Llamó la atención la foto. Juan José Aranguren, ministro de Energía, en el lugar central de la mesa de negociación con las petroleras. La oficina, con luz tenue y ventanas abiertas, como en modo ahorro energético. A los lados del funcionario, Teófilo Lacroze, CEO de Shell; Miguel Ángel Gutiérrez, de YPF, y Marcos Bulgheroni, de Bridas y PAE. En ese escenario le pusieron la firma a un acuerdo paradójico: el congelamiento por dos meses de los precios de los combustibles, un hito de control a lo Guillermo Moreno, una interrupción política de oportunidad en el sistema de liberalización de los valores que el propio Aranguren puso en marcha en septiembre de 2017. La idea del Gobierno de Mauricio Macri, expresada a las compañías, fue lograr apoyo de un sector sensible y clave en la formación de precios de la economía, justo en el momento más caliente de la crisis inflacionaria y financiera. Sintéticamente, la Nación busca correr los aumentos de naftas para después de julio, con la expectativa de que la inflación sea para ese entonces inferior a la actual y haya mayor aceptación social a una suba que hoy sería un problema serio y de imagen para el oficialismo.
“Frente a los aumentos del precio internacional de petróleo crudo y las variaciones en el valor del dólar estadounidense, y con el fin de amortiguar los efectos de dichos aumentos en el precio local de los combustibles y contribuir a la estabilización en el corto plazo de los precios de la economía, el Poder Ejecutivo Nacional” firmó “un acuerdo de estabilidad de precios, por el que las citadas empresas aceptan mantener los precios actualmente vigentes de los combustibles, antes de impuestos, durante los meses de mayo y junio de 2018, y compensar las diferencias resultantes de las variaciones de costos acumuladas en dicho período durante un periodo de seis meses a partir del 1 de julio de 2018”, destacó la cartera por medio de un comunicado. Y concluyó que “la firma del acuerdo, como medida de excepción, permitirá mitigar el efecto de las variaciones de costos mencionadas, propiciar una adecuación más paulatina de los precios locales de los combustibles y atenuar la incidencia de tales variaciones en los precios de la economía, en favor del interés económico general”.
La letra chica del convenio, según contaron a Letra P fuentes del encuentro, les permite a las empresas recuperar desde julio y hasta fin de año todo lo que no se aumentó en los dos meses de congelamiento, más un plus por costos de ese período. Técnicamente, desde el 1 de julio, el Gobierno habilita aumentar 12%, más los costos extra por subas del crudo internacional y la dinámica del tipo de cambio. Todo eso se aplicará en seis veces consecutivas desde julio a diciembre.
El acuerdo surgió como una especie de consenso en el que el Gobierno había pedido frizar valores hasta fin de año, a lo que el sector se negó y elevó una contrapropuesta de compensación que derivó en este plazo de subas en seis meses. Vale decir que, en la jornada, entre los petroleros hubo malestar por la falta de señales claras con los precios. Alguno hasta se animó a aseverar que “no puede haber vaivenes entre un mercado libre y los controles”. De todos modos, la mayoría entendió que era un pedido del Gobierno atendible, una especie de devolución de gentilezas luego de las actualizaciones que son casi constantes, incluso más allá del marco crítico de la situación.
Para el Gobierno, en tanto, es una jugada de riesgo desde lo político: le pone presión para lograr domar la inflación en estos dos meses para no comprometer aún más una pauta inflacionaria que ya se calcula en siete puntos por encima del 15% anhelado por el oficialismo.
