14|9|2022

Stornelli impulsó la denuncia contra Alonso por la consultora PRO

20 de septiembre de 2018

20 de septiembre de 2018

La acusación fue ratificada y la titular de la Oficina Anticorrupción será investigada por presunta corrupción en la contratación de una firma de prensa y lobby. Instruye el juez federal Casanello.

El fiscal Carlos Stornelli dio impulso a la denuncia penal contra Laura Alonso por la supuesta contratación irregular en la Oficina Anticorrupción de la consultora Consuasor, una firma prohijada por el oficialismo que además ofrecía tareas de lobby ante el Estado. La causa está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, quien esta semana comenzó a ejecutar medidas de prueba. 

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La denuncia por presuntos negocios incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de funciones había sido presentada el 17 de julio pasado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien a su vez recogió una serie de notas publicadas en Página/12 y Letra P que daban cuenta de cómo Alonso contrató a Consuasor por un monto de 990.000 pesos anuales (82.500 pesos mensuales) y trató de ocultar el vínculo

 

El impulso del fiscal federal a la acción penal resultó decisivo porque, de lo contrario, la denuncia habría caído aunque tuviera fundamento, de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

 

Stornelli se tomó dos meses -un período inusualmente largo- para concretar la acusación contra Alonso, una dirigente que llegó al PRO de la mano de Daniel Angelici, el gestor de intereses del oficialismo ante la Justicia y presidente de Boca Juniors, club en el que el fiscal fue responsable de seguridad bajo la gestión de Mauricio Macri

 

Una vez conocida la denuncia de Martínez Herrero, la primera reacción del titular de la fiscalía federal 4 fue considerar que no tenía cuerpo suficiente, indicó una fuente cercana a su oficina. Luego de solicitar informaciones básicas a la oficina que dirige Alonso y dada la claridad del caso, Stornelli debió dar curso a la acusación. 

 

Las aparentes ilegalidades o irregularidades en la contratación dispuesta por la titular de la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción son al menos cinco. 

 

-Alonso pagó a una consultora para relacionarse con la prensa, tarea que en los organismos públicos es llevada a cabo por empleados permanentes o contratos de locación de servicios, con los que de hecho cuenta la Oficina Anticorrupción. 

 

-Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por el Estado por mantener deuda con el fisco y otras irregularidades, según un dictamen del extinto Ministerio de Producción. Quizás por esa razón, Alonso dispuso pagos individuales a los dos socios de la firma, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice. Sin embargo, también prestaban servicios otros empleados de la consultora que no estaban registrados por el Estado. 

 

Producción recomendaba desestimar la contratación de Consuasor.

 

 

-La consultora en cuestión había sido fundada por Sosa Loprandi, Giúdice y Juan Gabriel Gentile. Este último, hasta su fallecimiento en septiembre de 2017, fue subsecretario de Comunicación Pública con despacho en la Casa Rosada y había sido jefe de prensa del PRO y del senador Federico Pinedo. Gentile se separó de Consuasor cuando Macri asumió la Presidencia, en diciembre de 2015. 

 

-Consuasor ofrecía en su página web servicios de lobby para empresas y análisis de riesgo regulatorio, tareas incompatibles con contratados por el Gobierno, de acuerdo a la ley de Ética Pública que justamente tiene a Alonso como autoridad de aplicación. 

 

-Como la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión Cambiemos, se daba la inconveniencia de que Alonso tenía a Sosa Liprandi con acceso a su oficina (definido por diversas fuentes como integrante de la mesa chica), quien a su vez asesoraba a funcionarios a los que la OA debía controlar. Tal fue el caso del entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien supuestamente fue investigado por Alonso en enero cuando se conoció que insultaba, amenazaba, pagaba en negro y había acomodado en un sindicato intervenido a su casera Sandra Heredia.  

 

 

La firma se ofrecía como lobista ante el Gobierno.

 

 

La punta del ovillo surgió en diciembre pasado, cuando Letra P consultó a la OA por la vía habitual de prensa para obtener una información, y la respuesta llegó a través de una empleada de Consuasor. 
Desde mediados de enero, cuando este periodista intentó contactar a Alonso para esclarecer los primeros indicios turbios de su relación con Consuasor, la experta en Ética apeló a diversas herramientas como no contestar, negar, entregar datos confusos e incompletos y bloquear la información con argumentos banales. Todo ello por escrito con la firma de empleados bajo su dependencia, dado que parte de las consultas fueron realizadas a través de pedidos de acceso a la información pública. 

 

Finalmente, siete meses después de la primera llamada, la OA terminó de admitir que contrató a Sosa Liprandi y Giudice desde marzo de 2017, y que estipuló un sueldo mensual de 44.000 pesos para el primero y 38.500 para el segundo durante 2018. 

 

Las primeras notas sobre Alonso y Consuasor fueron publicadas en Página/12 en enero. Tres meses después, los contratos fueron dados de baja, informó la OA. Como si hubieran recibido una orden conjunta, las otras dependencias del Estado que tenían contratados a Sosa Liprani y Giudice también anularon su vínculo formal, a excepción de la oficina de Pinedo en el Senado, que lo reformuló. 

 

No obstante, la consultora siguió haciendo gestiones en nombre de Alonso hasta junio, pudo constatar Letra P

 

La OA se negó a responder a este medio cuál fue el criterio por el que contrató a Consuasor; si se trató de una recomendación, presentación espontánea o compulsa de méritos.