Crisis por coronavirus

Municipios ya tienen listados de Migraciones para controlar a cuarentenados

Los intendentes e intendentas ya pueden identificar a los vecinos que estuvieron en el exterior. Con esa información los obligan a permanecer en sus casas. Penas de prisión de seis meses a dos años.

En el marco de las distintas medidas articuladas entre el gobierno nacional, la provincia Buenos Aires y los municipios bonaerenses para frenar el avance del COVID-19, las comunas ya cuentan con la información emitida por la Dirección Nacional de Migraciones para identificar a residentes que hayan regresado del exterior y deban realizar la cuarentena, tal como lo dispuso el presidente Alberto Fernández.

 

Como informó Letra P, el gobierno de Axel Kicillof articuló una medida extraordinaria con el Ministerio del Interior para poder dotar de información fidedigna, extendida por Migraciones, sobre los ciudadanos argentinos que en las últimas semanas hayan regresado de los países calificados riesgosos. La decisión busca sortear la resistencia de algunos viajeros a cumplir con la cuarentena en sus hogares.

 

Los intendentes e intendentas recibieron en los últimos dos días un detalle que identifica a cada uno de los vecinos que estuvieron en el exterior. Con esa información, intiman a los viajeros a cumplir los 14 días de resguardo en sus casas.

 

En La Plata, según informó el intendente Julio Garro, se notificaron a 320 vecinos que “ingresaron desde países de riesgo”. Dijo que se los notificó “para que cumplan con el aislamiento”.

 

 

El jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro, también confirmó en sus redes sociales que el municipio ya contaba con “un listado actualizado de vecinos que hayan ingresado de países considerados de riesgo para velar por el cumplimiento de la cuarentena”.

 

 

 

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, había informado que la Dirección Nacional de Migraciones estaba “remitiendo a todas las provincias la información de personas que deben estar en cuarentena para que las autoridades competentes constaten su cumplimiento”.

 

La intimación está atada a las penas por incumplimiento establecidas por un decreto presidencial que prevé prisión de seis meses a dos años.

 

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