25|6|2021

Solos en el Mercosur: Lacalle Pou se bolsonariza e inflama el conflicto social

10 de junio de 2020

10 de junio de 2020

Un megaproyecto de ley le cambia el rostro a Uruguay tras la larga hegemonía de izquierda. Mano dura y freno a la protesta. ¿"Progresismo" macrista?

Al cumplir sus primeros 100 días de gobierno, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, busca aprobar una megaley de casi 500 artículos que marcaría el futuro de su administración y que modificaría cerca de 60 normas aprobadas en los últimos 15 años de los gobiernos del Frente Amplio. Contra un rumbo político cada vez más afín al Brasil de Jair Bolsonaroalgo que agudiza la soledad de la administración de Alberto Fernández en la región–, los sindicatos y los movimientos sociales iniciaron manifestaciones a pesar de la pandemia y las medidas de distanciamiento. En un país que se caracteriza por la calidad democrática, el conflicto social amenaza con desatarse.

 

El gobierno de centroderecha, el primero en estar compuesto por cinco partidos políticos diferentes desde la recuperación de la democracia en 1985, intenta cumplir su primera gran promesa de campaña. Para eso se valió de la herramienta constitucional conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC): una disposición legislativa por la cual el Congreso tiene 90 días para aprobar o rechazar y que, en caso de no hacerlo, entra automáticamente en vigor tal como la redactó el Poder Ejecutivo. 

 

El proyecto genera fuerte polémica por dos motivos. Por un lado porque modifica muy profundamente el marco vigente en seguridad, educación, economía, salud y condiciones laborales, entre otros temas, con un claro sesgo punitivista y de libre mercado. Por el otro, porque es la ley de mayor alcance desde el retorno democrático y porque los 90 días no son suficientes para debatir los artículos con los distintos sectores de la sociedad civil.
 

 

 

Asimismo, se lo impulsa en el medio de la pandemia del COVID-19, lo que implica un debate más acotado debido a las medidas de confinamiento y de distanciamiento social. Pese a eso, ninguno de los artículos atiende las demandas y desafíos que impone el nuevo coronavirus, aun cuando su texto verdaderamente voluminoso tiene lugar, en su artículo 119, para crear la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), el 293 para establecer la creación del Ministerio de Medio Ambiente y el 362 para autorizar la “elaboración de chorizo artesanal” en las carnicerías. 

 

El proyecto ya fue aprobado por el Senado y entró en la última fase de 30 días en la Cámara de Diputados, donde se espera que no tenga importantes modificaciones debido a la mayoría que disfruta el oficialismo. En el plano social, el gobierno lo impulsa aprovechando la falta de movilización y protesta, mientras recurre a la confusión y la opacidad del debate.

 

 

Uno de los puntos centrales del proyecto de ley es el combate a la inseguridad, tema que los gobiernos del Frente Amplio nunca pudieron resolver.

 

 

El mismo tenía inicialmente 501 artículos, pero tras el primer debate recibió 300 modificaciones y la eliminación de 26 puntos, entre ellos los que abrían la puerta a la privatización de empresas públicas como la petrolera ANCAP. Uno de sus puntos centrales es el combate a la inseguridad: una de cada cinco disposiciones es sobre ese tema. Los gobiernos del Frente Amplio nunca pudieron resolverlo y Lacalle Pou lo utilizó como una de sus grandes promesas de campaña. Así, el texto extiende las consideraciones de “legítima defensa” incluso a hechos en los que “no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física”, permite la portación de “armas cortas” a los policías y militares retirados y aumenta las penas de varios delitos. 

 

En diálogo con Letra P, el expresidente del Parlasur y actual diputado nacional Daniel Caggiani (Frente Amplio) aseguró que se trata de un “paquete de reformas neoliberal, autoritario, represivo y regresivo en materia de derechos humanos”, que “genera mucha opacidad y falta de transparencia”.
 

 

 

El dirigente comparó la LUC propuesta con los Decretos de Necesidad de Urgencia (DNU) de la Argentina y aseguró que la normativa uruguaya es un “avasallamiento al Poder Legislativo muy preocupante” porque la ley se puede aprobar tácitamente sin el visto bueno del Congreso.

 

Esta iniciativa pone en evidencia los diferentes proyectos de país que existen entre los anteriores gobiernos de izquierda y la actual administración de centroderecha. Mientras que entre 2010 y 2015 quien gobernó el país fue José Mujica, un exlíder de la guerrilla Tupamaros, en la actualidad uno de los integrantes de la coalición oficial es el partido Cabildo Abierto, liderado por el exjefe del Ejército Guido Manini Ríos, un negacionista de las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura y conocido como “el Bolsonaro uruguayo”. El proyecto de ley sella esas diferencias marcadas de proyecto en el plano normativo.

 

 

 

El diputado Caggiani comparó al gobierno de Lacalle Pou con el de Mauricio Macri y calificó a ambos mandatarios como integrantes de “la derecha progresista o la derecha inteligente”, que se caracteriza  por tener “una retórica muy importante en derechos y en protección social, pero una práctica totalmente reñida con ese discurso”. En este punto, aseguró, se deben analizar las disposiciones progresistas de la LUC, como el cuidado del medio ambiente. “Una cosa es el discurso y otra es la práctica de este gobierno, que sin duda preocupa y genera frustración”, agregó.

 

 

 

Los artículos 388 y 466 generan especial polémica porque atacan el derecho a huelga y manifestación. El primero garantiza el “ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos”, mientras que el segundo declara “ilegítimos” los piquetes. Es por esto que el proyecto también recibió el rechazo de la central sindical PIT-CNT, que ya realizó un paro nacional y una movilización hacia el Congreso bajo el lema “la emergencia es la gente”. 

 

El impacto de la inminente ley preocupa por los cambios que generará y, además, porque la única respuesta que del gobierno a la crisis económica que se avecina es la del punitivismo y la represión social. Hay que tener en cuenta que actualmente hay más de 200 mil trabajadores que cobran un subsidio de desempleo y que el Banco Mundial anticipó una caída del PBI del 3,7% este año.

 

En un país con una importante historia democrática y de consenso, la LUC de Lacalle Pou amenaza con marcar un antes y un después.