El titular de la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), Martín Ávalos, quedó en medio de cuestionamientos por presunta doble función de ejecutar deudas de contribuyentes y a la vez percibir honorarios por dicha tarea, situación que es incompatible con su cargo al frente del organismo.
El tema empezó a trascender hace unas semanas, en coincidencia con la previa del tratamiento de la Legislatura de la Ley Impositiva Anual enviada sobre política tributaria para el período fiscal 2021. El socialismo le dio vuelo con un proyecto de comunicación donde pide explicaciones al gobernador Omar Perotti y solicita la remoción del funcionario, pero no aportó pruebas por el momento.
La presunta irregularidad tiene al menos un caso, al que accedió Letra P. La misma quedó reflejada en el expediente del juicio civil API c/ La Lily SA CUIJ 21-02930866-4 sobre apremios fiscales, es decir, un procedimiento judicial de ejecución de deudas de contribuyentes, que recayó en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Distrito Nº 18 de Rosario donde interviene la jueza Silvina Geiler.
Si bien el litigio se centra en la deuda de la firma con el fisco, el representante legal de la empresa, Cristian Trevia, advierte y deja asentadas en el expediente “cuestiones irregulares” para que se corra vista a un fiscal de turno.
twitter_tweet
Una de ellas es que dentro del proceso le suministraron dos boletas de pago de honorarios al saldar su deuda. La primera de las boletas tenía como destino la cuenta de los apoderados de API, entre ellos un abogado que intervino en la actuación, por un total de 101.449 pesos.
La otra está a nombre del “Sr. Martín Guillermo Ávalos, CUIL 20-23622344-3, por un importe de $79.989,54”. “Desconocemos el motivo del por qué debió percibir dichos honorarios ya que no actuó en el juicio y, además, entendemos que se desempeña como el administrador Provincial de Impuestos, conforme a la nómina de autoridades”, escribe el representante legal sobre la factura a nombre de Ávalos.
Luego agrega que “se han percibido honorarios por la suma importante aquí detallada de alguien que no ha participado en absoluto de este pleito y en la función mencionada, por lo que mi parte viene a poner en conocimiento de este tribunal tal situación irregular tendiente a no verse involucrada en la comisión con el pago de ella de un delito”.
Letra P se contactó con Ávalos, quien adujo que no está al tanto de los cuestionamientos en profundidad por lo que, por el momento, se reserva la defensa. Sí afirmó que “todas las tareas del organismo están apegadas a las facultades del Código Fiscal de la provincia y sus leyes complementarias”.
En tanto, el bloque socialista en la Cámara de Diputados y Diputadas da por hecho la irregularidad, pero no ahonda en pruebas en el proyecto de comunicación. En el mismo reclama explicaciones al gobernador por el accionar “incompatible con el cargo que ocupa de titular del organismo recaudador, y a su vez, ejecutor fiscal”.
twitter_tweet
Según sostienen ocho legisladores y legisladoras que firmaron el comunicado, viola la ley de ética Pública de Santa Fe N° 13.230. “Dichas situaciones son suficientes para que el funcionario que se halle comprendido en alguna de las causales de recusación antes establecidas, deba excusarse de realizar dichos actos”.
Además, el bloque pide que se informe si es una “autoresolución del administrador (Ávalos)” o si existe un acto que autoriza al Administrador Provincial de lmpuestos a intervenir en los juicios de apremio, ya sea por una resolución de la Secretaría de lngresos Públicos, del Ministerio de Economía o un Decreto del Poder Ejecutivo.
A su vez solicitan la nómina y fecha de los procesos de apremio que se iniciaron desde el 10 de diciembre de 2019, detallando las casos que se cobraron y los honorarios estipulados, con expresa mención de las tramitados de forma directa o indirecta por el propio Ávalos. Por último preguntan qué controles ha realizado el Área de Control de Gestión sobre el cobro de honorarios por apremios.