Argentina ante una oportunidad: hacia un nuevo modelo tributario

La pandemia del Covid-19 mostró en todo el mundo las diferentes políticas que adoptaron los estados para intentar contener la caída de la actividad económica, con sus secuelas en los niveles de empleo e ingresos. Pero, además, puso en el centro del debate la importancia de la política fiscal de los gobiernos, compuesta fundamentalmente por el gasto público y la política tributaria, dado que ambos componentes son claves a la hora de pensar en la distribución, regresiva o progresiva, del excedente, o sea de la riqueza producida.

 

Argentina tiene un sistema tributario que descansa en impuestos a la producción y el consumo. Lejos de modelos tributarios que gravan la riqueza patrimonial, los dos principales componentes de la recaudación son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto a las Ganancias de las personas físicas y jurídicas. Durante 2019 se recaudaron 1,5 billones de pesos en concepto de IVA, y 1 billón de Ganancias, siendo una proporción importante lo aportado por personas jurídicas. En contraposición, en concepto de Bienes Personales, impuesto patrimonial por excelencia, se recaudaron 31 mil millones de pesos, lo que equivale a sólo un 2% de lo recaudado por IVA y a un 3% de lo recaudado por Ganancias. El escaso peso de los impuestos patrimoniales es una característica particular del sistema tributario argentino, abonando a su regresividad en términos de distribución.

 

Sin embargo, a la hora de hablar de distribución del ingreso, es necesario clarificar la diferencia entre distribución primaria y secundaria. En el primer caso, la distribución primaria es la distribución resultante del propio proceso productivo, en la que se determina qué porción de la riqueza producida es apropiada por los trabajadores y qué porción es apropiada por el capital. La distribución secundaria, en cambio, es la distribución resultante luego del cobro de impuestos y otras transferencias estatales. Es decir que la distribución primaria es la resultante de la puja distributiva entre empresarios y trabajadores, y la distribución secundaria es la resultante de la política fiscal de los Estados. La importancia de la acción estatal radica simultáneamente en todos estos planos: financiamiento de las arcas públicas, que luego podrá ser destinado a programas sociales (cuánto cobro), presión tributaria diferenciada entre segmentos de población para dotar de progresividad al sistema (a quiénes les cobro), y la promoción de políticas públicas y fiscales que tiendan a reducir las brechas de desigualdad (cómo lo gasto).

 

Como se planteó previamente, el sistema tributario argentino genera un impacto regresivo en términos de distribución del ingreso. Según un informe publicado por Gaggero y Rossignolo  en 2011 , el esfuerzo no se distribuye de manera pareja entre toda la población: mientras la presión tributaria promedio es del 45,4%, el 10% más rico (decil 10) aporta el 47% de su ingreso, y el 10% más pobre (decil 1) aporta el 49,6% de sus ingresos. O sea, la presión tributaria es superior para los segmentos de menores ingresos, configurando un sistema tributario de corte netamente regresivo, al empeorar la distribución secundaria.

 

Pero la importancia de desarrollar un modelo tributario que graven la riqueza patrimonial antes que el consumo y la producción no termina aquí. La cuestión no es sólo mejorar la distribución del ingreso, sino fortalecer la capacidad de la política estatal de orientar el desarrollo nacional. Para quienes creemos que el gasto público puede jugar un rol clave en dinamizar la demanda agregada y contribuir a revertir los ciclos recesivos de la actividad económica, es importante desarrollar esquemas tributarios que no sean procíclicos, es decir que su evolución no esté atada a los ciclos económicos. Los sistemas tributarios que descansan en impuestos al consumo generan una merma en la recaudación en etapas recesivas, justamente cuando más se necesita de esos ingresos para hacer política fiscal contracíclica y contribuir a mejorar los niveles de actividad económica.

 

Así, los impuestos a la producción y el consumo operan reduciendo los grados de libertad de la política pública. La pandemia del Covid-19 puede ser una oportunidad para modificar el modelo tributario argentino, incrementando el peso relativo de los impuestos patrimoniales, mejorando al mismo tiempo la distribución secundaria del ingreso y la capacidad estatal para orientar los modelos de desarrollo que necesita nuestro país

 

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