El ex titular del IOMA Antonio Atilio La Scaleia pidió ser sobreseído en el marco de la mega causa iniciada en 2016 tras una denuncia de la líder nacional de Cambiemos Elisa Carrió, en la que solicitó se investigue las “cajas negras” de la administración del ex gobernador Daniel Scioli. En ese marco, el fiscal Álvaro Garganta realizó varios pedidos de juicio oral que deberán ser analizados por la jueza de Garantías, Marcela Garmendia.
En el alcance número 4 del expediente se indagó sobre el manejo de fondos en la obra social de los bonaerenses. Al tope de la lista de acusados se anota La Scaleia, junto a 19 funcionarios y presuntos empleados infieles, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de administración pública (78 casos que concursan realmente entre sí), uso de documento público falso (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con asociación ilícita”. En este tramo de la pesquisa, se indagó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias. En caso de ser hallados culpables, podrían ser condenados a 50 años de prisión.
Los abogados Leandro Brizuela y Gonzalo Díaz Cantón, defensores del ex funcionario y otros tres procesados, sostuvieron en su oposición al pedido de juicio oral que se trató de una “investigación penal persecutoria” y que la misma se encaminó “a buscar solamente la culpabilidad” de los acusados.
Los letrados resaltaron que aún restan medidas de prueba por realizar y que resultan “relevantes por abonar una hipótesis alternativa al capricho inicial de la denunciante compulsiva” Carrió, quien realizó una denuncia “irresponsable” y “artificiosa” orquestada “sobre la pretendida forma en que en su frondosa imaginación colige que habrían ocurrido los hechos”. Por ese fundamento, los defensores considera que se torna “arbitraria y nula la requisitoria de elevación a juicio presentada” por el fiscal Garganta.
En otro pasaje del documento judicial al que accedió Letra P, los defensores particulares sostienen que se dio “valor absoluto a la cinematográfica (…), ruidosa y claramente política denuncia planteada por la legisladora Elisa Carrió”, porque así “parecía convenir”, ya que era necesario “criminalizar la gestión anterior a como diera lugar, sin importar que con tamañas falsedades, se destruyeron familias, carreras y se manchó el prestigio de mucha gente absolutamente inocente”, ya que, en rigor, se trata, según la defensa, de una “total e incomprensible falsa denuncia”.
Además, consideraron que la denuncia está “teñida de revanchismo” con un contenido “absolutamente político”.
Los defensores trazaron la nulidad del pedido de juicio oral y reclamaron que se aplique el principio de “exclusión probatoria” para anular evidencias de cargo, por entender que se obtuvieron de manera ilegal.
MAGISTRADOS ENFRENTADOS. El 19 de octubre de 2018 el fiscal solicitó el juicio oral para los acusados. Desde entonces, las defensas realizaron distintos planteos de oposición y recusaron a la jueza Garmendia, quien se enfrentó con el fiscal.
El pasado 11 de febrero, el fiscal Garganta solicitó a la jueza que acelere los trámites para sentar en el banquillo de los acusados a Scioli y el resto de los procesados. A través un escrito, reclamó que las notificaciones a las defensas se realicen de forma "simultánea y no individual y sucesiva". Respaldó su propuesta al afirmar que le entregó a la magistrada copia digital de todo el expediente en dos DVDs.
La respuesta no tardó en llegar y Garmendia aseguró que los discos no contienen los "anexos documentales", por lo que reafirmó su decisión de correr traslado de forma individual con la causa física en mano. La medida, aseguró, busca resguardar "una de las etapas más cruciales del proceso penal y las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa". Garganta sostiene que esta metodología provocará que el proceso dure dos años, si se tiene en cuenta que cada imputado tiene hasta 15 días hábiles y que puede oponerse o pedir el cambio de calificación legal, entre otras medidas.
"Garganta busca la forma de subsanar una sensacional demora (que en verdad nunca ocurrió, ocurre ni ocurrirá) con un traslado simultáneo a las defensas técnicas mediante la provisión de dos DVDs con copia de la totalidad de los cuerpos e incidentes en los que requirió la elevación a juicio", sostuvo Garmendia en el inicio de su escrito al que accedió Letra P.
La causa tiene varios desgloses o alcances, cada “caja negra” es un expediente distinto, en los que se investigaron presuntas irregularidades por ente público. A modo de ejemplo, el "00" corresponde a las anomalías en la adjudicación de los centros de pronta atención UPA, mientras que el "04" a las halladas en IOMA. Garmendia comenzó a correr traslados a los primeros imputados de cada desglose y una vez que el acusado contesta se continúa con el siguiente.
"Ensayar en una causa tan sensible una adaptación sui seneris del proceso penal como la que pretende el Fiscal, además de inédita, es peligrosa. Ello por cuanto, como Jueza garante del proceso, no puedo asegurar que los dos DVDs (remitidos dentro de un sobre de papel madera sin ningún tipo de certificación fedataria ni especificación al efecto) contengan la total digitalización del expediente penal, como asevera el Agente Fiscal", afirmó la magistrada en respuesta a los dichos de Garganta.
