El intendente de Pilar, el macrista Nicolás Ducoté, sumó este martes otro revés que le complica aún más sus aspiraciones de reelección: la Justicia allanó la municipalidad en el marco de una causa por administración fraudulenta de fondos públicos. Se pagaron unos $15 millones por una obra que no se hizo.
Este martes por la mañana funcionarios de justicia allanaron el edificio de la Secretaría de Obras Públicas de la Comuna que comanda el dirigente macrista, en Rivadavia al 300. Fueron en busca de documentación para sumar pruebas a la causa del desvío millonario de fondos.
El Municipio certificó avances de obra y pagó a una empresa privada por la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio de Peruzzotti que no se construyó. Los funcionarios no pueden explicar qué pasó.
La investigación surge a raíz de la denuncia que realizó el Frente Pilarense, el bloque opositor a Cambiemos, que encabeza el concejal Federico Achával, quien declaró en su momento dijo estar “sorprendido” por los hechos y cargó contra el jefe comunal, alguien “capaz de hacer anuncios y promesas que después nunca se cumplen”, dijo.
En la presentación judicial se explica que se trata de una obra que estaba proyectada en el presupuesto 2017, en el marco de un convenio de colaboración que se firmó entre el Municipio y el Ministerio del Interior de la Nación, “con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat”.
Los ediles de la oposición advirtieron durante el proceso de la rendición de cuentas que el municipio ya había pagado a la empresa Tordel el precio total del costo de la obra, como si se hubiese realizado, “pero en el barrio no había ni un ladrillo”, se quejaron.
Destacaron que “nunca, y menos en el Estado, se paga una obra por adelantado”. Exigen saber qué pasó, quién autorizó el pago a la empresa por un trabajo que no se hizo y adónde fue a parar ese dinero.