En plena competencia para retener el servicio de recuento de votos provisorios para las elecciones presidenciales en la Argentina, la empresa española INDRA quedó envuelta en una mega causa de corrupción que investiga el gobierno de España y podría quedar fuera del régimen de obra pública del país europeo por tres años.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha activado un protocolo anticorrupción -medida inédita en España- porque un grupo de 15 empresas, entre las que se encuentra INDRA, han sido sancionadas con una multa de 118 millones de euros por prácticas de cartelización para quedarse con contratos de obra pública de la red de ferrocarriles. Ademas, los CEOs responsables de esas empresas han sido sancionados con multas que rondan los 666.000 euros.
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En rigor, según el órgano que depende del gobierno español, un conglomerado de empresas se asoció en distintos contratos para falsear la competencia en licitaciones de trenes comunes y de alta velocidad. De acuerdo a la investigación, seguida de cerca por la prensa española, este grupo de compañías se agruparon en tres cárteles y simulaban ofertas ficticias, de manera de repartirse de antemano el contrato en cuestión.
Las firmas Alstom y Siemens, también con contratos en Argentina, aparecen vinculadas a la red de compañías que durante 14 años se repartían licitaciones ferroviarias. La investigación se conoce en el mismo momento en que INDRA participa de la licitación por el escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales argentinas: el Correo Argentino aprobó las propuestas técnicas de las tres firmas en juego y la española impugnó varios aspectos de las propuestas de Smartmatic y Scytl, que también se anotan para realizar el recuento provisorio.
INDRA, que hace 20 años lleva el conteo provisorio de votos en la Argentina, integra el grupo de empresas involucradas en la investigación. La causa aún se mantiene dentro de las oficinas gubernamentales y la sanción no está firme. Se requiere aprobación del gobierno de Pedro Sánchez y de la Justicia, por lo cual se espera que el proceso se demore. Sin embargo, la CNMC ya propuso la pena: prohibición de participar en contratos públicos españoles durante tres años.