En medio de la incertidumbre por el desembolso de U$S 5.400 millones del FMI, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó el decreto de Mauricio Macri sobre la reprogramación del pago de títulos de la deuda pública, medida que los analistas consideran que el mercado podría calificar como un default selectivo.
El Boletín Oficial mostró el texto del decreto presidencial, que en el apartado 1 del artículo 1° establece que "en las respectivas fechas de vencimiento previstas en los términos y condiciones originales se cancelará el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto adeudado a la respectiva fecha".
Asimismo, apunta que "a los NOVENTA (90) días corridos del pago anterior, se pagará el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto adeudado a la fecha del pago previsto en el apartado anterior, más el interés devengado sobre el saldo de dicho monto, neto del pago efectuado según el apartado 1" y agrega que "el saldo remanente se cancelará a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos del pago previsto en el apartado 1".
Los analistas de inversión advirtieron que este “reperfilamiento” de la deuda constituye un default selectivo, una medida que supone "un triste final", en palabras de un experto, para un gobierno que estructuró su relato a partir del culto al cumplimiento de las obligaciones en contraste con el peronismo defaulteador.
Concretamente, se refirieron a la suerte de los inversores institucionales en poder de Letes (Letras del Tesoro) y Lecaps (Letras de Capitalización), títulos de corto plazo en dólares y en pesos, respectivamene, cuyos vencimientos serán prolongados de los tres meses actuales a seis.
El DNU 2019/296 argumenta la decisión para “facilitar que la República Argentina honre el cumplimiento de sus compromisos financieros y pueda despejar la incertidumbre derivada de las dificultades de acceso al financiamiento”. En este contexto el documento indica que “resulta urgente y necesario crear un marco de sustentabilidad de la deuda pública de corto plazo que, junto con las demás medidas de política fiscal y monetaria que adopten las autoridades nacionales, genere un cambio de expectativas”.
Sobre el escenario que llevó a tomar esta medida, el DNU recuerda que el año pasado la economía nacional fue afectada por la sequía, que impactó fuertemente sobre la producción agropecuaria, y advirtió además sobre la devaluación producto de “una reversión en los flujos internacionales de capitales producto de medidas exógenas de política monetaria”.
Afirma que esta situación “dio origen a un estado de incertidumbre en los mercados financieros, puesta de manifiesto por la pronunciada y sostenida caída de los precios de negociación de los títulos representativos de deuda pública nacional, que se hizo evidente en el resultado de las recientes licitaciones del pasado 13 y 28 de agosto de Letras del Tesoro Nacional, que indican una pérdida de acceso a nuevo financiamiento a través de los mercados”.
La medida alcanzará a la mayor parte de la deuda argentina, que en los últimos meses sufrió ventas masivas por parte de inversores ante la incertidumbre política por la derrota del oficialismo en las elecciones primarias.
Según el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con esta decisión se logrará aliviar la carga de deuda y dar mayor margen de maniobra al Banco Central para usar reservas y contener al dólar.
La postergación dispuesta en virtud del artículo 1°, no alcanzará a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo identificados en el Anexo que da cuenta el artículo 1°, cuyos tenedores registrados al 31 de julio de 2019 en la Caja de Valores sean personas humanas que los conserven bajo su titularidad a la fecha de pago.
La postergación dispuesta en virtud del artículo 1°, no interrumpirá el devengamiento de los intereses establecidos en los términos y condiciones originales.