El kirchnerismo porteño motoriza un proyecto de ley para que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, impida que el Estado porteño contrate a empresas privadas vinculadas al escándalo de los cuadernos de las coimas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En rigor, el expediente busca que las compañías que confesaron haber pagado coimas para obtener contratos de obra pública no puedan ganar licitaciones en la Ciudad. El expediente es un arma de doble filo para el kirchnerismo: la causa se inició porque el ex chofer de Roberto Baratta, funcionario kirchnerista y números dos de Julio De Vido en el entonces Ministerio de Planificación, blanqueó una red de coimas entre ex funcionarios y empresarios. Si el tema se instala y escala durante la sesión, el oficialismo larretista responderá.
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La ruta de las coimas en la obra pública kirchnerista salió a la luz por una nota del diario La Nación, que se sirvió de las anotaciones personales del chofer Oscar Centeno. En los cuadernos aparecieron una cantidad de nombres de ex funcionarios y empresarios que, aprisionados por la Justicia y la opinión pública, empezaron a desfilar por los tribunales de Comodoro Py para declarar como arrepentidos.
El texto del kirchnerismo porteño fue diseñado por el legislador Leandro Santoro y tiene el respaldo del resto del bloque Unidad Ciudadana, que preside el ex ministro Carlos Tomada. El proyecto busca que las “personas físicas, empresas y sociedades” que se sometan al régimen de imputado colaborador (arrepentido) o confiesan algún tipo de delito no puedan participar de licitaciones de obra pública, concesionar servicios públicos o ser proveedores del Estado.
“Es insólito que los empresarios que reconocen haber pagado coimas no sólo estén libres sino que además sigan haciendo negocios, como Roggio, que se asocia con Siemens para retener la concesión del Subte porteño”, subrayó Santoro.
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En las detalladas anotaciones sobre entregas de dinero y obra pública durante los gobiernos kirchneristas, Centeno escribió que en 2008 su empleador, el ex funcionario Roberto Baratta, se reunió con Aldo Roggio, CEO del holding que lleva el apellido de su abuelo. Tras el allanamiento en la sede del grupo de la Avenida Alem, Roggio nieto pidió declarar como arrepentido en la causa que lleva Bonadio e investigan los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.
Como informó Letra P, la vinculación de Roggio con la causa de los cuadernos K no golpea su aspiración por mantener el control del subte, que opera desde 1994 con la firma Metrovías. Lo mismo sucede con el CEO de Corporación América, Eduardo Eurnekian, que también se anotó en la licitación.
El oficialismo porteño plantea que no retirará ni modificará contratos hasta tanto se aclare la situación judicial. “No hay bolilla negra para nadie”, explicaron a Letra P en el Gobierno porteño sobre la situación de Roggio y Eurnekian, que junto a una firma francesa, pelean por controlar el subterráneo.
“Resulta inadmisible desde el plano de la transparencia, desde el objetivo de combatir la corrupción y desde la esfera de la ética pública convalidar que los proveedores del Estado sigan siendo empresarios que asumen el pago de coimas”, concluye Santoro.