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La delicada situación de uno de los jueces que liberaron a Mariano Bruera

Martín Ordoqui es miembro del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Por qué la Corte mandó a investigarlo. El cruce de llamadas con funcionarios municipales. Sus vínculos con Aníbal Fernández.
Por 10/07/2017 17:24

El juez de Casación bonaerense Martín Manuel Ordoqui nació el 1 de enero de 1959. No se conoce si fue el primer nacimiento de ese año en La Plata, pero sí que se transformó en el primero de los magistrados  del máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires en ser investigado por pedido de la Suprema Corte de Justicia. Cruces de teléfonos analizados con el sistema VAIC, utilizado durante la investigación por la que está preso Mariano Bruera, hermano del ex intendente platense Pablo Bruera, ponen en la picota a este funcionario cercano al ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Se sospecha que adelantaba telefónicamente información sobre allanamientos que se realizaron en el Palacio Municipal de la capital bonaerense en el mes de julio de 2014, según se desprende del expediente al que accedió Letra P.

El 5 de julio pasado, en la resolución 1425 de la Suprema Corte, la máxima instancia judicial provincial, dejó sin efecto la resolución de Casación firmada por Ordoqui y Jorge Celesia que liberó a Bruera y a otros ex funcionarios municipales. En la misma resolución, ordenó fotocopiar una parte del expediente y, certificación mediante, enviarlas al procurador general, Julio Conte Grand, para que se habilite una investigación penal en el marco del artículo 287 inciso 1 del Código Procesal penal, que establece la obligación para los funcionarios públicos de denunciar la existencia de un posible delito.

Las alarmas se encendieron tras el análisis de un informe realizado sobre teléfonos celulares en los que aparecen llamados entre el juez Ordoqui, el juez de Garantías del caso, Juan Pablo Massi, y otros actores de la investigación penal. Siempre según el informe pericial, las comunicaciones se cursaron entre el 4 y el 7 de julio de 2014. Los allanamientos se realizaron el día 8 de julio de aquel año, en el marco de la investigación por presuntos pedidos de coimas para rezonificar tierras, lotear y venderlas en el marco del plan de viviendas Pro.Cre.Ar.

Varias fuentes con acceso directo a la causa confirmaron la hipótesis a investigar y sumaron otro dato que será tarea para los investigadores. “Antes de hacer lugar al habeas” corpus que liberó a Mariano Bruera, Ordoqui “pidió informes para saber si su teléfono estaba involucrado en algún cruce, pero después no lo mencionó en la resolución, ni se excusó”, explicaron a Letra P.

El embrionario expediente penal fue girado a la Procuración General, desde donde deben girarlo a la fiscalía en turno de La Plata que, por fecha, recaería en la UFI 7, a cargo de Virginia Bravo. Una vez que reciba la documentación y su posterior análisis, se determinarán los pasos a seguir.

El juez Ordoqui se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Oriundo de una familia radical platense, a mediados de la década del ‘80 se cruzó con Aníbal Fernández en el Senado bonaerense, donde anudaron una fuerte amistad. Hay algunas versiones que lo señalan como un colaborador durante la situación de prófugo de Fernández, cuando era intendente de Quilmes y fue ordenada su detención.

Uno de sus primeros trabajos en la administración pública fue como abogado externo de la Municipalidad de Quilmes, a cargo de apremios judiciales a deudores morosos de tasas.

A fines de la década del ‘90, Ordoqui defendió al banquero Jorge Alejandro Desimoni, quien estuvo preso por la quiebra fraudulenta del Banco de Crédito Provincial, popularmente conocido por su sigla, BCP. Presentó Bonex para depositar como fianza y lograr la libertad de su cliente.

En 2008 abandonó el cargo de secretario del Tribunal de Casación que ocupaba desde su creación para incorporarse a la justicia de Quilmes. Años más tarde, volvió a La Plata, ya como juez de la máxima instancia penal bonaerense.

El 23 de septiembre de 2016, Ordoqui denunció haber sido víctima de un atentado cuando debía definir si los comisarios de La Plata acusados de extorsión debían volver a prisión, en el marco de la llamada “causa de los sobres”. La Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó, por mayoría, un recurso de hábeas corpus presentado por los defensores de algunos de los imputados. Ordoqui votó en sentido contrario.

El magistrado también incursionó como dirigente deportivo. Fanático de Estudiantes de La Plata, fue coordinador del área de seguridad del club durante la gestión de Enrique Lombardi. Renunció al quedar envuelto en una polémica por un lote en la localidad de City Bell, lindero al Country Club –el campo deportivo y recreativo de la institución platense-, situación cuya resolución nunca tomó estado público. Se trataba de los terrenos que salieron a la venta para reunir dinero extraordinario con el fin de construir el estadio en 1 y 57. Ordoqui sostenía que una de esas parcelas le pertenecía y que la había obtenido como parte de pago durante el ejercicio de la abogacía.

Luego volvió a la actividad y representó al Pincha en la Fundación Estadio Ciudad de La Plata, junto a Horacio Repucci y el ex presidente Eduardo Abadie.

Los problemas de Ordoqui con la seguridad de Estudiantes y su barra brava ya forman parte del pasado. El presente lo tiene involucrado, en principio, como sospechoso de un delito donde se mezcla política y justicia.

 

A la derecha, Mariano Bruera, hermano del ex intendente platense, volvió a prisión el jueves pasado.

 

EL CASO DE LAS COIMAS. Mariano Bruera había sido detenido el 7 de enero pasado, pero cinco días después fue liberado luego de que la sala de feria de Casación hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa del hermano del ex intendente.

Al revocar el fallo, la Corte entendió que no se fundó “de manera razonable la intervención de la Sala de Feria de manera excepcional en este hábeas corpus interpuesto como mecanismo de impugnación de decisiones previas que poseen legalmente conductos propios de impugnación” y ordenó que falle el juez de Garantías.

Con esa resolución, el magistrado Pablo Raele ordenó la detención de Bruera, del ex director General de Planeamiento y Obras Particulares Gustavo Petró, del ex secretario de Gestión Pública Enrique Sette y de Roberto Moreno, todos los que habían sido beneficiados por la sala de feria de Casación.

La causa contra Bruera comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario de La Plata, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en 2014, 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Pro.Cre.Ar.

Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreu eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.

Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contempla que las parcelas de más de una hectárea se pueden dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante. En ese marco, Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de aquella suma de dinero norteamericano.

A Sette y Moreno se les imputan los delitos de “exacciones ilícitas y cohecho pasivo” y de formar parte de una asociación ilícita, todos estos hechos en concurso real. A Petró y a Bruera les atribuyen el “delito de asociación ilícita”.