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Todos los nombres de los ex funcionarios investigados judicialmente por su posible participación en el armado de la logística para la evasión.

Por 20/08/2018 14:59

El juicio oral a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, protagonistas de la cinematográfica triple fuga de la cárcel de máxima seguridad ubicada en la localidad bonaerense de General Alvear, debe leerse en clave política. En medio de un contexto de hiperactividad judicial en los tribunales federales de Comodoro Py por los “cuadernos de la corrupción K” que habría escrito Oscar Centeno, chofer del ex funcionario Roberto Baratta (mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido), y que puso tras las rejas a varios empresarios ligados al negocio de la obra pública, en provincia de Buenos Aires irrumpieron los autores de la primera turbulencia en los gobiernos de Cambiemos (nacional y provincial), para poner en escena e intentar subir al camión de traslados al ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

La defensa no cuestiona las acusaciones, es más, los delitos están confesos por los autores, al punto que en un tramo de su extensa declaración, Martín Lanatta le pidió “disculpas” a los penitenciarios que amenazaron, maniataron y tomaron de rehén para ejecutar el escape en la madrugada del 27 de diciembre de 2015. Saben que los esperan varios almanaques tras las rejas.

Los acusados estaban (y están) cumpliendo con su condena en estado firme de prisión perpetua. Fueron encontrados culpables del triple crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), cuyos cadáveres fueron hallados el 13 de agosto de 2008 en General Rodríguez. En la investigación se dio por probado que las víctimas estaban en el negocio clandestino del tráfico de efedrina a México, donde se procesaba para drogas sintéticas, alimentando el negocio del narcotráfico a escala mundial.

 

 

Desde su detención, los Lanatta y Schillaci, siempre apuntaron contra Aníbal Fernández. Lo señalan como el autor ideológico del triple crimen y en la audiencia del jueves 16 de agosto, Martín Lanatta aportó el nombre de un policía de La Plata, Maximiliano Martínez, como el presunto ejecutor del triple homicidio narco. Hasta el momento, ni en la causa bonaerense ni en el expediente federal, se conoce la existencia de pruebas que inscriban en la lista de sospechosos al policía y al ex candidato de Gobernador bonaerense en 2015.

Los tres convictos evadidos son oriundos de la localidad de Quilmes, la patria chica de Fernández. Lanatta asevera que conoce al dirigente del PJ “hace mucho tiempo”. También que trabajó para él y su colaborador, Andrés Meiszner, como un operador externo que gestionaba para “empresarios y políticos” permisos de portación de armas a cambio de “diez mil dólares” por certificado.

Pero el clima máximo de su declaración se dio, no con los detalles de la fuga, sino cuando aseveró que registró “en cuadernos” todos los encargues de Fernández y Meiszner pero nada de lo que declaró hasta el momento, se corrobora en el expediente. Lanatta no se defiende en su declaración, al contrario, acepta todos los cargos de la fuga, pero utiliza los estrados de la justicia Penal de La Plata para enviar mensajes, no solo a los mencionados.

 

 

Paralelo a la causa que está en plena etapa del debate, tramitan, al menos, dos investigaciones. Una está en La Plata en manos de la fiscal Virginia Bravo, quien tiene procesados a varias ex autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense. La otra tramita en Bahía Blanca, donde emerge la figura del ex funcionario y abogado César Albarracín, ex secretario de Política Criminal de la provincia de Buenos, en tiempos de Ricardo Blas Casal como súper ministro de Justicia y Seguridad. Eran carne y uña. No era posible escindirlos de la gestión.

En medio de ese escenario quedó la abogada Florencia Piermarini, ex titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que llegó al cargo de la mano de Daniel Scioli y se fue tras la escandalosa evasión. Ella quiere ser investigada en Bahía Blanca, busca atarse a la suerte de su colega, pero el 31 de julio pasado recibió un revés judicial cuando se confirmó a la fiscal Bravo como su investigadora natural, aunque esa resolución fue recurrida, por lo que aún no está firme.

