La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Marina Sánchez Herrero, hizo un exhaustivo análisis de la tarea realizada durante el primer año de trabajo en ese organismo. Allí se manifestó “muy satisfecha” con lo realizado en materia de género, aunque aseguró que “nada está terminado”.
Ante un aula magna concurrida de la facultad de Derecho, con la presencia de magistrados, profesionales del Derecho y autoridades políticas como el intendente electo de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, la consejera representante de los abogados del interior señaló que uno de sus grandes desafíos a lo largo del año fue “lograr que el Consejo vea a la justicia con ojos del abogado litigante, que es quien tiene la visión más universal, sin desmerecer al resto de las miradas”.
“Nosotros somos auditores naturales del Poder Judicial y tenemos una mirada aguda sobre lo que tiene que cambiar y lo que está bien. Sobre eso trabajo en todas las comisiones”, ahondó. A los saludos enviados durante la jornada, se sumó una carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.
Acompañada por autoridades académicas, por el diputado provincial Maximiliano Abad, por el secretario de gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik y por el mencionado Montenegro, Sánchez Herrero reconoció que en temáticas de género “los proyectos salieron de manera unánime”.
En ese sentido, ponderó: “Se logró avanzar en lo que para mí es lo más importante: la mirada de género sobre el justiciable. No tanto en referencia a cuántas mujeres ocupamos los lugares, sino que todos lo que ocupemos los lugares tengamos mirada de género. Eso nos involucra también a los abogados, porque somos los que escribimos y llevamos adelante el proceso”.
De todas formas, recalcó: “Nada está terminado, especialmente en cuestiones de género y también avanzar sobre el mapa judicial de la Argentina, que si bien no depende del Consejo, de nosotros depende la conectividad y todo lo que tiene que ver con la judicialización”.
En el cierre, Sánchez Herrero destacó la necesidad de “evitar cualquier tipo de discriminación o trato inequitativo que tengamos los abogados por nuestra calidad de litigantes”.