El fuero Penal de La Plata vive uno de los momentos más agitadas de su historia reciente. A las detenciones del ex juez de Garantías César Melazo, del ex fiscal Tomas Moran y al pedido de juicio político contra el magistrado Juan José Ruiz se sumó la imputación al juez de primera instancia Juan Pablo Masi, a quien la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires obligó a tomar un licencia de 90 días, mientras que pidió a la Procuración General bonaerense que encabeza Julio Marcelo Conte Grand que avance en el análisis del caso para evaluar un posible juicio político.
Masi fue imputado por el delito de prevaricato por sus resoluciones dictadas en el marco de dos causas, en una de las cuales sobreseyó al ex gobernador Daniel Scioli, al ex interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos Luis Alberto “Chiche” Peluso, a la esposa de éste, Carmen Liliana Adelardi de Peluso, y a la hija de ambos, Belén Peluso.
El 17 de julio de 2009, Masi, en la causa 23211/09 iniciada por la denuncia de Enrique Perigiani, amplió el encuadre legal a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, con el objetivo de mantener bajo su órbita otra causa previa en la que estaba involucrada la familia Peluso, pero radicada en el juzgado de Garantías 5 de La Plata a cargo de Marcela Garmendia, en la que se investigaba el delito de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, bajo el número de causa 10899/09. La causa de Garmendia es anterior a la de Masi.
El 20 de julio de 2009, el fiscal Jorge Paolini rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de Peluso. El 3 de septiembre de 2009, el juez Masi solicitó a su par Garmendia que se excusara de seguir actuando en la primera de las causas y que se la remitiera a él, dado que el mayor delito investigado (asociación ilícita) figuraba en el expediente radicado en su juzgado. Para Masi, ambas causas exigían “complejas investigaciones”, por lo cual correspondía unificar el trámite “en pos de lograr economía procesal en el trámite”.
Cinco días después, el 8 de septiembre, Masi obtuvo la unificación de la causas. El 16 de ese mes, la defensa intentó un nuevo sobreseimiento de la familia Peluso y del entonces gobernador Scioli. Según la fiscal Cecilia Corfield, el juez Masi volvió sobre sus pasos “en abierta contradicción a lo sostenido” sobre “las complejas investigaciones que debían realizarse” y con “una velocidad inusitada” dictó el total sobreseimiento de los acusados.
El dictamen fue apelado por el fiscal Paolini pero su superior jerárquico, el entonces fiscal de Cámara (ya jubilado) Gustavo Adolfo Lambruschini, “sin esbozar mayores argumentos” no mantuvo el recurso y el sobreseimiento quedó firme. Lambruschini tiene antecedentes en esta conducta. No sostuvo la apelación del entonces fiscal Carlos Argüero, quien apeló el sobreseimiento dictado por el juez de garantías Guillermo Atencio en favor de su ex colega Melazo, acusado de enriquecimiento ilícito. En la actualidad, Melazo está detenido acusado de integrar una asociación ilícita con barras, narcos, policías y sicarios.
Para la fiscal Corfield, el sobreseimiento de Scioli se trató de “una resolución fraudulenta” por lo que considera que resulta “imperioso sea revisado en virtud de la cosa juzgada írrita”.
Pero hay más. Según se desprende de la resolución a la que accedió Letra P, la fiscal asevera que Masi mantuvo “oculto el expediente durante –cuanto menos– siete años en la sede del juzgado a su cargo” con “clara conciencia de la transgresión al orden jurídico”. Es decir, para la investigadora, el juez durmió el caso para evitar que salga a la luz.
De la investigación se desprende, en primera instancia, que el magistrado que debe velar por las garantías judiciales no notificó la resolución de la firmeza del sobreseimiento, el cierre de ambos procesos para evitar que los resuelto tome “trascendencia pública y permitir, de alguna manera, el ataque jurídico de dicho sobreseimiento”.
COSA JUZGADA. Daniel Scioli tiene otra causa en la que fue acusado por enriquecimiento ilícito pero fue beneficiado con un sobreseimiento exprés, también dictado en el fuero Penal de La Plata. Se trata de la denuncia que inició el abogado Rafael Velischek.
El recurso fue impulsado por el abogado Marcelo Peña, quien como ciudadano particular logró que el expediente llegara hasta la Suprema Corte, pero desestimó el planteo y espera un dictamen del procurador Conte Grand, para expedirse sobre el fondo del caso. Peña no estaba legitimado para resucitar la causa, tal como fue expresado en distintas instancias por la Sala IV de la Cámara Criminal platense y por el fiscal de Casación Carlos Altuve (mencionado en registros telefónicos en situaciones difíciles de explicar y que pronto saldrán a la luz) en su recurso ante la Corte. Pero en ambos dictámenes se dejó claro que existen “graves irregularidades que deben ser investigadas”.
Pese a que la Corte provincial le encomendó al Procurador que analice el caso, el expediente está inactivo. El jefe de los fiscales bonaerenses debe indagar por qué el fiscal Paolini (en otra causa) no apeló el sobreseimiento dictado por el juez de Garantías Pablo Raele en base a una pericia de parte realizada por Rafael Perelmiter, que era el contador de la familia Scioli y fue ministro de Economía bonaerense durante su gestión. El ex funcionario concluyó que no hubo crecimiento patrimonial indebido del ex motonauta. Un traje a medida.
SILENCIO OFICIAL. En este expediente, que llegó a la máxima instancia judicial de la Provincia, la actuación de la Fiscalía de Estado (FdE) no existe. Ni siquiera se presentó como querellante. El organismo, encabezado por el radical Hernán Gómez, se presentó como particular damnificado en otro expediente. Se trata de la causa que se inició por la denuncia de la líder de Cambiemos Elisa Carrió. El planteo fue aceptado por la jueza de Garantías al entender que está debidamente legitimado. Pero, desde entonces, la FdE no impulsó ninguna medida de prueba, una de las facultades que le otorga el Código Procesal Penal y la Constitución provinciales.