La Secretaría de Energía tiene una bomba de tiempo llamada tarifas de luz y gas y trabaja para desactivarla antes de que explote, el 17 de diciembre, cuando vence el congelamiento fijado primero por la emergencia económica, en diciembre de 2019, y luego extendido en junio, por la emergencia sanitaria. Esa bomba está en las manos del secretario del área, Darío Martínez, que trabaja contrarreloj en un esquema de segmentación que evite un aumento fuerte en las boletas del año que viene y que, a su vez, rompa definitivamente con la dolarización heredada de la gestión macrista. La idea es partir al país en tres grandes grupos de ingresos, los más vulnerables, los sectores medios y los altos, y que a cada uno le toque en suerte una intervención distinta del Estado para morigerar el impacto del deshielo. Toda esta idea podría resumirse en una fórmula: 40-45-15.
El 40,9% de las personas del país es pobre, según la última medición del INDEC sobre el primer semestre de 2020. Ahí está reflejado el universo que, para el Gobierno, debería tener acceso a una energía con una incidencia alta de subsidio o, dicho de otra manera, con acceso a una tarifa social.
La eterna promesa de segmentar a esa porción de la población nunca se ejecutó, por lo que la Argentina pasó de un esquema de subsidios gigantes y sin distribución estratégica durante el kirchnerismo -la "sintonía fina" nunca llegó- a la dolarización y los tarifazos del macrismo, que pegaron más duro en los hogares de sectores medio-bajos y bajos. En Energía creen que el universo que desnudó la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una base de datos invaluable para, finalmente, llegar más y mejor a quienes menos tienen.
El 45% por encima de ese 40% de pobres es al que se le está buscando una forma de que el descongelamiento no se transforme en un palazo. Para este segmento, en el Ejecutivo trabajan en un plan para que las tarifas vayan acompañando la evolución de los ingresos. Aunque la idea no es atar los incrementos de luz y gas a ningún índice, en Energía ven en el RIPTE un buen parámetro para tener con correa corta los aumentos.
"Queremos que la gente no deje de comprar algo para pagar la luz o el gas, que los aumentos no impacten en otros consumos... que no dejen de comprar ni dos pizzas", explicó un funcionario que participa de las negociaciones, con una mención indirecta al tarifazo de la gestión Cambiemos que el por entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, intentó minimizar con una parábola gastronómica.
El 15% final lo integran el último decil y la mitad del anterior. En este sector, la salida del congelamiento tendrá un impacto más alto y subirá rápidamente la escala de pago por la energía que consume, sin necesidad de subsidios.
El gobierno de Alberto Fernández heredó un esquema de subsidios por el cual, en promedio, los hogares argentinos pagaban en sus boletas un 54% de consumo real, mientras que el resto, un 46%, salía del erario público vía subsidios. El congelamiento que en un mes cumplirá un año alteró fuertemente esa ecuación: hoy, el impacto promedio de los subsidios en la energía trepa hasta el 60%.
