La lupa sobre la ejecución de fondos para seguridad que giró la provincia de Buenos Aires a los municipios a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, y que se incluyó para el Presupuesto bonaerense del año 2016, se posó en la localidad de Luján, donde los concejales del Frente Renovador presentaron un pedido de informe para conocer el destino que le dio el intendente de ese distrito, Oscar Luciani, al dinero que percibió del Ejecutivo bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal.
En este sentido, el bloque massista elevó un pedido de informe al Ejecutivo local, al Tribunal de Cuentas y a la Bicameral de Seguridad en la Legislatura bonaerense para que detallen cómo fue la ejecución de los 27 millones de pesos que transfirió la Provincia para que el municipio coloque 120 cámaras de video-vigilancia, construya un moderno Centro de Monitoreo, adquiera nuevos equipos de comunicación para las fuerzas policiales e implemente el botón anti-pánico, entre otras medidas anunciadas que habían sido anunciadas por el gobierno del intendente Luciani. Los concejales sospechan que Luciani no gastó el dinero en su totalidad y a cambio abrió un plazo fijo para generar intereses.
“Es de público conocimiento que, en lugar de haberse acelerado los procesos licitatorios para invertir los 27 millones de pesos en las medidas que tuvieran como objeto combatir la inseguridad, gran parte de esos recursos fueron destinados a la suscripción de Fondos Comunes de Inversión y Plazos Fijos que -al cierre del ejercicio 2017- habrían devengado intereses por casi 3 millones de pesos”, detalla el proyecto presentado por Federico Guibaud, Silvia Scarzo y Gabriel Jurina.
De los anuncios realizados por Luciani sobre qué se iba a hacer con el dinero, no se construyó el Centro de Monitoreo (que tuvo varias licitaciones fallidas), ni se compraron los equipos de comunicación encriptados, ni la implementación del botón anti-pánico, detalla el pedido de informe.
No es la primera vez que desde cuerpos legislativos buscan conocer el gasto y la ejecución de intendentes en lo que respecta al Fondo de Seguridad. Este año, había sido el diputado por Cambiemos, Matías Ranzini, quién había presentado un pedido de informe de similares características pero destinado a saber la ejecución de estos fondos que había realizado la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
Aquella presentación se había dado en un contexto de difícil convivencia política entre el municipio del conurbano y el Ejecutivo bonaerense. Fue cuando habían asesinado al chofer de la línea 620 Leandro Alcaraz.
