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La jueza de Garantías homologó el acuerdo con una detenida que declaró durante 8 horas, en una causa que investiga la justicia de La Plata por presunto pago de sobornos a un magistrado de Casación.
Por 25/04/2019 9:54

En un hito para la provincia de Buenos Aires, la Justicia Penal de La Plata homologó un acuerdo de colaboración con una procesada arrepentida dentro del marco de la ley nacional del arrepentido que permite a los acusados acceder a una pena menor a cambio del aporte de datos concretos y certeros que ayuden en las investigaciones. Se trata de Lidia María Perna, detenida en la causa en la que se indaga el presunto cobro de coimas por parte del suspendido juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui, con pedido de juicio político en marcha. La delicada situación del magistrado fue alertada por Letra P el 10 de julio de 2017.

Según la documentación judicial a la que accedió este portal, los días 10 y 12 de abril pasado la fiscal Betina Lacki junto a los abogados José Luis María Villada y Juan Gabriel Mendy, defensores de Perna, homologaron ante la jueza de Garantías Marcela Garmendia un “acuerdo de colaboración” dentro del marco legal del código penal y la ley nacional 27.304, conocida como la “ley del arrepentido”.

 


Lidia Perna, primera arrepentida de la justicia bonaerense

 

En la resolución, la jueza dejó aclarado que el acuerdo celebrado el 16 de abril se hará efectivo “para el caso que se confirme la verosimilitud y utilidad de la información suministrada”, tal como establece la ley del arrepentido, que, pese a ser normativa nacional, no está reglamentada en la provincia de Buenos Aires, una de las deudas pendientes en materia judicial de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En este contexto, Perna declaró en dos jornadas, durante más de ocho horas, y aportó datos que deberán ser corroborados por la fiscal. “Se trata de información muy sensible en camino a reforzar la imputación de la fiscalía”, detallaron calificadas fuentes judiciales, con acceso al expediente, consultadas por este medio.

Las mismas fuentes detallaron que “la información que está circulando tiene muchos errores” y aclararon que de la declaración de la testigo arrepentida “hay solo dos copias reservadas, una en poder de la fiscal y otra a resguardo de la jueza de Garantías”. En relación al futuro de esas evidencias recalcaron que, “una vez que se termine con la transcripción y luego sea controlada por Garmendia, se incorporará plenamente a la causa para el acceso de las defensas”.


Marcela Garmendia, jueza de Garantías de La Plata.

 

Otras fuentes consultadas revelaron que en la declaración fueron mencionados dos abogados de La Plata que fueron defensores del marido de la arrepentida, también tras las rejas. Las pruebas obtenidas en el expediente son “abrumadoras” y se suman a la lista de escuchas telefónicas que complicaron la situación procesal de Perna.

Las dos jornadas de declaraciones fueron registradas en audio y esos documentos sonoros están en proceso de transcripción. Una vez terminada esa tarea, el audio y los textos serán confrontados por la jueza para terminar de validar el contenido y lego se incorporará “plenamente” al expediente para el “acceso y control” de las defensas.

La jueza Garmendia ya concedió la excarcelación de Pernas que también está detenida con prisión preventiva dictada por el juzgado de Garantías 8 de La Plata con sede en Cañuelas, en el marco de otra causa penal, en la que también fue liberada.

 

 

También la jueza dio intervención al “Programa Nacional Protección a Testigos e Imputados” para que se implemente el protocolo en relación a la acusada colaboradora. En la misma línea solicitó al ministro de Justicia y Seguridad porteño implementar una custodia fija a la familia de Perna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS. La aplicación de la figura del imputado arrepentido colaborador traerá aparejado posibles planteos de nulidades e inconstitucionalidades ya que, como se dijo, esa herramienta no está reglamentada en suelo bonaerense.

Ante ese panorama, la jueza Garmendia se adelantó a la jugada de las defensas: señaló que es en “consonancia con los compromisos internacionales asumidos” por el Estado argentino “al adherir a la Convención Interamericana contra la Corrupción y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. También recordó que el congreso nacional sancionó la mencionada norma 27.304 que “expande la aplicación del instituto procesal del Arrepentido”.

 


Martín Ordoqui, juez de Casación bonaerense.

 

En la misma línea sumó el antecedente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que contempló una situación similar a la que se presenta en la provincia de Buenos Aires respecto a la figura del arrepentido, y se pronunció en favor de la vigencia y aplicación de figuras legales (institutos procesales) reguladas en la legislación de fondo, pese a que dicha provincia no las haya reglado en la legislación procesal local.

“Dado que las nuevas disposiciones del Código penal se encuentran vigentes para todo el país desde el mes de junio de 2015, actualmente resultaría inconstitucional negar su aplicabilidad (…) invocando su falta de regulación procesal local”, sostuvieron los magistrados cordobeses en los que se basó la jueza Garmendia.

En otro pasaje de la resolución se sostiene que “toda restricción provincial a esa vigencia comportaría una excepción a la pretensión de validez nacional uniforme (…) introduciendo una diferencia local intolerable frente a las provincias donde sí se ha regulado, violando la garantía constitucional de igualdad” del artículo 16 de la Constitución Nacional que establece: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”

 

 

La hipótesis considerada por la Corte cordobesa “resulta análoga a la que se evidencia en esta provincia de Buenos Aires con relación al instituto del Arrepentido” y es por ello que “adhieron en un todo al sentido y fundamentos esgrimidos para ello”, sentenció Garmendia.

EL CASO. El 29 de agosto de 2018 el juez Martín Ordoqui fue ordenado por la Suprema Corte bonaerense a tomar licencia del cargo luego de ser imputado por “tráfico de influencias agravado” en el marco de otra causa en la que se investiga el accionar de una banda mixta integrada por policías, jueces, abogados y sicarios que operaba en La Plata, Quilmes y la Ciudad Autónoma Buenos Aires.

El 5 de diciembre del mismo año, al vencerse el plazo de la Corte, fue nuevamente apartado, esta vez, por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en lo que marcó el inicio del juicio político.


Eugenia Mercado, funcionaria de Casación detenida.

 

Eugenia Mercado, ex secretaria de Ordoqui, se transformó en la primera funcionaria de Casación bonaerense detenida. Se sospecha que actuaba de intermediaria para beneficios procesales (excarcelaciones o arrestos domiciliarios) de personas en conflicto con la ley. Actualmente está tras las rejas en un complejo federal y comparte pabellón con la arrepentida Perna.

Se sospecha que Ordoqui y su secretaria de Casación recibieron dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a Cristian Heine, esposo de la arrepentida Lidia perna y acusado de varias estafas. Como nexo en la negociación habría participado el operador político y judicial Enrique Petrullo, quien ya estaba detenido como integrante de la banda mixta mencionada que tiene tras las rejas al ex juez de Garantías de La Plata César Melazo y al ex fiscal Tomas Moran.

Este universo de investigaciones separadas en diferentes expedientes tienen una hipótesis en común, la corrupción judicial. “Nunca se estuvo tan cerca como ahora de probarla”, expresaron varios magistrados y magistradas consultadas por este medio.