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En el anuncio de la donación voluntaria de parte del sueldo para el sistema sanitario, el máximo tribunal reiteró el pedido de aumento salarial y equiparación con los de sus pares federales.

Por 02/04/2020 14:56

 

La creación del sistema de aporte solidario que busca que magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires donen entre 15 y 20 por ciento de sus salarios con el objetivo de solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus fue la ocasión elegida por la Suprema Corte bonaerense para recordarle al gobernador Axel Kicillof un viejo reclamo del sector: la equiparación de salarios con sus pares de la justicia nacional.

A través de la resolución 14/20, firmada por el presidente Eduardo de Lázzari con el acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte y la adhesión de la Procuración General, se establece que el sistema de aporte solidario estará constituido con aportes voluntarios de entre 15 y 20 por ciento del sueldo básico de los magistrados de la Suprema Corte; jueces del Tribunal de Casación; Cámaras de Apelación y de primera instancia; como así también de funcionarios de alto rango.

En el marco de esa resolución los cortesanos filtraron un párrafo en tono de reclamo a futuro, es decir, para atender tras salir de la crisis por la pandemia. Entre los fundamentos de la resolución que es de acceso público, la Suprema Corte provincial expresó que es “consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia”, como también lo es del “rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país”.

 

 

 

La crisis en la justicia bonaerense es una de las aristas de la pesada herencia que recibió Kicillof de su antecesora PRO, María Eugenia Vidal, quien luego de cuatro años de gestión no logró, al menos, implementar principios de soluciones a problemas crónicos como la baja inversión en infraestructura edilicia, la equiparación de salarios de los magistrados provinciales con sus pares federales, autarquía del Poder Judicial, una reforma judicial consensuada y con partidas presupuestarias aseguradas, entre otros problemas que presenta ese poder del Estado.

Tal como este medio informó en ediciones anteriores, la equiparación de salarios de jueces bonaerenses con sus pares nacionales, federales o de otras provincias es un añoso reclamo realizado a distintas administraciones.

Los jueces, fiscales, defensores y funcionarios bonaerenses conforman el segundo Poder Judicial más grande de Sudamérica, por la cantidad de magistrados que lo conforman, únicamente superado por el estado de San Pablo (Brasil). Pero un ranking salarial nacional ocupan el “puesto 19 sobre 24 jurisdicciones”, confirmaron varios jueces consultados.

 

 

Tras la resolución de la Corte provincial, los funcionarios judiciales quedaron habilitados para donar, voluntariamente, hasta el 20% de sus ingresos. Desde la cabeza del Poder Judicial presumen que la gran mayoría de los 2.576 jueces, fiscales, defensores y funcionarios contribuirán con el fondo solidario que serán destinados al Ministerio de Salud de la provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Asimismo, el máximo tribunal bonaerense instrumentó un programa de medidas de austeridad del gasto, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar el pongui-pongui judicial, como congelar la cobertura de cargos al 31 de marzo y suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias.

También, suspendió la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital; la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial; y el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables.

 

 

A la vez, la Corte dejará de pagar las horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, “con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género”.

Se estableció, en paralelo, que los magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, “deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria”, pero la medida no comprende a los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.

Finalmente, el máximo tribunal provincial estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto, las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, a partir de las acciones implementadas por el Tribunal o su Presidencia para el resguardo de la salud de los trabajadores.