Si el incremento de los contagios de COVID-19 es una noticia sanitaria negativa para los argentinos, la necesidad de ajustar las clavijas de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para moderar esa tendencia, en estudio en estas horas, completa el combo en el plano económico. El Gobierno acaba de anunciar los datos fiscales de mayo, que marcan una preocupante prolongación de la caída de los ingresos públicos y un abrupto incremento del gasto de emergencia, por lo que la nueva vuelta de tuerca del confinamiento lleva a preguntarse por los efectos de una dinámica que los especialistas consideran inevitable en lo inmediato pero insostenible en el mediano plazo.
“El frente fiscal es complejo y es uno de los que más preocupa. Esta situación excepcional de pandemia y aislamiento obliga a gastar mucho para asistir a empresas, familias y provincias mientras se recauda muy poco por la caída de la actividad. En mayo, por segundo mes consecutivo, el gasto primario casi se duplicó en términos nominales, mientras que la suba de ingresos fue casi cero”, le dijo a Letra P Lucía Pezzarini, analista de Ecolatina.
“Retroceder en la cuarentena exacerbaría esta dinámica e implicaría la continuidad de un gasto creciendo a tasas muy elevadas. Eso preocupa”, añadió.
Aun cuando abril fue, hasta el momento, el mes en el que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se siguió con mayor disciplina, las consecuencias del freno de la actividad se siguieron sintiendo en mayo.
De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Economía, el sector público nacional registró el mes pasado un déficit primario (gastos menos ingresos, sin considerar el pago de deudas) de $251.287 millones. Si se incluye en el resultado la erogación de intereses de la deuda pública, el rojo fiscal del mes trepa a $308.219 millones.
El desbalance se explica por las dos puntas. Por un lado, “los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) sumaron $328.120 millones”, lo que supone un crecimiento nominal interanual de apenas el 2,4%, una retracción enorme en términos reales dada la inflación de los últimos doce meses, que supera el 43%.
“Este comportamiento de los recursos está explicado por los efectos contractivos del ASPO sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior”, dijo el Palacio de Hacienda.
En tanto, el gasto primario sumó el mes pasado $579.507 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 96,8%. Una vez más, según Economía, “esta dinámica responde a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los ingresos de las familias, sostener el empleo y la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales”.
“El impulso del gasto primario está explicado casi en su totalidad por las transferencias corrientes, las prestaciones a la seguridad social y la inversión pública de capital”, añadió.
El detalle de los gastos extra resulta elocuente de su importancia en la crisis. Según el comunicado oficial, entre los principales, “el 75% corresponde al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Ambos explican erogaciones por casi $80.000 millones”. A eso hay que sumar transferencias a provincias por $53.327 millones, el programa Alimentar, las asignaciones de Apoyo al Empleo, mayores gastos de la Superintendencia de Salud y del PAMI y los refuerzos presupuestarios para comedores y hospitales provinciales.
“Con los gastos subiendo casi al 100% y con los ingresos prácticamente sin variación, la dinámica sería insostenible por un tiempo prolongad, Señaló, en diálogo con este medio, Julia Segoviano, economista de la consultora LCG.
“El problema es que la cuarentena está durando más que lo esperado, porque el rojo fiscal fuerte, que se esperaba para marzo y abril, se extiende ahora a mayo y junio. Incluso suponiendo que el gasto se empiece a moderar a partir del tercer trimestre, las medidas de las que estamos hablando implican un estímulo de casi 4% del producto bruto interno (PBI), lo que asegura que el déficit del año sea muy alto”, completó.
Al analizar la tendencia, la economista de LCG indicó que “hacia adelante hay varios aspectos complicados. Por un lado, que el déficit se está financiado completamente con emisión. Tantos pesos en la economía hoy no generan ningún impacto, pero eso puede cambiar cuando comience la reactivación. Además, políticas como el IFE y la ATP no son tan fáciles de remover de un día para el otro y hay que ver qué inercia van a tener en lo sucesivo. Un tercer aspecto es el congelamiento de las tarifas, que viene desde principio de año, y que hace que los subsidios estén aumentando mucho”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, es un heterodoxo, pero no por eso deja de pensar que el déficit es un problema estructural de la economía argentina que debe ser corregido. De hecho, la tendencia a un leve superávit es parte central de la negociación por la deuda con fondos extranjeros que esta semana entró en una nueva fase, con una extensión del pazo hasta el 24 de julio.
En ese sentido, Lucía Pezzarini puntualizó que “el Gobierno tomó varias acciones concretas que lo dejan en claro: por un lado, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria hasta diciembre, lo que implica que los ajustes seguirán siendo discrecionales; para junio se está pensando en un ATP reducido y focalizado en los sectores y regiones que peor la estén pasando e incluso, en el muy corto plazo, la cuotificación de los aguinaldos del sector público”.
“La duda es cuántos de estos programas deberán continuar por un tiempo más prolongado, debido a las secuelas que queden de la cuarentena. Por ejemplo, aun no se sabe qué pasará con el IFE, teniendo en cuenta que el piso de pobreza que dejará la recesión será mucho más elevado que la ya muy compleja situación previa. ¿Se convertirá en un programa más permanente? ¿A cuántos beneficiarios se extenderá? ¿Cuál será el monto?”, se preguntó.
Segoviano, en tanto, señaló que “con una reactivación económica, la recaudación debería mejorar, pero también va a ser necesario revisar la sustentabilidad de ciertas partidas de gasto y subsidios que muestran una dinámica insostenible”.