El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. El alcalde de José C. Paz, Mario Ishii. El exjefe comunal de Berazategui Juan Patricio Mussi. El exjuez penal César Ricardo Melazo. El jefe de asesores del exministro de Seguridad Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti. Estos son algunos de los nombres que figuran en la lista de espiados por la gestión de María Eugenia Vidal, según se desprende del llamado a indagatoria a Guillermo Berra, extitular de Asuntos de Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Según el documento judicial, al que accedió Letra P, también figuran tareas de inteligencia sin orden judicial sobre el “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”. Y las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.
Como informó este medio, la causa por espionaje se inició a raíz de la denuncia presentada por el excomisario Néstor Martin, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Ritondo y la exgobernadora Vidal.
El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019 con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Cecilia Corfield, tal como entonces informó Letra P. En la lista de espiados también figura un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.
También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos.
La causa de la fiscal Corfield es voluminosa. El próximo 29 de junio Berra y su pareja, la abogada María Rosario Sardiña, deberán llevar su defensa frente a la fiscal que los indagará, acto que marcará el formal procesamiento de los exfuncionarios de la gestión Vidal.
FUERO FEDERAL. Esta causa bonaerense tiene su correlato en otro expediente que se tramita en la justicia Federal de Lomas de Zamora, donde se investiga una red de espionaje ilegal que, se sospecha, estaba bajo las órdenes del expresidente Mauricio Macri.
En ese expediente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en solicitar ser querellantes. Sin grietas ni fisuras, ambos quieren saber si fueron víctimas de espionaje ilegal durante la presidencia de Macri.
Los planteos formulados el lunes por la expresidenta y por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires configuraron un escenario de virtual acercamiento entre rivales políticos dado que coloca a ambos en el lugar de víctimas, con la intención de poder ejercer sus derechos en el desarrollo de la causa.
La causa está en manos del juez federal Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona. Como querellantes, Fernández de Kirchner y Rodríguez Larreta podrían impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir las decisiones que se tomen en el marco del proceso.
En la causa radicada en Lomas de Zamora se investiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional cuyos integrantes habrían llevado a cabo tareas de espionaje ilegal.
La supuesta organización criminal estaba integrada por agentes de inteligencia y policías que “se habrían valido de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia”, según indicaron fuentes de la investigación.
Entre las presuntas víctimas del espionaje ilegal también se encuentra los hijos de la expresidenta, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; así como otros dirigentes políticos, sociales y religiosos y periodistas.
