La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consiguió este lunes el respaldo de otro intendente peronista en su cruzada para rechazar el traspaso de las empresas de servicios AySA, Edenor y Edesur -que operan en el territorio del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma pero que son subvencionadas por fondos nacionales- tal como le piden gobernadores opositores al presidente Mauricio Macri para bajar el déficit.
Tanto Vidal como el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, buscan frenar el traspaso de las empresas y provincializar los servicios. Lo que más impacta es la cantidad de fondos que deberán resignar los dos gobiernos más importantes, en términos políticos, de Cambiemos y el impacto que significará en un año electoral. Se estima que la provincia de
Buenos Aires tendría que desembolsar alrededor de 40 mil millones de pesos entre las tres prestatarias.
En este contexto, Vidal mandó al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, a sumar aliados para rechazar el traspaso. En una gira que viene haciendo por todo el territorio bonaerense, Mosca consiguió el apoyo de los intendentes peronistas Hugo Corvatta (Saavedra) y Néstor Álvarez (Guaminí). Este lunes se plegó el randazzista Marcos Fernández, de Monte Hermoso.
“De acuerdo a lo que dialogamos con el presidente de la Cámara de Diputados, entendemos que siempre priorizamos los objetivos de la provincia y en la medida que esos objetivos estén en consideración directa hacia los municipios de la provincia de Buenos Aires y sea favorable los vamos a acompañar”, expresó el intendente de Monte Hermoso tras la visita de Mosca.
El traspaso es una de las prendas de negociación que tienen los gobernadores en el Congreso. Los mandatarios, sobre todo de la oposición peronista, dicen estar dispuestos a acompañar al Gobierno en su plan de bajar del déficit que se traduciría en el Presupuesto 2019. A cambio, le muestran a Macri, cuánto se ahorraría si la provincia de Buenos Aires y la Ciudad asumen el sostenimiento de las empresas de servicio.
Ordenado por el gobernador de cordobés, Juan Carlos Schiaretti, el bloque Córdoba Federal, impulsó un proyecto de ley para avanzar con el traspaso. La iniciativa, establece que tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad se harán cargo del paquete accionario de las empresas como así también de la potestad “de fijar las tarifas de los servicios públicos”.
Asimismo, se aclara que no será necesario “transferencias de recurso alguno del Tesoro Nacional a las jurisdicciones respectivas”.