En este tramo de la investigación se indaga sobre las presuntas responsabilidades de penitenciarios que, se sospecha, colaboraron con la evasión.

 

 

En su declaración, Lanatta mencionó a los penitenciarios Mario Bolo, César Luis Tolosa, Manuel Guebara, Claudio Cardo (sub jefe del SPB al momento de la fuga), y Jorge Ariel Elicheheribetti (quien era sub jefe del penal) como facilitadores de la evasión. Pero el convicto sostiene que todo fue orquestado por Aníbal Fernández para que los maten en pleno escape.

Un dato que llamó la atención. Lanatta confesó que durante su estadía en el penal de Lisandro Olmos, “compró el cupo” en la zona de “los honguitos” que son pequeños departamentos con todos los servicios, dentro del complejo penitenciario. Allí suelen ir los detenidos no conflictivos, de edad avanzada y religiosos. Lanatta no cumplía ninguno de esos requisitos. Pagaba “ocho mil pesos por mes a Elicheheribetti”, declaró ante el juez y la fiscal de juicio. Otro delito que se deberá investigar.

Nadie sabe explicar, hasta el momento, cómo lograron los convictos: hacerse de uniformes penitenciarios (para camuflarse en pleno plan de escape), construir un arma de juguete sin ser descubiertos en los controles (requisas), obtener precintos plásticos que usaron para maniatar a los guardias y el apoyo externo (camioneta con chofer).

 

 

Los guardias no procesados que declararon y los fiscales que investigan, aseveraron que “sin ayuda interna y externa” la fuga del penal de máxima seguridad “es casi imposible”.

Una de las preguntas que surge recurrentemente ¿Será verdad la posibilidad de un complot? A la fecha de la fuga, la gestión de María Eugenia Vidal recién comenzaba, llevaba apenas 17 días y el SPB seguía funcionando con la herencia sciolista. En su declaración Lanatta alegó que el objetivo de esta oscura trama era -según le habrían asegurado los organizadores- "romperle el culo a la gobernadora y para que te retractes de las acusaciones contra Aníbal Fernández". En la estructura del SPB seguían activos los funcionarios de la “Ola Naranja”.

En la línea del complot, en la última audiencia declararon dos testigos que complicaron al ex funcionario sciolista César Albarracín, quien fue señalado como quien ordenó retirar el equipo de grabación de las cámaras de seguridad (DVR) que monitoreaban a los hermanos Lanatta y Schillaci.

 

 

Al momento de la fuga Albarracín ya no cumplía funciones en el gobierno provincial pero aguardada para asumir como fiscal en Casación bonaerense. Pero lo cierto es que la cadena de custodia del dispositivo DVR aparece, en primera instancia, adulterada.

En diálogo con Letra P, Albarracín reconoció que él en persona retiró el dispositivo y los cd’s grabados para resguardo ante un eventual pedido judicial. Fue tras la emisión de la entrevista televisiva a Martín Lanatta (cuando acusó al entonces candidato a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández de vínculos con el narcotráfico); la aparición de una cámara oculta en la que el abogado Antonio Solivaret ofrece dinero para despegar a Fernández del triple crimen narco de General Rodríguez y finalmente por la denuncia penal que realizó Elisa Carrió para que se investigue la credibilidad del video a Solivaret.
 


“Ese DVR lo devolví al penal en noviembre de 2015, lo tuve un mes en el ministerio y lo devolví un mes antes de la fuga, desconozco por qué no lo volvieron a conectar”, expresó Albarracín.

“Al momento de la fuga yo ya no estaba en funciones”, reiteró el abogado.

Toda esta secuencia ocurre luego del adelanto exclusivo de Letra P en el que se informó el plan de la gobernadora Vidal para recuperar imagen en la opinión pública, luego del cimbronazo que generó la denuncia penal por los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones 2017 de la provincia de Buenos Aires.

Vidal y su mesa chica comenzarán a confrontar con el pasado, con el objetivo de asustar al electorado y mostrar a Cambiemos como el anhelado progreso del futuro que pelea con la cara más terrible del pasado que quiere volver.