A más de dos años de su promulgación en el ámbito nacional, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos todavía no está vigente en la provincia de Buenos Aires. Así lo expresó en un comunicado el Colegio de Magistrados bonaerenses, que pidió a la Legislatura “se proceda a adhesión” para que “las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derechos”.
La norma fue sancionada por el Congreso Nacional en el año 2017 y se reglamentó un año después. Establece recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delitos.
La norma, que lleva el número 27.372, fue uno de los argumentos utilizados para cuestionar el hábeas corpus que habilitó arrestos domiciliarios a detenidos en situación de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19, dada la situación de hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires. Quienes critican la resolución firmada por el juez Violini alegan que “no se notificó a las víctimas de la liberación de sus victimarios”, pero, en rigor, no es un requisito necesario ya que técnicamente la ley no está vigente en la provincia de Buenos Aires.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un documento titulado “Sobrepoblación carcelaria en contexto de pandemia”. En el punto 6 se detalla: “La provincia de Buenos Aires no ha adherido a la Ley Nacional de Víctimas nro. 27.372. El Colegio provincial promueve que se proceda a su adhesión legislativa, para que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derechos. Hemos solicitado a la SCBA que todas las medidas cautelares de protección en favor de las víctimas sean prorrogadas, lo que fue concedido y está plasmado en la Resolución 20/12. Además, todas las sentencias definitivas son anoticiadas a las víctimas….”.
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Cabe recordar que la resolución dictada por Violini no es una sentencia definitiva. De hecho fue apelada por el fiscal de Casación, Carlos Altuve, y será analizada por el plenario de la Suprema Corte provincial.
En la actualidad, los jueces deben notificar a las víctimas únicamente en los casos de violencia de género. Para otros tipos de delitos debe hacerlo si durante el proceso penal se presentaron y fueron aceptadas bajo la figura de “particular damnificado”, como fue el caso de la diputada provincial Carolina Piparo, quien fue notificada del pedido de domiciliaria para uno de los integrantes de la banda que la asaltó y mató a su bebé. Además, los centros de atención a la víctima pueden hacer peticiones independientemente de las y los fiscales de instancias.
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Pasaron más de dos años desde la sanción de la ley nacional que amplía los derechos a las víctimas de delitos y el Poder Legislativo provincial no adhirió a la norma que obliga a los magistrados a notificar de sus resoluciones significativas a quienes fueron sufrieron de manera directa el quebrantamiento de las normas.
MALESTAR. La resolución de Violini puso en escena este vacío legal. Fue criticado por medios de comunicación, periodistas y parte de la opinión pública. En su defensa, la Asociación de Magistrado de La Plata emitió un comunicado en el que plasmó su “profundo malestar por las difamaciones de las que ha sido objeto el juez del Tribunal de Casación en diversos medios periodísticos”.
En el parte de prensa enviado a Letra P se aseguró que el juez “es atacado injustamente por una resolución que firmó en el marco de su competencia y con el acuerdo de los miembros del órgano que integra, ante un pedido expreso de diecinueve defensores generales de la provincia que actúan en la órbita de la Procuración General”.
“La disconformidad con las medidas judiciales debe canalizarse por las vías recursivas provistas en la ley pero no a través de ataques personales, de información falsa y de agravios”, expresó la entidad presidida por el juez laboral Enrique Catani.
