Un grupo de organizaciones sociales, inquilinos y cámaras inmobiliarias y de propietarios elaboraron una serie de puntos para que alquilar sea “más fácil y seguro” en la Ciudad de Buenos Aires y se lo presentaron al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
A menos de un año de la aprobación de la conocida como “ley de alquileres”, hubo consenso entre las partes para elaborar un petitorio para que el Gobierno porteño tome nota y, posiblemente, traba en proyectos de ley para dar lugar a esos reclamos. Entre otros aspectos, se solicitó gratuidad de trámites a la hora de alquilar y la creación de nuevos créditos para refaccionar viviendas.
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La catarata de propuestas salió de la Mesa de Diálogo sobre alquileres de vivienda, compuesta por diferentes y coordinada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), conducido por Juan Ignacio Maquieyra. Las propuestas se consensuaron entre representantes de Inquilinos Agrupados, la Cámara Inmobiliaria Argentina, de la Cámara de Propietarios Argentina, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del Ministerio Público de Defensa y de agrupaciones como Hábitat para la Humanidad Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También, participaron legisladores de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, el Centro de Investigación en Finanzas, el Colegio Profesional Inmobiliario y la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios.
Esta Mesa definió cuatro principales problemáticas a la hora de alquilar en la Ciudad: “las barreras de acceso al alquiler, las dificultades para permanecer en un departamento a lo largo de todo un contrato, la escasa oferta de viviendas para alquilar y la falta de controles”.
Las propuestas fueron presentadas este lunes en un mano a mano con Rodríguez Larreta en Bolívar 1. El alcalde estuvo acompañado por Maquieyra y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, ambos de confianza del mandamás porteño.
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“Seguimos trabajando para mejorar el sistema de alquileres y bajar las barreras de acceso, así como incentivar a los propietarios que tienen sus viviendas para que ingresen al mercado de los alquileres. También queremos dar mayor seguridad para inquilinos y propietarios y sumar nuevas alternativas a las garantías inmobiliarias”, sostuvo Maquieyra.
PROPUESTAS. La Mesa de Diálogo reclamó certificaciones gratuitas y que el Gobierno designe a funcionarios de las comunas para realizar este trámite de manera gratuita. También, se requirió que el Registro de la Propiedad Inmueble no cobre los informes a los potenciales locatarios de inmuebles con destino de vivienda.
Además, se propuso que se cree una normativa para que en toda publicación de oferta de alquiler el corredor deba publicitar explícitamente dos o más tipos de garantías, para lo cual deberán informar al propietario de los distintos sistemas de garantías que existan y sus efectos.
Se propone crear un fondo entre el Estado y el sector privado para otorgar e incentivar otro tipo de garantías, como la garantía personal (recibo de sueldo), el seguro de caución, la garantía bancaria, la fianza o la garantía inmobiliaria. Al mismo tiempo, la Mesa coincidió en que el Gobierno realice campaña pública para difundir derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios.
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Se pedirá que el Gobierno lance créditos a la refacción de viviendas. Se trataría de créditos condicionados a la refacción de viviendas para poner en alquiler a familias acreditadas en un registro público a cargo del IVC y con acompañamiento y aval social de un programa de alquileres.
Al mismo tiempo, la Mesa consideró oportuno que se desarrolle un “contrato modelo de alquiler” para todos los contratos de locación destinados a vivienda que se suscriban en la Ciudad de Buenos Aires y ofrecerlo en las comunas y en la página web del IVC.
Además, se considerará “estudiar” la situación actual de las viviendas ociosas en la Ciudad para delinear programas o propuestas con el objetivo de incorporar esas viviendas al mercado inmobiliario para ser utilizadas como viviendas pasibles de ser habitadas.
Por último, se propuso incrementar las mediaciones en las comunas y la Defensoría del Pueblo, así como el asesoramiento gratuito para resolver conflictos entre los inquilinos y los propietarios.