El gobierno de María Eugenia Vidal espera la definición del Presupuesto nacional para 2019, sujeto a una negociación ardua con los mandatarios de las provincias peronistas, para definir su propio plan de gastos, dada la incertidumbre que persiste sobre el monto del ajuste que se impondrá. Así, espera presentar hacia fin de septiembre o comienzos de octubre su propio proyecto, que estará enmarcado en una opción de hierro: el déficit local será financiado, si es posible, con la emisión de deuda, pero si los mercados internacionales siguen cerrados para el país, será paliado con recortes adicionales en la obra pública.
El principal parámetro que se espera conocer es el monto del ajuste que la Nación le reclamará a la provincia de Buenos Aires en el marco del esfuerzo compartido que se pretende aplicar para cumplir con la promesa hecha al FMI de alcanzar un déficit fiscal primario (antes del pago de impuestos) del 1,3% del PBI para el año próximo.
En el Ministerio de Economía provincial anticipan, por lo pronto, que deberán asumir un rojo extra de $25.000 millones en concepto del traspaso de subsidios al transporte, los que corresponden a Edenor y Edesur y a la tarifa social de AySA. Este último ítem es el que menos preocupa, ya que representa solo unos $700 millones, y hay garantías de que el manejo de la empresa no va a ser transferido por ahora.
En la cartera que conduce Hernán Lacunza calculan que esos $25.000 millones suponen casi duplicar en términos nominales el déficit fiscal provincial de este año, que alcanzará los $30.000 millones.
Preocupan también los $7.700 millones que, se calcula, dejarán de ingresar debido a la cancelación del Fondo Solidario que coparticipaba parte de las retenciones al complejo sojero.
Cuando se habla de las cuentas públicas provinciales hay recordar el acuerdo de fines del año pasado por el que el gobierno de Mauricio Macri eliminó los topes que regían en el Fondo del Conurbano y le reconoció a la provincia ingresos adicionales por $40.000 millones este año y por 65.000 millones el próximo. Sin embargo, en La Plata aclaran que esos fondos no son netos y que esas cifras, en buena medida, surgen de una formalización de dinero que hasta entonces se giraba ad hoc.
En el balance general, estiman que el problema fiscal de la provincia no es tan grande, ya que el déficit representa solo el 0,5% del Producto provincial. La cuestión pasa, entonces, por la carga adicional que el distrito asumirá en el marco del actual ajuste nacional y por el modo de financiarlo.
La intención inicial es hacerlo a través de la emisión de deuda y los cálculos apuntan a que a Nación y, detrás de ella, las provincias y las empresas, podrán volver a los mercados internacionales. Sin embargo, si la actual crisis persiste, con niveles de riesgo país prohibitivos del orden de los 700 puntos básicos, eso será imposible y habrá que compensar a través de recortes directos del gasto.
Economistas estiman que la Argentina y las provincias podría volver a tomar deuda si el riesgo país (la tasa que se paga por encima de la de los Bonos del Tesoro estadounidense a diez años, referencia en la región) retrocede, al menos, hasta los 500 puntos básicos.
La estructura del Presupuesto provincial no deja mucho espacio para elegir dónde recortar gastos. El 50% son salarios, el 20% jubilaciones, el 12% coparticipación a municipios y el 7% obra pública. El restante 11% es gasto en bienes y servicios imprescindibles para el funcionamiento del Estado e intereses de deuda.
En el gobierno de Vidal recuerdan el anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el sentido de que la Nación va a recortar $30.000 millones en concepto de inversión en infraestructura y toman nota, aunque aseguran que la información no fue comunicada oficialmente, de las versiones de que $7.500 millones será el recorte que le corresponderá a Buenos Aires. Ante eso, repiten el cálculo: se compensará con deuda y, si no es posible, con menos obra pública.
El peligro, claro, pasa por el impacto económico y laboral de reducir la inversión en infraestructura en un año electoral como 2019. Pero allí se relativiza la cuestión, ya que, sostienen, a valor nominal ese ítem pasó de $5.000 millones en la gestión de Daniel Scioli a $40.000 millones con Vidal. Si a eso se suman obras nacionales por otros $15.000 millones, el total casi decuplica lo que se venía haciendo. En tal contexto, sostienen, pasar de una inversión deseada de $55.000 millones a una posible de $47.500 millones (una reducción de menos del 14%) no resulta algo políticamente peligroso.
