El intendente de Rosario, Pablo Javkin, obtuvo la emergencia del Transporte Urbano de Pasajero (TUP) y la facultad para renegociar y readaptar los contratos con las empresas de colectivos sin que sean rubricados por el Concejo municipal. La oposición cuestiona que, de esa forma, el intendente podrá armar de manera arbitraria un sistema más ajustado, y que el rediseño de los contratos estará vigente por más tiempo que la propia emergencia.
La búsqueda de un régimen de excepcionalidad tuvo adhesión de todos los sectores dado que la crisis del sistema por la pandemia es incontrastable, pero las potestades cedidas al intendente marcaron las diferencias. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio propusieron que luego de renegociados los contratos con las prestadoras del servicio los mismos se giraran al Concejo para su ratificación o rectificación.
“Si por medio de los contratos se van a alterar las condiciones de un pliego aprobado por el Concejo, corresponde que estos pasen por el Concejo”, dijo el edil del peronismo Eduardo Toniolli. Esto finalmente no se incluyó en el texto. A cambio, el oficialismo impulsó un informe semestral de la Secretaría de Movilidad y una comisión de seguimiento, a lo que la oposición le restó capacidad de aplicación.
En un primer momento, la oposición discutía la extensión de la emergencia, es decir, el período en el cual se adoptarían las medidas para superar la situación crítica del sistema. Pero luego, ya no se enfocó en ese tiempo, sino en la duración de los nuevos contratos de las concesionarias que podrían exceder a la emergencia y seguir hasta el fin de la concesión en el año 2029.
“Vía los contratos nuevos, modifican el pliego”, sostuvo a Letra P Toniolli. Fue en la última sesión de comisiones conjuntas previa a la aprobación cuando los concejales advirtieron esto, puntualmente durante la intervención del concejal Roy López Molina, de Cambiemos, espacio que logró un acuerdo político con el oficialismo desde iniciada la gestión.
“Vamos a generar un régimen de excepción que nos permitirá mantener el sistema funcionando. Y estando vigente el pliego, no se trata de ninguna delegación. Y cómo no es una delegación, los contratos renegociados no deben volver al Concejo”, explicó. “Dicho esto, los contratos renegociados y reconducidos probablemente cumplan el plazo de 10 años de la concesión, porque si se cuenta el tiempo de aprobado, la puesta en marcha, probablemente sea un sistema de excepción que concluya con el pliego”, afirmó López Molina, quien fue uno de los 19 concejales que votaron a favor.
Desde Juntos por el Cambio, bloque de cinco concejales que se abstuvo junto a la peronista Fernanda Gigliani, sostuvieron: “Al final no es una emergencia de dos años como se aprobó, sino una de 9 años”.
Por su parte, el bloque del Frente de Todos votó en contra y afirmó en un comunicado: “La coyuntura no puede convertirse en argumento para que los empresarios del sector se lleven puesto el transporte público de la pospandemia”.
El Ejecutivo logró el aval para reducir las exigencias del pliego vigente, iniciar un servicio nocturno posiblemente a demanda, frecuencias en base a la cantidad de pasajeros, y reestructurar las líneas. El oficialismo celebró la sanción de la emergencia: “Significa contar con elementos para resignificar el sistema y recuperar los pasajeros de octubre 2019”, dijo Fabrizio Fiatti, concejal de Creo, el partido de Javkin.
