Mariano Bruera, hermano de Pablo (ex intendente de La Plata), se cansó de esperar el juicio con prisión preventiva. Estuvo cara a cara con los jueces del tribunal que tendrán a cargo el juicio oral del caso conocido como “coimas del Procrear” a los que le solicitó el fin de la preventiva y esperar del inicio del juicio en libertad, en su esbozo principal. La fiscal se opuso a todo, salvo que acredite sus planteos con la documentación correspondiente.
El acusado está con arresto domiciliario. Su abogado, Alejandro Montone, abogó por el fin de la prisión preventiva y esperar el juicio oral en absoluta libertad. Como pedido secundario solicitó salidas laborales para volver a su puesto de trabajo en el Estado bonaerense y atender en un consultorio. Bruera es médico clínico y su lugar de trabajo en el Estado es en la Torre 1, ubicada en calle 12 entre 50 y 51, frente al edificio municipal que albergó durante ocho años al bruerismo.
Además solicitó permiso para viajar una vez al mes a la localidad bonaerense de Bragado, donde vive su padre que cursa una grave enfermedad. Detalló que se hospedaría en un hotel de la zona.
Montone planteó la excarcelación por inexistencia de peligros procesales. Señaló la conducta de estar a derecho de su defendido. Además utilizó el cambio de gobierno a otro signo político para robustecer sus argumentos y dejar de lado la “doctrina Irurzun” que marca como peligro procesal las relaciones de poder e influencia generados por años de manejo de la cosa pública.
La defensa también resaltó que por no tener Bruera antecedentes penales, de condenárselo por el mínimo de la asociación ilícita (3 años) ya le correspondería libertad condicional habida cuenta del tiempo que lleva con prisión preventiva y descartó cualquier intento de fuga.
Luego subsidiariamente planteó un régimen amplio de salidas laborales y una visita mensual de dos días a su padre enfermo en Bragado.
Bruera tomó la palabra en la audiencia y, desde su condición de médico, explicó la enfermedad de su padre y las características de su trabajo como médico.
La fiscal de juicio, Victoria Huergo, se opuso al cese de la prisión preventiva, pero aclaró que si Bruera acompaña pruebas documentales que avalen sus dichos, analizaría de nuevo el caso, en particular los viajes mensuales y las salidas laborales.
Para la acusadora existen peligros procesales y recordó que todos los argumentos de la defensa ya fueron rechazados por el juez de Garantías, Pablo Raele, y la Cámara de Apelaciones y Garantías. En cuanto a la flexibilización del arresto domiciliario y ampliarlo con salidas laborales, Huergo fue tajante al sostener que tal como fue planteado “debe rechazarse porque desnaturaliza un instituto de excepción. A todo evento, de acreditar la subsistencia del trabajo en el Estado y que se trata del único sustento familiar con hijos menores, podría realizarse una revisión de la negativa”, detallaron voceros del caso.
Los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal II de La Plata (donde está radicado el expediente) realizaron preguntas al acusado para conocer aspectos de su vida personal y familiar, antes de finalizar la audiencia, confirmaron fuentes del caso.
Junto a Bruera están procesados el arquitecto Gustavo Petró y Enrique Sette, exsecretario de Planeamiento Urbano. Todos están con arresto domiciliario. En tanto el arquitecto Raúl Moratti, falleció el pasado 22 de mayo de un infarto.
La causa se inició por la denuncia del abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Procrear.
Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
Todos los acusados están sospechados de integrar una asociación ilícita destinada a entregar beneficios del ex gobierno municipal a cambio de dinero.
