23|1|2021

Aborto legal: las sororas se organizan en las dos cámaras

24 de noviembre de 2020

24 de noviembre de 2020

Con el reciente giro a comisiones, el Congreso puso primera para el tratamiento del proyecto de IVE. Hay equipo en Senado y en la Cámara baja.

La espera terminó. Por lo menos para conocer la letra del proyecto de legalización del aborto del Poder Ejecutivo, que ingresó el martes pasado a la Cámara de Diputados. Con algunas diferencias con el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y varias similitudes con el que obtuvo la media sanción en 2018, ahora la ansiedad está puesta en los tiempos de su tratamiento y, claro, en el resultado de la votación en ambas cámaras.

 

Hace dos años se discutió el proyecto de la Campaña que entró al plenario de comisiones con la firma de diputados y diputadas de todos los bloques. En 2020, a pesar de que se trata de un proyecto del oficialismo, la transversalidad se mantiene. De hecho, la mesa de trabajo convocada por el presidente de la cámara Sergio Massa, está coordinada por Mónica Macha (Frente de Todos) y Silvia Lospennato (Pro), presidenta y vice de la Comisión de Mujeres y Diversidad, ambas integrantes de la coalición llamada “Las Sororas” que actuó con gran efectividad para lograr la media sanción en 2018. De ese grupo, también permanece en la cámara y con protagonismo Cecilia Moreau, a cargo de Legislación General, cabecera del plenario que se reunirá por primera vez en los próximos días. En 2018 esa silla estaba ocupada por el único “sororo” Daniel Lipovetzky (Pro), hoy legislador de la provincia de Buenos Aires, de rigurosa corbata verde en cada una de las audiencias.

 

Tanto Lospennato como Moreau jugaron fuerte en estos días. La representante del Frente de Todos (FdT), contó su experiencia personal al atravesar un aborto, a los 16 años. Y la del PRO, cuando cuestionó al expresidente Mauricio Macri y destacó que el escenario este año es bien distinto, con un presidente y una vicepresidenta dispuestos a militar el proyecto.

 

 

 

De 2018 quedan en el Congreso para militar fuertemente la rosca y los votos en la Cámara Baja Brenda Austin (UCR), Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), Karina Banfi (UCR) y Romina Del Plá (FIT) y se suman nuevas sororas: Mara Brawer (FdT), Gabriela Estévez (FdT) y la salteña Verónica Caliva (FdT), entre otras. Aunque no son legisladoras, siguen muy de cerca el poroteo Malena Galmarini y Mayra Mendoza, ambas con un protagonismo ineludible en 2018.

 

El proyecto para la legalización del aborto también tiene giro a Legislación Penal, que preside Carolina Gaillard (FdT) -también sorora-, Salud, a cargo del médico tucumano Pablo Yedlin -se evaluó que fuera cabecera, pero se definió que fuera una comisión comandada por una mujer- y Mujer y Diversidad. Este jueves se definirá cómo será el funcionamiento del plenario y qué personas serán designadas para exponer. La primera reunión informativa, en principio, sería con el Ejecutivo: el ministro de Salud Ginés González García, la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.

 

Aunque para mucha gente el Senado es una incógnita, sobre todo a la luz de la experiencia 2018, para quienes caminan esos pasillos, no hay ninguna duda sobre el papel protagónico de las senadoras verdes Anabel Fernández Sagasti (del Frente de Todos y muy cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), Pamela Verasay (UCR), Gladys González y Guadalupe Tagliaferri (Pro), con el acompañamiento de algunos aliados fuertes como Martín Lousteau (JxC) y Matías Rodríguez (FdT) y de la mayor parte de los senadores que hicieron público su voto como Jorge Taiana (FdT), Luis Naidenoff (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) o Humberto Schiavoni (jefe del bloque Pro).

 

El giro a comisiones y cuál será la cabecera debate será clave para facilitar el trámite. En la de Justicia y Asuntos Penales está la mano derecha de la vicepresidenta, Oscar Parrilli (FdT), y voto verde cantado; la de Legislación General la lleva adelante la correntina verde Ana Almirón (FdT); recién en la de Salud aparecen dos celestes y fervientes opositores al aborto legal: el jujeño Mario Fiad (UCR) y el santiagueño José Neder (FdT).

 

 

 

Dan por descontado que, a diferencia de lo que hizo Gabriela Michetti hace dos años, el proyecto no será girado a las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales. Ese año, la entonces vicepresidenta buscó que la discusión del proyecto quedara atravesada por cuestiones de gasto (de salud) y que sea cuestionado constitucionalmente y celebró públicamente cuando la Cámara Alta rechazó el proyecto que venía de Diputados.

 

Las posibilidades de que la interrupción voluntaria del embarazo se convierta en ley este año no sólo se basan en la decisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto con la firma del presidente Alberto Fernández redactado por la principal vocera Vilma Ibarra y de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta. La confianza construida en 2018 entre legisladoras de distintos colores políticos –que comenzó con la aprobación de la Ley de Paridad- “está igual de fuerte que en aquella oportunidad”, sostiene la diputada radical Brenda Austin. Para ella es fundamental que se trabaje articuladamente con el Senado. “Claramente un aprendizaje del proceso anterior fue que deberíamos haber trabajado articuladamente con senadoras y senadores. Si queremos evitar un proceso de reenvío de la norma, tenemos que ponernos de acuerdo antes.”

 

En el mismo sentido opina la senadora Tagliaferri: “Aunque no hay una mesa formal, sí hay conversaciones y muy buena predisposición para trabajar en conjunto para que la ley no se trabe en el Senado”. Según la exministra de Desarrollo y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, “es importante que en Diputados salga ya con la opinión del Senado”.

 

La concentración de quienes están en la rosca cotidiana tiene que ver con que las fricciones entre las distintas fuerzas no obstaculicen la imprescindible transversalidad para el tratamiento y la aprobación de esta demanda cuya genealogía parlamentaria se remonta, primero, a 1937, cuando se presentó en el Congreso el primer proyecto para revertir la criminalización y también tiene un hito en 1992, cuando la Comisión por el Derecho al Aborto presentó un proyecto de ley de Anticoncepción y Aborto a través de la diputada de la UCR, Florentina Gómez Miranda. La Campaña por el Derecho al Aborto envió su primer proyecto en 2007 y el 28 de mayo de 2019 llegó, de la misma mano de las organizaciones feministas su proyecto por octava vez. Esta es la primera vez que un presidente envía un proyecto de interrupción del embarazo al Congreso. Todo indica que, a pesar de la pandemia y de la crisis económica profunda, el movimiento de mujeres, gran protagonista de esta historia, tendrá una razón para celebrar.