Qué cambia con la "Ley Corta" de telecomunicaciones

Haciendo eco de las demandas de distintos actores -fundamentalmente de los sectores cooperativo y pyme- que analizamos en una nota anterior, el texto que obtuvo media sanción aplaza la fecha en que las telefónicas podrán ofrecer servicios satelitales de TV de enero de 2019 -como planteaba el proyecto del Ejecutivo y figuraba en la resolución 5641/2017 de ENACOM- hasta el 1 de julio de 2020 tanto en las ciudades ya habilitadas por el decreto 1340/2016 (Buenos Aires, Córdoba y Rosario), así como en aquellas donde no haya otro prestador de servicio de TV paga. En tanto, a partir de 2022, la oferta estará habilitada en localidades con 100 mil habitantes (en vez de 80 mil como preveía el proyecto inicial). En el resto de las localidades, las “telcos” podrán brindar TV satelital a partir del 1 de enero de 2021.

twitter_tweet

Sin embargo, como señaló Fernando Krakowiak, lejos de ser un problema para las telefónicas, esta dilación ya había sido consensuada en una reunión que mantuvieron los grandes operadores con el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra. El impacto en el costo de los equipos por la sostenida suba del dólar habría desincentivado el interés de competir a través de la prestación de TV satelital. 

En relación a la compartición de infraestructura, el proyecto establece que los licenciatarios de servicios TIC y prestadores de servicios públicos deberán “facilitar” el acceso a su infraestructura pasiva, siempre que sea “técnicamente factible”. Además se indica que las condiciones del uso compartido surgen de un acuerdo entre privados que debe ser homologado y publicado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que arbitrará las disputas entre las partes en caso de ser necesario.

De aprobarse el proyecto, esta medida representa un nuevo incentivo para las telefónicas. Previamente, el decreto 1340/2016 estableció que quienes invirtieran en redes de última milla quedan exentos de tener que abrirlas a terceros. De este modo, si avanza la Ley Corta podrán usar la infraestructura de terceros sin demasiadas contraprestaciones y mantener la exclusividad de uso de las redes con las que lleguen al hogar del cliente.

Otro de los puntos claves de lo que se aprobó en el Senado tiene que ver con los 130 Mhz de espectro que estaban reservados en forma preferencial para ARSAT por la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital de 2015, sancionada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo con el proyecto aprobado, dicho espectro quedará en manos del sector privado, pero se estableció que al menos un 20% sea asignado para los operadores locales y regionales. En este sentido, se incorporó una cláusula transitoria que fija un plazo de 180 días para que el Enacom lo haga.

La resistencia

A pesar de la importante mayoría con la que se aprobó el proyecto, la sesión no estuvo exenta de debate.

El principal defensor de la iniciativa fue Federico Pinedo (PRO) quien sostuvo que "el primer aspecto de este proyecto es ser antimonopólico y el segundo es satisfacer la necesidad social urgente de poder tener conectividad en todos los rincones de la Argentina para acceder a la banda ancha”. Concluyó que "es el esfuerzo que tenemos que hacer para estar a la altura del Siglo XXI”.

En la vereda opuesta se ubicó Pino Solanas quien, ya en ocasión de los debates en la Comisión de Medios había emitido un dictamen de minoría junto con otros senadores. Allí había señalado que “el proyecto analizado no satisface las expectativas y necesidad mínimas de la sociedad argentina respecto del funcionamiento de las empresas de comunicación, y en especial en relación a la comunicación audiovisual y las TIC… Este proyecto tiene nombre y apellido y un propósito central: confiscar el esfuerzo y patrimonio de las pequeñas empresas de televisión de cable del interior del país…Un gran beneficio a los poderosos a costa del esfuerzo y patrimonio de los pequeños”.

twitter_tweet

En la votación del pleno, Solanas manifestó de nuevo enérgicamente su rechazo: "Voy a rechazar esta pequeña, mezquina y embustera ley corta”. Además exigió que “la Cámara se expidiera y pusiera fecha a la discusión de una ley grande”.

Por su parte, si bien el senador chubutense Alfredo Luenzo dio su apoyo a la iniciativa, también reclamó la discusión de “la Ley larga”.

En tanto la senadora pampeana Norma Durango y la puntana Catalfamo apuntaron a las limitaciones del proyecto. “Quiero expresar mi disconformidad con esto de tomar este tema por retazos y no a partir de una ley global”, disparó Durango. Mientras que Catalfamo calificó al proyecto como “ley de negocios” y lamentó “que no hayamos aprovechado esta oportunidad para discutir una ley global sobre telecomunicaciones …si bien esta ley pone el foco en la infraestructura no podemos perder de vista el eje de los contenidos”.

El debate de una normativa integral en reemplazo de la las leyes audiovisual y de telecomunicaciones es una deuda pendiente desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri y un compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).