mujer que había sido víctima de una violación no pudiera abortar.

 

En rigor, el protocolo ILE no es una ley que agrega derechos. Se trata de una norma que garantiza los que ya existen en el Código Penal de Argentina desde 1921. Al tiempo que permite realizar abortos a mujeres en riesgo de salud, muerte o que sufrieron una violación, busca que los profesionales de la salud no pueden ser demandados por esas prácticas.

 

 

 

Actualmente, la Ciudad tiene un protocolo local que rige desde 2012, pero es restrictivo con respecto a los detalles del protocolo ILE que habilitó a fines de 2019 el ministro de Salud, Ginés González García. Esa reglamentación cumple con el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012, que incorpora la mirada sobre la salud integral de la mujer, más allá del riesgo de muerte señalado en el Código Penal, en sintónía con la Organización Mundial de la Salud (OMS)

 

 

 riesgo de salud o muerte para la mujer- y afirma que no se deben judicializar estos casos, que es una de las restricciones del protocolo porteño.

 

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