“No es sencillo pedir la remoción de un magistrado, ya que eso genera conmoción, pero aquí son flagrantes las irregularidades, pero eso, señor Presidente de Tribunal, pido la destitución del juez Luis Arias”. Con esa frase cerró su alegato el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, y pidió que sea destituido el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, el magistrado que más dolores de cabeza les generó a los últimos tres gobernadores y también a intendentes y funcionarios provinciales.
Arias es, sin dudas, el magistrado que más dolores de cabeza ocasionó a la administración de María Eugenia Vidal: dictaminó en contra de los tarifazos, consideró inconstitucional la municipalización de comedores escolares e hizo lugar a una serie de presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente, entre otras cuestiones que irritaron al actual oficialismo bonaerense.
Está acusado de 21 cargos, más de la mitad son por cuestiones administrativas. Los más polémicos, sus peleas con dos fiscales y dos jueces de Garantías de La Plata por intentar frenar desalojos en las localidad de Gorina y Abasto. También por su actuación en la investigación por la cifra de muertos tras la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata y la colaboración de la ciudadana, Soledad Escobar, durante el derrotero de la única causa que tiene sentencia firme y arribó a una cifra estimada de fallecidos por el aguacero que arrasó a la capital bonaerense.
Conte Grand, fiscal del juicio, acusó al juez Arias de: Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; Comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido; intervención activa en política; y “toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”, todas figuras contempladas en al artículo 21 de la ley de enjuiciamiento de magistrados (Ley 13661).
El fiscal consideró que el juez, con su accionar “pretendió crear otro sistema que, a su juicio, mejoraba la tutela de derechos” pero eso marcó un “flagrante desprecio al orden constitucional”.
En otro pasaje de su alegato, parafraseó a Jorge Luis Borges al sostener “nadie es la patria” como escribió en su Oda de 1966. La pelea de Arias con el fiscal Jorge Paolini en el marco de la investigación por la inundación de La Plata constituye un “desprecio flagrante a un fiscal de la Provincia, un desprecio brutal, imperdonable, al Ministerio Público”.
Al describir la pelea entre Arias y jueces de Garantías, Conte Grand consideró que el acusado “avasalló el ámbito de la jurisdicción de otros magistrados, violó la manda del juez natural”.
También recordó que Arias es inquirido en el fuero Penal de La Plata por “abuso de autoridad”, causa que está en manos del fiscal Marcelo Romero, quien aguarda el resultado del juicio político para poder avanzar con su investigación.
Según Conte Grand, Arias “no actuó acorde al sistema legal constitucionalmente establecido” ya que “quiso ser juez de jueces, asumiendo facultades que de magistrados de Alzada”, es decir, jueces de instancia superiores a la suya, como, por ejemplo, camaristas.
Por su parte, la defensa de Arias rechazó todos los cargos e insistió en la idea que es un juez que sufre persecución política por haber rechazado los tarifazos en provincia de Buenos Aires.
El jurado de enjuiciamiento está encabezado por el actual titular de la Suprema Corte bonaerense, Julio Pettiagini, junto a cinco legisladores y cinco abogados. Todos definirán si Arias seguirá como juez o será apartado de su cargo.
Los conjueces legisladores son el senador Roberto Costa (Cambiemos), una de las espadas de la gobernadora Vidal en la cámara alta y en el Consejo de la Magistratura bonaerense. El otro oficialista que integra el jurado es el diputado Walter Carusso, también integrante del Consejo de la Magistratura provincial.
La oposición estará representada por los diputados Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana).
Los representantes de los abogados son Fabián Ramón Gonzalez (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).
El juez fue suspendido en su cargo en noviembre pasado por unanimidad de los 10 integrantes del jurado.
De acuerdo con el procedimiento del jury, que deberá determinar si Arias es destituido, además de la suspensión en el cargo se le aplicó un embargo del 40 por ciento del salario.
Arias resaltó que no tiene “denuncias de personas particulares, ni de abogados” y recordó que “los abogados nos eligen el mejor juzgado del fuero durante cinco años consecutivos. No hay cuestiones patrimoniales, ni acusaciones de beneficiar a una parte en detrimento de otra. Nada de eso. Pretenden enjuiciarme por el contenido de las sentencias, todas favorables a sectores vulnerables”.
Durante su gestión al frente del juzgado, Arias tuvo momentos de extrema tensión con los entonces gobernadores Felipe Solá, Daniel Scioli y, como se dijo, con la actual mandataria Vidal. Los jefes de Estado provincial lo tildaron de “hacer política” con sus resoluciones tendientes a la ampliación de derechos o a la tutela de los sectores más vulnerables.
La lectura del veredicto será el próximo miércoles en el edificio Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires.
