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La justicia dejó sin efecto el millonario embargo para el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, su ex ministro de Salud y un amigo empresario.
Por 13/07/2018 15:17

Luego de varios malos tragos judiciales, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le otorgó un bálsamo al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia y al empresario Ricardo Estanislao Miller, al dejar sin efecto el millonario embargo dictado por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, a pedido del fiscal Álvaro Garganta, que procesó a los tres involucrados por varios delitos.

En una resolución por mayoría, los camaristas Fernando Mateos y Raúl Dalto, hicieron lugar al planteo de los defensores Miguel Molina, Alfredo Gascón y Flavio Gliemmo. En tanto la jueza Silvia Oyhamburu entendió que debía mantenerse el embargo superior a los 189 millones de pesos.

 

 

Los camaristas entendieron que todavía no se había demostrado el daño patrimonial que habría perjudicado al erario bonaerense.

Scioli, Collia y Miller están acusados de desviar dinero destinado a la construcción de unidades sanitarias de pronta atención en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”, manifestó Garganta en el expediente.

 

 

En sus declaraciones indagatorias, tanto Scioli como Collia aseguraron que ellos no firmaban nada sin el aval de la Fiscalía de Estado. Además, resaltaron que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tampoco hizo objeciones en los expedientes de licitación para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en suelo bonaerense.

Los centros sanitarios se construyeron entre los años 2011 y 2015. Durante esos años, el Asesor General de Gobierno del sciolismo fue el actual ministro de Justicia vidalista, Gustavo Ferrari. Scioli y Collia también señalaron que desde esa repartición de control, tampoco fueron alertados de maniobra fraudulenta alguna.

Cabe recordar que cuando María Eugenia Vidal nombró ministro a Ferrari, el titular de la cartera de Justicia dijo en una entrevista con Letra P que su tarea en el sciolismo fue puramente “técnica” y que no tuvo ninguna función política mientras ejerció el cargo. En plena campaña electoral de 2015, Scioli presentó a su eventual Gabinete Nacional y Ferrari ocupaba el casillero de la estratégica Agencia Federal de Inteligencia (AFI), es decir, jefe de los espías.

 

 

La estrategia de las defensas es clara. Según ellos, no existieron irregularidades. De haberlas habida, eran los organismos de control (Fiscalía de Estado –Hernán Gómez-, Asesoría General de Gobierno –Gustavo Ferrari- y Tribunal de Cuentas –Eduardo Grinberg-) quienes deberían haberlo notado en su rol de fiscalización previa y posterior ejecución y pago de las obras.

En la audiencia previa al dictado del embargo, Fiscalía de Estado, que es particular damnificado en el expediente, no acompañó el pedido de embargo ni la prohibición de salir del país para los acusados, impulsados por el fiscal Garganta.

La jueza sostuvo en la resolución que: “El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal”, según se desprende del documento judicial al que accedió este medio.

 

 

Este expediente es una de las ramificaciones de la mega denuncia que la diputada nacional Elisa Carrió realizó para que se investigue los ocho años de gestión del gobierno de Scioli al frente del ejecutivo provincial.

En otros tramos de la presentación judicial se investigan movimientos de fondos públicos en la empresa de agua y cloacas ABSA, la obra social IOMA, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y la Jefatura de Gabinete, entre otros organismos.

 

 

También es materia de investigación penal varias licitaciones millonarias y alquileres de aviones privados junto a la impresión de boletas para las elecciones PASO, general y balotaje de 2015, cuando Scioli perdió las elecciones ante el actual jefe de Estado, Mauricio Macri.

Desembargados

La justicia dejó sin efecto el millonario embargo para el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, su ex ministro de Salud y un amigo empresario.

Luego de varios malos tragos judiciales, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le otorgó un bálsamo al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia y al empresario Ricardo Estanislao Miller, al dejar sin efecto el millonario embargo dictado por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, a pedido del fiscal Álvaro Garganta, que procesó a los tres involucrados por varios delitos.

En una resolución por mayoría, los camaristas Fernando Mateos y Raúl Dalto, hicieron lugar al planteo de los defensores Miguel Molina, Alfredo Gascón y Flavio Gliemmo. En tanto la jueza Silvia Oyhamburu entendió que debía mantenerse el embargo superior a los 189 millones de pesos.

 

 

Los camaristas entendieron que todavía no se había demostrado el daño patrimonial que habría perjudicado al erario bonaerense.

Scioli, Collia y Miller están acusados de desviar dinero destinado a la construcción de unidades sanitarias de pronta atención en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”, manifestó Garganta en el expediente.

 

 

En sus declaraciones indagatorias, tanto Scioli como Collia aseguraron que ellos no firmaban nada sin el aval de la Fiscalía de Estado. Además, resaltaron que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tampoco hizo objeciones en los expedientes de licitación para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en suelo bonaerense.

Los centros sanitarios se construyeron entre los años 2011 y 2015. Durante esos años, el Asesor General de Gobierno del sciolismo fue el actual ministro de Justicia vidalista, Gustavo Ferrari. Scioli y Collia también señalaron que desde esa repartición de control, tampoco fueron alertados de maniobra fraudulenta alguna.

Cabe recordar que cuando María Eugenia Vidal nombró ministro a Ferrari, el titular de la cartera de Justicia dijo en una entrevista con Letra P que su tarea en el sciolismo fue puramente “técnica” y que no tuvo ninguna función política mientras ejerció el cargo. En plena campaña electoral de 2015, Scioli presentó a su eventual Gabinete Nacional y Ferrari ocupaba el casillero de la estratégica Agencia Federal de Inteligencia (AFI), es decir, jefe de los espías.

 

 

La estrategia de las defensas es clara. Según ellos, no existieron irregularidades. De haberlas habida, eran los organismos de control (Fiscalía de Estado –Hernán Gómez-, Asesoría General de Gobierno –Gustavo Ferrari- y Tribunal de Cuentas –Eduardo Grinberg-) quienes deberían haberlo notado en su rol de fiscalización previa y posterior ejecución y pago de las obras.

En la audiencia previa al dictado del embargo, Fiscalía de Estado, que es particular damnificado en el expediente, no acompañó el pedido de embargo ni la prohibición de salir del país para los acusados, impulsados por el fiscal Garganta.

La jueza sostuvo en la resolución que: “El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal”, según se desprende del documento judicial al que accedió este medio.

 

 

Este expediente es una de las ramificaciones de la mega denuncia que la diputada nacional Elisa Carrió realizó para que se investigue los ocho años de gestión del gobierno de Scioli al frente del ejecutivo provincial.

En otros tramos de la presentación judicial se investigan movimientos de fondos públicos en la empresa de agua y cloacas ABSA, la obra social IOMA, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y la Jefatura de Gabinete, entre otros organismos.

 

 

También es materia de investigación penal varias licitaciones millonarias y alquileres de aviones privados junto a la impresión de boletas para las elecciones PASO, general y balotaje de 2015, cuando Scioli perdió las elecciones ante el actual jefe de Estado, Mauricio Macri.