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Agustín Crispo es el nuevo magistrado garante del expediente iniciado por una denuncia de Carrió en 2016. Fue tras el apartamiento de la jueza anterior dispuesto por Casación bonaerense.
Por 06/12/2019 13:50

Agustín Carlos Crispo, titular del juzgado de Garantías 6 de La Plata, fue designado para intervenir en la megacausa por presunta corrupción en la administración que Daniel Scioli lideró en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador. Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que el magistrado fue designado por sorteo en la Cámara Penal de la capital bonaerense luego de que la Sala V de Casación apartara a su par Marcela Garmendia, a quien señalaron de actuar con parcialidad.

Con esta reciente designación, la causa vuelve a tomar impulso. El fiscal Álvaro Garganta ya dictó el cierre de sumario y se encamina el juicio oral para Scioli y sus ex colaboradores Alberto Pérez, Alejandro Collia, Antonio La Scaleia, Eduardo Aparicio, Walter Carbone, Guillermo Scarcella y el empresario Estanislao Miller, entre otros.

El pliego para juez de Crispo fue aprobado en el senado bonaerense el 11 de julio de 2019 por unanimidad y dos meses después fue oficializado en el cargo luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal firmara los decretos correspondientes. Se trata de un magistrado joven que aprobó sin sobresaltos todas las instancias de evaluación para acceder al cargo.

 

 

Crispo es quien le negó la excarcelación al ex juez de Garantías de La Plata César Melazo, procesado por formar parte de una megabanda criminal con policías y narcos blindada judicialmente, según la hipótesis de la fiscal del caso.

Ahora deberá entender en la causa abierta tras la denuncia presentada en 2016 por la líder de Cambiemos, Elisa Carrió, contra Scioli y sus ex funcionarios mencionados por presunto “lavado de activos” y “desvío de fondos” durante su gestión. Quedan pendientes de investigar otras áreas como Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Puerto La Plata y Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

En el expediente, los abogados defensores dejaron plasmado que desde “los albores de la presente causa, momento en el que los letrados asistentes de quienes siquiera eran todavía imputados, debieron requerir a la Cámara de Apelación y Garantías departamental su intervención virtualmente preliminar, para corregir los primeros desatinos de la señora Jueza de Garantías (Garmendia) en perjuicio de una correcta investigación y desamparo de los derechos de los investigados”.

 

 

El denominador común de ese accionar se centró en que, señalaron los letrados en la causa, la magistrada “asumió virtualmente estrategias y posiciones imputativas cual jueza instructora, pretendiendo subsumir en varios casos la función del Ministerio Público Fiscal”.

A la vez, sostuvieron que “otra actuación con sesgos ilegales y que linda con la clandestinidad fue la recepción por parte de la Jueza de pedidos de ciudadanos para ser tenidos como amicus curiaes”.

Y concluyeron que “la única fuente por la cual el fiscal dispuso la producción probatoria fue la presentación de la auto referida ‘amicus curiae’ Elisa Carrió”.