SANTA FE

Guerra familiar detrás de la herencia del zar del transporte santafesino

Agustín Bermúdez dejó un imperio y sus hijos se lo disputan en la Justicia. La red de testaferros. El Concejo rosarino busca que la puja no afecte el servicio.

Tras la muerte del zar del transporte de Santa Fe Agustín Bermúdez, se desató un conflicto feroz entre sus cinco descendientes y herederos. Está en juego un jugoso imperio de diez empresas y 36 líneas de colectivos que operan en la provincia, pero también en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.

 

Bermúdez construyó el grupo societario más importante del transporte. En Santa Fe, hablar de transporte era hablar, negociar y gestionar con Bermúdez. No había otro con semejante poder. En vida, el empresario se peleó con su hijo Agustín, quien junto a Sandra son hijos del primer matrimonio que contrajo el zar, quien falleció el 22 de julio de 2018 a los 71 años. En cambio, Andrés y Adrián Bermúdez son hijos de otra madre. La quinta hija heredera se llama Anabela, fruto de una tercera relación del empresario.

 

En un escrito que abogados de Agustín Bermúdez (H) le presentaron a la Justicia, se solicitan medidas de aseguramiento de prueba. En el documento, al que accedió Letra P, se cuenta toda la trama familiar detrás del impresionante imperio que montó el empresario. Según el documento, el fallecido “siempre utilizaba sociedades a nombre de terceros y luego a nombre de sus hijos, pero la gestión invariablemente se la reservaba a través de poderes o nombrándose administrador de alguna de esas sociedades del grupo”.

 

Peleado con su hijo Agustín y su hija Sandra, el empresario benefició a Andrés, Adrián y Anabela “a través de transferencias por precio vil o por medio de los testaferros insolventes que siempre había utilizado”, sostiene el escrito.

 

El trío administra y controla actualmente las empresas y figura en registros públicos como titular de los paquetes de control societario. En los contratos y actas entregados a la Justicia por los patrocinadores de Agustín (H) se acredita que tiene una participación minoritaria del capital social en dos sociedades, Continental T.A. S.R.L. y Continental T.A. S.A., y también la tiene como sucesor en Rosario Bus SA y Empresa 9 de Julio S.R.L.

 

“Se ha violado la legítima hereditaria de nuestro mandante y de su hermana Sandra, que han quedado afuera del grupo de transporte más importante de la provincia de Santa Fe", reclaman los abogados Lisandro Castagno y Pablo Franchi. Aseguran que "está probado que son herederos forzosos de una fortuna constituida por numerosas sociedades y que han sido excluidos burdamente de sus legítimos derechos sucesorios”.

 

Bermúdez (P) “reconoce que es titular de todo", sostienen los letrados. Sin embargo, "ese todo" aparece luego de su muerte a nombre de Andrés, Adrián y Anabela Bermúdez, y destacan que “lo que es peor” es que todo el grupo societario se está administrando “en forma ilegal desde un mismo lugar”.

 

En esa línea, tienen el objetivo de demostrar que desde la firma “transfieren subsidios que una sociedad recibe por parte del Estado para el transporte y luego se derivan a otra, se lleva personal que está registrado en una empresa a otra, imputando gastos de una empresa a otra, los coches se guardan todos juntos, etc., vale decir, violando un sinnúmero de disposiciones legales”.

 

“No solo se ha violado la legítima en forma torpe, sino que quienes administran esas sociedades lo están haciendo de una forma ilícita civil y penalmente, poniendo en riesgo todo el patrimonio sucesorio”, reza el documento.

 

Por ese motivo, Bermúdez (H), a través de sus defensores, pidió una medida de aseguramiento de prueba de los procesos de inoponibilidad de persona jurídica y acción de colación que tiende solamente a fotocopiar y sacar copias la información contenida en cualquier sistema informático de las sociedades que Bermúdez (P) reconoció expresamente como propias y que ahora aparecen a nombre de los hermanos de su hijo Agustín.

 

El tema ya fue abordado en Rosario por el concejal Eduardo Toniolli (PJ), quien adelantó que le pedirá al Ente de la Movilidad local que informe de qué manera el proceso judicial podría afectar la prestación del servicio. Asimismo, le solicitará la realización de una auditoría sobre el grupo societario.

 

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