Un fiscal de La Plata notificó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que no deberá evacuar los establecimientos escolares del Departamento Judicial de la capital provincial ante casos de amenazas de bomba, mientras él esté de turno, según se desprende de la resolución a la que accedió Letra P.
Los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada padecen desde comienzos del ciclo lectivo en curso una ola de amenazas de bombas en gran parte de las escuelas. Pese a los allanamientos en la casa de los bromistas detectados y las advertencias públicas de severas sanciones, nada parece ponerle coto a la situación.
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En la mayoría de las investigaciones abiertas, los analistas de voces concluyen que son adolescentes cuyo objetivo es suspender las clases “para no rendir exámenes o cumplir con entregas de trabajos prácticos u objetivos académicos”, detalló una de las fiscales de La Plata que más causas acumuló durante su turno.
Ante este cuadro de situación, el fiscal Álvaro Garganta, notificó al titular de la cartera educativa, Gabriel Sánchez Zinny, un nuevo protocolo de actuación ante llamados anónimos y evitar así la pérdida de más días de clase.
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El magistrado dispuso que ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad.
El fiscal en turno especificó que "para los casos de amenazas de explosivos en establecimientos escolares, de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional; la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar".
En otro pasaje de la resolución detalló que únicamente si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio.
Las amenazas de bombas a escuelas se cuentan de a cientos en lo que va de 2018. Por cada llamado se despliega un operativo cuyo valor oscila los $100 mil. Como solución al problema, el intendente radical de Berisso, Jorge Nedela, propuso que el costo sea afrontado por los padres de los alumnos bromistas, luego de que se acredite judicialmente la autoría del llamado intimidatorio que generalmente, es a la línea de emergencias 911, donde queda registrado el número de abonado al que pertenece el teléfono utilizado para la amenaza.