La causa que tramita en la justicia Penal de La Plata en la que se investiga el desvío de, al menos, 18 millones de pesos del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) ya no tiene detenidos. Tal como anticipó Letra P, previo pago de fianzas millonarias, recuperaron la libertad el ex titular de la entidad Jorge “Piedrita” Rodríguez y su ex tesorero Jorge Maggi, luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías hizo lugar al habeas corpus presentado por los abogados particulares.
Rodríguez pagó en efectivo una fianza de tres millones y medios de pesos y el miércoles 16 de enero, por la noche, regresó a su hogar. Maggi recurrió a familiares y amigos que pusieron propiedades como garantías hasta cubrir el monto de tres millones de pesos.
Ambos ex funcionarios de la gestión del multiprocesado Daniel Scioli como gobernador bonaerense se entregaron en la tarde del viernes 4 de enero en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata donde se negaron a declarar. Los abogados Julio Beley y Marcelo Peña plantearon las excarcelaciones ordinarias que fueron rechazadas por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi.
Tras el revés judicial recurrieron a la Cámara de Apelaciones con un habeas corpus que fue resuelto favorable para los acusados. En el dictamen emitido por unanimidad por los jueces Sergio Almeida, Laura Lasaga y María Silvia Oyhamburu, entendieron que, en caso de condena, la misma “podría ser de ejecución condicional”.
También valoraron que no existen riesgos procesales y que ambos acusados siempre se sometieron ante cada llamado de la justicia, pese a que, técnicamente, Maggi y Rodríguez estuvieron prófugos.
Los ex funcionarios están procesados por emitir órdenes de publicidad apócrifas por más de 18 millones de pesos. Se sospecha que parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Scioli en 2015 y el resto fue al patrimonio personal de los encausados.
En el marco de este expediente también fueron detenidos y luego liberados otros ex funcionarios. Se trata de Luis Mariano Bordenave y Diego Alejandro Selva, también involucrados en la maniobra que perjudicó al fisco provincial. En tanto Alejandro Ramina, Marisa Ariznavarreta, Mónica Minteguia, Eva Casarico, Orlando Orsatti, Héctor Linghuitano, César Hernández y Néstor Vera están procesados como partícipes secundarios de la maniobra. También todos están en libertad.
La causa es investigada por el fiscal Hugo Tesón, quien ya apeló las libertades de Bordenave y selva. Se espera que haga lo mismo con las de Rodríguez y Maggi.
Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.
La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio Melitón López, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo.
En rigor el caso estuvo encuadrado como asociación ilícita, malversación de fondos públicos y peculado, pero solo quedó en pie la última de las figuras penales.
El delito se entiende al peculado como una conducta ilegal que sólo pueden cometer los funcionarios públicos. Generalmente es excarcelable, según el antecedente del caso Gabriel Maidana, el ex administrador del Hipódromo de La Plata, procesado por vender ilegalmente en Chile los derechos de televisación de las carreras.
Ese expediente comenzó en 2017 luego de una denuncia contra Maidana, quien estuvo a cargo del circo hípico platense desde el año 2012 hasta 2015. Se sospechaba de manejos irregulares de fondos a partir de la venta ilegal de los derechos de televisación de las carreras para que se emitan en las pantallas del Club Hípico Concepción de Chile. Fuentes judiciales recordaron que en el legajo penal se acreditó que el ex funcionario del circo hípico platense, todos los meses, cruzaba al país trasandino y embolsaba 120 mil dólares que, se sospecha, engrosaron su patrimonio personal.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, integrada en esta feria judicial por los jueces Sergio Almeida, Laura Lasaga y María Silvia Oyhamburu, tienen para este tipo de delitos el criterio de otorgar la excarcelación a cambio del pago de una fianza, para que el acusado transite el proceso en libertad, siempre que no registre antecedentes y se haya sometido a cada requerimiento judicial previo a su detención es decir, esté “ajustado a derecho” en la jerga tribunalicia. Así, al menos, lo demostraron en este expediente.
Los ocho años de mandato del ex motonauta son inquiridos en varias causas que tramitan en La Plata y que en este 2019 tendrán significativos avances. En el marco de esas investigaciones están procesados y en libertad el propio Scioli junto a Alejandro Collia (ex ministro de Salud), Alberto Pérez (ex Jefe de Gabinete), Guillermo Scarcella (ex titular de Aguas Bonaerenses –ABSA-), Antonio Atilio La Scaleia (ex titular de IOMA la obra social de los bonaerenses), Eduardo Aparicio (ex ministro de Desarrollo Social) y el ex subsecretario administrativo, Walter Carbone, dueño de una caja fuerte en forma de dragón que fue televisada en una virtual cadena nacional durante el allanamiento a su vivienda en un lujoso barrio cerrado. Nadie está tras las rejas.
