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Aurelius demanda casi 84 millones de dólares en concepto de cupón PBI impago en 2014, pero podrían sumarse otros litigantes. El Gobierno debe responder a una corte de Nueva York en 60 días.
Por 14/01/2019 15:32

La demanda del fondo buitre Aurelius Capital Management contra la Argentina por el supuesto impago de 83,7 millones de dólares podría alcanzar una dimensión mucho mayor si se suman a la misma otros tenedores de bonos de deuda atados al crecimiento del PBI.

La Argentina deberá responder a la demanda en 60 días ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), se informó.

Sebastián Maril, economista de Research for Traders especializado en títulos públicos y litigios internacionales, le dijo a Letra P que “varios dijimos en su momento que el cambio de la base de cálculo del PBI iba a terminar mal; era algo que se venía venir. Sin embargo, no hubo juicios durante estos años porque el mercado esperaba que en algún momento se produjera un crecimiento de la economía que gatillara el pago de ese cupón, lo que finalmente no ocurrió”.

 

 

La historia de este caso se remonta a marzo de 2014, cuando el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento del PBI del año anterior había sido del 3%, inferior al límite de 3,22% fijado en el prospecto de esos títulos para que se gatillara el pago extra a los inversores, estimado entonces en 3.500 millones de dólares.

El problema es que ese 3% surgió de un cambio en la base de cálculo del PBI, algo que había reclamado el Fondo Monetario Internacional por considerar que las estadísticas oficiales no eran transparentes. Anteriormente, datos preliminares habían sugerido que el país iba a crecer más y, por lo tanto, a tener que pagar dicho monto.

 

 

Aurelius es probablemente el fondo buitre más conocido para los argentinos después de NML Capital. Se trata de nombres que se hicieron notorios debido al traumático juicio de los holdouts, cerrado en 2016 por la administración de Mauricio Macri mediante un pago de 9.300 millones de dólares.

“Aurelius dice tener bonos por (valor nominal de) 890 millones de dólares y demandan intereses no pagados por casi 84 millones”, dijo Maril desde Estados Unidos en diálogo con este portal. “Que Aurelius y no Doña Rosa sea el que litiga invita a que esto se convierta en una bola de nieve fea”, añadió.

El economista explicó que ese tipo de recálculo “es algo que suelen hacer distintos países, pero en nuestro caso nos juegan en contra los antecedentes”.

El nivel de reclamos que esta demanda puede generarle al Estado se corresponde con el hecho de que los bonos con cupón PBI, emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010, se cuentan entre los papeles de deuda argentina más buscados. Sin embargo, su propia naturaleza siempre fue polémica, al punto que en 2016, cuando los mercados internacionales estaban abiertos para el país, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y quien era secretario de Finanzas, Luis Caputo, planearon un modo de sacarlos de circulación, al menos en buena medida.

En efecto, en junio de 2016 el Gobierno colocó dos títulos por 2.750 millones de dólares, con vencimientos a 12 y 20 años, que pagaron, respectivamente tasas del 6,625 y el 7,125%, para destinar lo recaudado a la recompra de bonos cupón PBI.

 

 

 

Según se prometió entonces, la operación se iba a realizar antes de que terminara ese año e iba a implicar un ahorro de 9.400 millones de dólares para el país, sobre una deuda contingente de cerca de 14.000 millones.

Con todo, esa operación nunca se concretó.

“Prat-Gay quería hacer la recompra, pero los bonos cupón PBI se siguieron operando y, de hecho, son unos de los más pedidos en el mercado”, remató Maril.

Temen que derive en una bola de nieve el juicio de un fondo buitre

Aurelius demanda casi 84 millones de dólares en concepto de cupón PBI impago en 2014, pero podrían sumarse otros litigantes. El Gobierno debe responder a una corte de Nueva York en 60 días.

La demanda del fondo buitre Aurelius Capital Management contra la Argentina por el supuesto impago de 83,7 millones de dólares podría alcanzar una dimensión mucho mayor si se suman a la misma otros tenedores de bonos de deuda atados al crecimiento del PBI.

La Argentina deberá responder a la demanda en 60 días ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), se informó.

Sebastián Maril, economista de Research for Traders especializado en títulos públicos y litigios internacionales, le dijo a Letra P que “varios dijimos en su momento que el cambio de la base de cálculo del PBI iba a terminar mal; era algo que se venía venir. Sin embargo, no hubo juicios durante estos años porque el mercado esperaba que en algún momento se produjera un crecimiento de la economía que gatillara el pago de ese cupón, lo que finalmente no ocurrió”.

 

 

La historia de este caso se remonta a marzo de 2014, cuando el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento del PBI del año anterior había sido del 3%, inferior al límite de 3,22% fijado en el prospecto de esos títulos para que se gatillara el pago extra a los inversores, estimado entonces en 3.500 millones de dólares.

El problema es que ese 3% surgió de un cambio en la base de cálculo del PBI, algo que había reclamado el Fondo Monetario Internacional por considerar que las estadísticas oficiales no eran transparentes. Anteriormente, datos preliminares habían sugerido que el país iba a crecer más y, por lo tanto, a tener que pagar dicho monto.

 

 

Aurelius es probablemente el fondo buitre más conocido para los argentinos después de NML Capital. Se trata de nombres que se hicieron notorios debido al traumático juicio de los holdouts, cerrado en 2016 por la administración de Mauricio Macri mediante un pago de 9.300 millones de dólares.

“Aurelius dice tener bonos por (valor nominal de) 890 millones de dólares y demandan intereses no pagados por casi 84 millones”, dijo Maril desde Estados Unidos en diálogo con este portal. “Que Aurelius y no Doña Rosa sea el que litiga invita a que esto se convierta en una bola de nieve fea”, añadió.

El economista explicó que ese tipo de recálculo “es algo que suelen hacer distintos países, pero en nuestro caso nos juegan en contra los antecedentes”.

El nivel de reclamos que esta demanda puede generarle al Estado se corresponde con el hecho de que los bonos con cupón PBI, emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010, se cuentan entre los papeles de deuda argentina más buscados. Sin embargo, su propia naturaleza siempre fue polémica, al punto que en 2016, cuando los mercados internacionales estaban abiertos para el país, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y quien era secretario de Finanzas, Luis Caputo, planearon un modo de sacarlos de circulación, al menos en buena medida.

En efecto, en junio de 2016 el Gobierno colocó dos títulos por 2.750 millones de dólares, con vencimientos a 12 y 20 años, que pagaron, respectivamente tasas del 6,625 y el 7,125%, para destinar lo recaudado a la recompra de bonos cupón PBI.

 

 

 

Según se prometió entonces, la operación se iba a realizar antes de que terminara ese año e iba a implicar un ahorro de 9.400 millones de dólares para el país, sobre una deuda contingente de cerca de 14.000 millones.

Con todo, esa operación nunca se concretó.

“Prat-Gay quería hacer la recompra, pero los bonos cupón PBI se siguieron operando y, de hecho, son unos de los más pedidos en el mercado”, remató Maril.