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Aplica la lógica heredada del macrismo. Massalin y British American Tobacco, grandes beneficiadas. El rol de Rosenkrantz.

Redacción 09/03/2020 15:36

Con diferentes delaciones, la Justicia Federal mantiene ventajas competitivas que favorecen a las grandes multinacionales del tabaco. Hasta antes de 2017, en plena crisis, las tabacaleras locales situadas en la provincia de Buenos Aires habían crecido en captación de mercado con una política de precios bajos. Pero ese año, el presidente Mauricio Macri jugó fuerte con la promulgación de una norma de impuestos internos que les bajó las alícuotas a las marcas extranjeras líderes, como Massalin (Philip Morris) y British American Tobacco (Marlboro), y se las subió a las pymes vía un tributo mínimo por paquete.

 

El macrismo les sacó impuestos a las grandes firmas y les subió costos a las pymes. 

 

En ese contexto, según consigna el portal El Cohete a la Luna, “uno de los productores pequeños, Tabacalera Sarandí, obtuvo una medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley a sus productos hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que es su pedido de inconstitucionalidad de tres artículos de esa ley. Luego de un rechazo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió la medida hasta que se dicte la sentencia definitiva o hasta que se cumplan los seis meses que puede durar una cautelar contra el Estado. La AFIP llegó a la Corte Suprema en queja, luego de que la Cámara rechazara su recurso extraordinario”.

El medio explica que, en ese plano, lo lógico hubiese sido un rechazo a la queja, “porque no se opone a una sentencia definitiva o porque, al vencer el plazo semestral, la cuestión se tornó abstracta, y dejar que el caso siguiera su curso en las instancias inferiores. Pero el presidente de la Corte dispuso que se solicitara opinión a la Procuración General. A instancias de quien ocupa el cargo en forma interina, Eduardo Casal, la procuradora de derecho público no penal, Laura Monti, dictaminó que debía rechazarse la cautelar, porque no estaba demostrada la verosimilitud del derecho invocado, lo cual constituye una afirmación subjetiva, ni el peligro en la demora”.

El artículo, firmado por el periodista Horacio Verbitsky, puntualizó que, en otras causas, “Monti favoreció el tarifazo del gas (dictaminando que debía pasar a otro fuero) y el blanqueo de capitales por parte de los familiares del Presidente (negando personería para impugnar el decreto al entonces diputado denunciante, Felipe Solá). Carlos Rosenkrantz, el titular de la Corte, firmó un voto de acuerdo con la opinión de Monti”.

 

Rubistein, apuntado por tabacaleras del conurbano por favorecer a grandes. 

 

En Goya, Corrientes –cita la nota-, tiene una de sus mayores plantas Philip Morris-Massalin Particulares, que amenazó con cerrarla y despedir a sus trabajadores como forma de presión. También el intendente de Goya pidió a la Corte Suprema que revoque la medida cautelar obtenida por Sarandí. En apariencia, el presidente del tribunal defiende el interés público, ya que la cautelar se dictó contra una medida de la AFIP y del Ministerio de Salud de la Nación.

En los hechos, la maniobra para voltearla es impulsada por los gigantes del negocio, Philip Morris-Massalin Particulares y British Tobacco-Nobleza Picardo, que no desean ceder ni un punto de su control oligopólico del mercado y son terceros interesados en el litigio, en apoyo de la AFIP. El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein dijo que “una de las medidas más disuasorias y efectivas contra la adicción y el consumo de tabaco son los impuestos; que no tienen solo un aspecto recaudatorio, sino que se comprueba que ayudan a aumentar los precios, ayudan a alejarse del tabaco y, por ende, tienen un impacto directo en la salud pública". “Un bello principio general que no se verifica en este caso, porque la reducción de la alícuota del 75% al 70% no deriva en un aumento de precios. Tampoco explicó por qué los cigarrillos del duopolio serían menos dañinos para la salud”, dice el periodista.

Por último, explica cómo funcionó en el Congreso el lobby para atentar contra las pymes en base a una declaración de que los cigarrillos más baratos suben el consumo y perjudican más a la salud. Entre los que firmaron el proyecto aparecen legisladores del PRO (Martín Grande), la Coalición Cívica (Vera González Orieta), la UCR (Eduardo Brizuela del Moral, José Cano), pero también del Frente para la Victoria (Napoleón Leavy, el actual ministro de Agroindustria Luis Basterra) y del justicialismo (Pablo Kosiner).