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Radiografía política y judicial del fiscal que quiere dinamitar la causa de espionaje que golpea al macrismo de paladar negro.

Por 05/11/2020 16:11

Juan Manuel Pettigiani es fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones en Mar del Plata y cuenta con una nutrida agenda de acusaciones en su contra. Su nombre está ligado a polémicas actitudes en el ejercicio de sus funciones. La última: pidió el sobreseimiento de su par de Comodoro Py, Carlos Stornelli, en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que maridan servicios de inteligencias, falsos abogados, periodistas y exjerarcas policiales de La Bonaerense.

Pettigiani es uno de los apellidos aristocráticos de la judicatura. El padre de Juan Manuel, Eduardo Julio, integra actualmente la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Además de abolengo, padre e hijo comparten una misma simpatía política ya en decadencia: el duhaldismo.

El fiscal coqueteó mucho con jugar a la política y nunca terminó de lanzarse. En 2014, fue medido electoralmente como candidato a intendente de Mar del Plata. Tenía fluidos contactos con el PRO, la herramiena política fundada por el expresidente Mauricio Macri. El dato fue relevado en 2014 por el dirigente Emilio Monzó, en una nota para el portal marplatense 0223.com.ar.

 

 

“No está muy bien visto acá en la Justicia, siempre se resguarda en su cargo de fiscal que está muy bien pago”, describe una fuente que camina los pasillos tribunalicios con sede en La Feliz. Las razones sobre las que se erige esa presunta mala imagen son variadas.

Más allá de realizar un dictamen a la medida de las necesidades del macrismo puro y duro para detonar la causa que investiga el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, Pettigiani fue autor de algunas apostillas judiciales muy particulares.

En marzo de 2017, en un juicio por trata de personas con fines de explotación sexual, retiró la acusación para cinco de los siete acusados. Su labor fue muy cuestionada por la ONG La Alameda, dedicada a la lucha contra este tipo de delitos.

 

 

En abril del año 2018, en un juicio oral a una patota nazi, pidió penas menores a las que había impulsado en el juicio abreviado y desestimó que los integrantes del grupo de ultra derecha hayan formado una organización dedicada atacar a determinados grupos y difundir ideas xenófobas. Tras este juicio, un centenar de organizaciones sociales pidieron su destitución.

Durante el juicio oral a exintegrantes de la Confederación Nacional Universitaria CNU), consideró que los responsables no habían cometido delitos de lesa humanidad, ya que los consideraba como delitos “comunes”. Finalmente, el Tribunal resolvió hacer lugar a la recusación de acusadores particulares, basado en la falta de “celo acusatorio” y en que “los intereses que representa el Sr. Fiscal no coinciden con los intereses que defienden las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”.

En noviembre de 2019, tras la derrota electoral del entonces intendente marplatense Carlos Arroyo, presentó una denuncia penal por presuntos nombramientos masivos de personal en la comuna marplatanse, acción que fue interpretada como una demanda a la medida del ya electo alcalde PRO, Guillermo Montenegro.

 

 

Desde que comenzó la causa por espionaje en Dolores, el fiscal intentó por todos los medios correr al juez Ramos Padilla y que el expediente pasara al edificio porteño de Comodoro Py, donde Juntos por el Cambio navega en aguas seguras, pero la Cámara Federal de Mar del Plata (hasta el momento) siempre avaló todo lo resuelto por el juez.

Pettigiani también es señalado de favorecer al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, investigado por haberse dedicado a operaciones de inteligencia que derivaron en tortura y secuestro de personas durante la última dictadura cívico-militar. Fue imputado por delitos de lesa humanidad luego de que una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) determinara que había trabajado para la ex DIPBA, el Departamento de Inteligencia que realizaba tareas de espionaje a “subversivos” y “sospechosos” durante los años de sangre, plomo y picana.

El 18 de septiembre último, el actual fiscal fue denunciado por “acoso laboral y violencia psicológica” a dos trabajadores que pidieron licencia por covid-19, enfermedad que el propio magistrado contrajo con anterioridad.