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El retiro de un sistema de grabación que registraba los movimientos de los internos encendió las luces de alerta en la fiscal de juicio y la defensa. Por el hecho ya hay una investigación abierta.
Por 17/08/2018 16:13

En el juicio oral por la triple fuga del penal de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear, ocurrido en diciembre de 2015, declararon dos testigos que complicaron al ex funcionario sciolista César Albarracín. El ex secretario de Política Criminal, fue señalado como el responsable que ordenó retirar el equipo de grabación de las cámaras de seguridad donde estaban alojados los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci quienes con su evasión generaron la primera de las turbulencias en los gobiernos provincial y nacional de Cambiemos.

La fuga se ejecutó el 27 de diciembre de aquel año, con apenas 16 días en la gestión de María Eugenia Vidal. También declaró el hermano de uno de los acusados y aseguró que se entrevistó con un abogado que aseveraba ser íntimo del ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández y les prometió ayuda a cambio de un video que limpie la imagen del ex funcionario.

Pablo Cagioli era el encargado del área de sistemas del penal de General Alvear. En su declaración confirmó que en octubre de 2015 quitó el equipo DVR donde quedaba registrada la grabación de la zona donde estaban alojados los acusados. “Fue por pedido del director del penal, Manuel Guebara” explicó para luego aclarar que “Albarracín le pidió el video al Director de la unidad”.

 

 

Antes había declarado otro empleado de sistemas, Sebastián Desideri, quien revelo que él era el encargado de almacenar en cd’s las grabaciones y que en el penal se comentaba que el dispositivo de almacenamiento de imágenes había sido retirado por pedido de Albarracín.

Al momento de la fuga Albarracín ya no cumplía funciones en el gobierno provincial pero aguardada para asumir como fiscal en Casación bonaerense. Pero lo cierto es que la cadena de custodia del dispositivo DVR aparece, en primera instancia, adulterada.

Tras la fuga, el ex funcionario sciolista fue procesado por el fiscal de General Alvear, Cristian Citterio. Hay sospechas de que la ex mano derecha del entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal colaboró para la evasión y el posterior entorpecimiento de la investigación (se habría llevado las grabaciones de las cámaras de seguridad).

Albarracín denunció al fiscal, lo acusa de utilizar documentación falsa para procesarlo. Esa denuncia tramita en la justicia de Dolores. Por ese motivo, antes de irse del cargo, la ex Procuradora General peronista María del Carmen Falbo, ordenó que la investigación a su ex compañero de gestión se tramite en el sur bonaerense. El expediente está en manos del fiscal Gustavo Zorzano, quien saltó a la fama tras detener a la cúpula de la seccional Bahía Blanca del gremio UOCRA a quien los procesó por asociación ilícita y extorsión, entre otros cargos.

 

 

En diálogo con Letra P, Albarracín reconoció que él en persona retiró el dispositivo y los cd’s grabados para resguardo ante un eventual pedido judicial. Según explicó el ex funcionario, las declaraciones televisivas de Lanatta (en el programa "PPT") vinculando al por entonces candidato a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández con el narcotráfico, sumado a la cámara oculta en el que aparece el abogado Antonio Solivaret ofreciendo dinero para despegar a Fernández y la posterior denuncia penal presentada por Elisa Carrió para que se investigue la veracidad de ese video, motivaron la decisión de "guardar" de forma personal el material oficial.

"Me llevé el material para resguardarlo antes un eventual pedido de la justicia, porque si desaparecía iban a decir que estábamos encubriendo el caso" afirmó Albarracín

“Ese DVR lo devolví al penal en noviembre de 2015, lo tuve un mes en el ministerio y lo devolví un mes antes de la fuga, desconozco por qué no lo volvieron a conectar”, expresó el abogado.

Además recordó que toda esa secuencia ya fue explicada en el expediente judicial que tramita en la justicia de Dolores, en la que denunció al fiscal Citterio por usar documentación adulterada para procesarlo.

“LA MORSA”

Franco Schillaci, hermano de Víctor, declaró en la cuarta audiencia de debate que el mismo día de la fuga fue golpeado y maltratado por personal de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Inclusive fue amenazado de muerte.

 

 

Su casa de la localidad de Berazategui fue allanada por personal policial y penitenciario. Según su testimonio, los policías bonaerenses querían capturar con vida a los evadidos mientas que los penitenciarios “los querían matar”. Al momento de la fuga, la abogada Florencia Piermarini resistía al cambio de gobierno y seguía al frente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue parte de la herencia de funcionarios de la gestión del ex motonauta Gobernador. Tras la captura en Santa Fe, renunció al cargo y fue procesada junto con Albarracín.

El testigo dijo que estuvo dos meses detenido por orden del fiscal Citterio. Durante su estadía en prisión fue amenazado de muerte y aseveró que no hizo las denuncias “por miedo” y reveló que es habitual que autos sin patente y con los vidrios polarizados pasen por el frente de su casa y le saquen fotos.

Schillaci recordó que antes de la fuga se entrevistó con un abogado “de apellido Solivaret” que dijo ser “el abogado de Aníbal Fernández” quien le insistió para que los acusados lo reciban en el penal de General Alvear.

Antonio Solivaret fue filmado con una cámara oculta dentro del penal con los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, en busca de una tregua que beneficiara al entonces candidato a gobernador, acusado de ser "La Morsa".

El juicio se reanudará el próximo martes 21 de agosto a las 10:00 horas con el relato de más testigos penitenciarios, según lo dispuesto por el juez Juan José Ruiz.