Más allá del rol que ocupan en el proceso formativo ciudadano, numerosas bibliotecas populares se reconvirtieron en los últimos años en espacios de contención social, transformando parte de sus instalaciones en comedores y merenderos para aquellos sectores más vulnerables. “Es un movimiento social y cultural que no se imaginó el gobierno que se va y que realmente cumple una función magnífica. Pero ni siquiera tuvimos un gesto en estos cuatro años”, sintetizó en diálogo con Letra P Luís Zurueta, referente de la Federación de Bibliotecas Populares bonaerenses, quien dio cuenta de la aguda crisis que se posa sobre estas entidades: “En los últimos años, alrededor de 120 bibliotecas se han cerrado, otras se mantienen como pueden”, enfatizó.
Así, Zurueta recalcó que “no fue satisfactoria” la relación con el gobierno de María Eugenia Vidal, al advertir que en el último tramo de la gestión “lo único que hicieron fue pagar en tiempo y forma lo que corresponde por el decreto-ley 9319/79”. Pero sucede que la subvención que se destina en base a esa legislación que data de la última dictadura cívico-militar es apenas la mitad de lo que tendrían que estar recibiendo las bibliotecas populares de aplicarse la ley 14.777, aprobada en la Legislatura bonaerense por unanimidad en octubre de 2015 pero que la administración vidalista no reglamentó.
Además de elevarse el monto que reciben estas instituciones hasta llegar a cerca de $40 mil, Zurueta marcó que esta ley que impulsó la diputada Rocío Giaccone representaría además “una democratización del área de literatura, de las bibliotecas” pero que en la administración vidalista “la dejaron abandonada”.
Actualmente, el apoyo provincial para una biblioteca popular no llega al 20% del total de lo que gasta una institución de estas características por mes.
“Lo que no tiene en cuenta esta gente es que los miembros de las comisiones directivas de las bibliotecas son empleadores y los bibliotecarios son empleados con un convenio colectivo bueno, que es lógico y respetable, pero con los que las bibliotecas no llegan a cubrir los costos, entonces nos hace mucha falta esa diferencia”, señaló el dirigente bibliotecario en alusión a la necesidad de que se reglamente la nueva ley para que se incremente el subsidio.
También, cuestionó que las bibliotecas populares “no tuvieron la posibilidad de acceder” a la tarifa social para costear los fuertes incrementos en las boletas de servicios públicos que, por ende, se transformaron en “un gran problema”.
Mientras tanto, sostuvo que los “juicios laborales están a la orden del día”. “El propio Estado te hace juicio, la propia Afip hace la demanda, ni siquiera el personal. Si no pagás en tiempo y forma las cargas sociales, te mandan la carta documento, viene la demanda y después vas a los Tribunales y ahí va la Comisión Directiva que tiene que responder con su patrimonio, cuando todos son ad honorem”, describió.
Bajo tal escenario, las bibliotecas que se mantienen en pie lo hacen “con actividades de todo tipo, concursos que realizan en la biblioteca, con la cuota de socios y mil formas diferentes como para poder llegar a fin de mes”, describió Zurueta para advertir que “sacando casos como Tigre o San Martín” son “muy pocos” los municipios que hacen un aporte financiero para el sostenimiento de estas entidades.
Con “expectativas” de que la próxima gestión reglamente la ley que representaría un alivio financiero para el sector, el dirigente bibliotecario hizo un balance negativo de la gestión Vidal: “Estuvieron cuatro años y no fueron capaces de llamarnos ni hablar con el sector social que representan las bibliotecas populares. Aproximadamente, vecinos que ponen su esfuerzo y dedicación a la biblioteca, podemos ser alrededor de 60 mil personas y eso no lo tuvieron en cuenta para nada, no les interesó”.
