CRISIS POR CORONAVIRUS

El Gobierno amplía a todo el sector público el pago del aguinaldo en cuotas

El decreto, que se publicará en las próximas horas, prevé pagar en hasta cinco cuotas el aguinaldo para sueldos superiores a los 80 mil pesos. Rechazo sindical.

La decisión oficial de fraccionar el pago del aguinaldo, blanqueada este martes por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, será formalizada en las próximas hora a través de un decreto presidencial que no solo ratifica la medida, sino que la amplía más allá de los trabajadores que pertenecen al Sistema Nacional de Empleo Público.

 

Según el borrador del decreto que circula en despachos oficiales, el pago en cuotas alcanzará tanto a la Administración Pública Central y descentralizada como a empresas del Estado, empresas mixtas y empresas propiedad del Estado, lo que implica unos 400 mil empleados y empleadas. A estos se sumará el personal del Banco Central, del Banco Nación, de la AFIP, INSSJP, INCAA, la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá, la Comisión Nacional Antidopaje y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), entre otros.

 

De esta manera, la decisión oficial, que se sustenta en "la profundización de la crisis económica internacional, que ha incidido directamente en la economía nacional, generando una imprevisible desaceleración en la tasa de crecimiento de los recursos presupuestarios", alcanzará a todos los empleados y las empleadas de esos sectores con salarios brutos igual o superiores a los 80 mil pesos, que cobrarán el aguinaldo en hasta cinco cuotas consecutivas.

 

 

Según el texto, el monto máximo a pagar en la primera cuota, en junio, es de 40.000 pesos y el resto se va a prorratear en los siguientes meses.

 

Los cálculos oficiales sostienen que el 70% de los trabajadores no va a estar afectados y cobrarán el medio aguinaldo completo y que la gran mayoría de los afectados reportan en organismos descentralizados o autárquicos, que tienen los salarios más altos del sector público.

 

 

 

Justamente, uno de los principales frentes que deberá afrontar el Ejecutivo en los próximos días será la reacción de los gremios en general. En particular, de aquellos con representación en esos organismo que se enteraron por los medios que sus áreas están afectadas por el futuro decreto.

 

"Es una medida completamente política. Hay crisis pero también hay emisión récord, que se elige no utilizarla para mejorar la situación del sector público", señaló notoriamente molesto un alto dirigente estatal, que considera que el anuncio responde a la presión pública por el ajuste en el Estado. "Equivocadamente el Gobierno cede a la presión pública en vez de destacar la función del Estado. Es una mala señal que va a tener consecuencias también en el sector privado", lamentó.

 

El escenario de tensiones gremiales se abona en que buena parte de las funciones públicas fueron designadas esenciales y continuaron funcionando, de manera presencial o virtual, pero sin embargo ven postergados sus reclamos de recomposición salarial.

 

 

 

Sin ir más lejos, hace apenas una semana la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamaron el cierre de la paritaria 2019, ya vencida, y la apertura de la del siguiente ciclo, con el correspondiente aumento.

 

En rigor, la medida fue anticipada el último viernes por Cafiero y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, en una reunión a puertas cerradas, en la que el jefe sindical rechazó la posición oficial y advirtió que se iba a hacer público el desacuerdo. "No podemos aceptar esto porque el aguinaldo es un derecho adquirido. Si el argumento es la caída de la recaudación, cuando suba deberían aumentar los sueldos y no es algo que ocurra porque para eso están las paritarias" dijo Rodríguez a Letra P.

 

"Expresamos nuestro total rechazo a semejante injusticia. La tremenda crisis socioeconómica no puede ser la excusa para justificar estas medidas que castigan nuestro empobrecidos salarios", dice el comunicado de UPCN difundido el miércoles.

 

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo "Cachorro" Godoy, aseguró que se trata de una decisión inédita. "Es la primera vez en la historia que sucede algo así en el Estado nacional. Es muy grave, sobre todo, porque para ajustar a los trabajadores no hay problemas en sacar un decreto, mientras que el proyecto para gravar las grandes fortunas lo mandan por el Congreso, a paso de tortuga", cuestionó en declaraciones a la AM 750.

 

Marcos Carasso, titular de la UCR de Córdoba.
Abrazo de oso. El saludo del gobernador Maximiliano Pullaro con el presidente Javier Milei.

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