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Mediante aliados deja crecer el plan de suspender las PASO, sin chances de prosperar ni en la Justicia ni en el Congreso. Por lo bajo y apelando al off the record, se despega y le baja el precio.
Por 26/06/2019 7:51

Apenas venció el plazo para la inscripción de las precandidaturas, una escueta legión de dirigentes del radicalismo retomó una vieja prédica del presidente Mauricio Macri y apuntó, con el calendario electoral en marcha, contra la inminente realización de las primarias. Pero las explicaciones que ahora le sobran a los voceros de la UCR, escasean en el PRO y también en la Casa Rosada, donde los funcionarios consultados por Letra P se amparan en la reserva de su identidad para aportar información al respecto y, en algunos casos, confesar las sospechas que giran en torno a una ofensiva pública que se contradice con una regla no escrita de cualquier sistema democrático: las reformas electorales no deben realizarse durante años de elecciones.

No respetar esta norma puede sumergir a la administración que lo intente en el barro de las sospechas, una variable que se incrementó en los últimos meses, ante un gobierno que se prepara para afrontar un resultado adverso en las primarias que ahora intenta eliminar, anular o deslegitimar con argumentos fiscales.

 

 

En la Casa Rosada admiten que el plan para eliminar las PASO “es una buena idea, pero inviable”. Así lo definió a Letra P un alto funcionario de Balcarce 50, que prefirió transitar esa contradicción para no desautorizar la ofensiva que lanzó la UCR. “Para cambiar la ley, tenemos que contar con mayoría especial y no la tenemos. Consideramos que las PASO sirven, pero siempre y cuando haya competencias. Si no, estamos ante una encuesta nacional carísima”, insistió la fuente del PRO.

 

 

Entre el cálculo de costos y las escasas chances de que prosperen los proyectos presentados, el senador y candidato a vice, Miguel Pichetto, buscó bajarle el tono a los proyectos: "Me parece algo complejo. En realidad va a haber un debate ahora en el Congreso, pero frente a la proximidad de las elecciones primarias, no lo veo fácil. Tal vez, la norma tendría que haberse cambiado con anterioridad", dijo el senador en declaraciones radiales, mientras que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, volvió a la carga con su histórica argumentación, pero redobló la apuesta: "En agosto, los argentinos deberán concurrir, una vez más, a unas PASO que tendrán un titánico costo de 4.500 millones de pesos y donde no se decidirá prácticamente nada", dijo el primo presidencial. Definió a las primarias como una "fiesta carísima". 

En los cálculos del Gobierno, “la anulación de las PASO implicarían un ahorro de 4.000 millones de pesos”. Pero el argumento no safisface a otros inquilinos de la Casa Rosada que también se animaron a responder, pero bajo la protección de la fuente. Detrás del discurso público que busca mantener el Ejecutivo sobre esa controversia, los consultados también desconfían del súbito interés que tuvo el gobernador mendocino y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, para impulsar la medida.

 

 

“Si no hubiera primarias en la provincia de Buenos Aires, la mayor perjudicada sería (la gobernadora María Eugenia) Vidal, porque quedaría muy expuesta al riesgo de una derrota, sin la posibilidad de afrontar un escenario de ese tipo en agosto y revertirlo en octubre”, evaluó uno de los numerarios del Ejecutivo que no termina de comprender las razones de la ofensiva legal, especialmente cuando no existen posibilidades de que prospere en el Congreso y tampoco en la Justicia, porque el tramo más importante del proceso electoral ya está en marcha.

Consultado por este medio, un alto funcionario provincial consideró a todo el debate "un disparate, porque los plazos están corriendo y es inaplicable". También dijo que prefería eludir cualquier elucubración interna al respecto, "porque no tiene sentido, y porque tampoco va a pasar". 

“Le dimos tanta fuerza por el monto del gasto que implicará, pero dependemos del consenso del peronismo y ahí no vemos un contexto de acuerdo”, redondeó otra fuente para evitar una desautorización pública del radicalismo.

 

 

Cerca del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, explicaron que Cornejo les anticipó la iniciativa. “Les dijimos que no lo acompañábamos desde el Ejecutivo, pero se trata de una iniciativa del Congreso, aunque en términos operativos no hay tiempo y, si se diera el debate ahora y hubiera ley, sería recién para 2021”, detalló el vocero consultado y consideró el planteo como “un debate estacional, que ya apareció en 2017, con la misma argumentación”. 

“Este debate no le resta legitimidad a las PASO. El planteo es legítimo, pero el punto es que estamos ante una discusión que ya no puede darse este año”, confió el funcionario para dar el asunto por terminado, aunque las precisiones no logran sacar al Gobierno de una contradicción que multiplica las intrigas sobre las motivaciones de una iniciativa que defienden los radicales, pero que relativizan los voceros del Presidente.